La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, pidió a las autoridades nacionales y territoriales tomar medidas de prevención, monitoreo, alistamiento y atención al incremento de las lluvias por el Fenómeno de la Niña y a la temporada de huracanes, especialmente en el Caribe y en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

A través de la Directiva dirigida a gobernadores, alcaldes, empresas de servicios públicos domiciliarios, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Interior, Agricultura y Desarrollo Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio; al Ejército y la Policía Nacional, la jefe del Ministerio Público urgió a implementar acciones “de prevención, atención y recuperación de desastres, manejo de emergencias y reducción de riesgos”.    

La Procuradora mostró su preocupación ante las alertas emitidas por el Ideam sobre las probabilidades de que aumenten los niveles de los ríos Magdalena, Cauca, Atrato, Baudó y San Juan, y los deslizamientos de tierra en Chocó, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila, Tolima, Santander, Córdoba, Meta, Casanare y Putumayo.    

Recordó que el Ideam también solicitó prestar atención al desarrollo de las ondas tropicales, y al incremento de la altura de las olas y los fuertes vientos propios de la región Caribe y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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De esta forma, la Procuradora exhortó a las entidades públicas y privadas a actualizar, socializar y activar los planes territoriales para la gestión del riesgo de desastres; revisar y activar (en caso de ser necesario) los planes de contingencia y atención a los fenómenos climáticos y, a su vez, asegurar los recursos necesarios para los posibles daños generados; garantizar la operatividad y financiación de los cuerpos de socorro en los municipios, y atender las alertas generadas por el Ideam.  

En el mismo sentido hizo un llamado a tomar medidas para conservar y restaurar ecosistemas estratégicos como los manglares y ciénagas; reforzar la vigilancia en áreas inestables y de alta vulnerabilidad frente a los fuertes vientos, lluvias o inundaciones, e identificar los sitios que puedan ser acondicionados como refugios y los equipamientos requeridos para su puesta en funcionamiento, entre otros.   

Finalmente, requirió a las empresas de servicios públicos diseñar e implementar las medidas de reducción de riesgo y los planes de emergencia y contingencia, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios de manera continua e ininterrumpida.