PISANDO suave pero firme. Así está Aileen Cannon, la jueza a cargo del juicio penal federal al expresidente Donald Trump, porque es consciente de que su imparcialidad está bajo la tan gigantesca como poderosa lupa política en Estados Unidos.

Nacida en Cali (Colombia), con 14 años de ejercicio como abogada, los últimos dos y medio fungiendo como juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida, cargo al que llegó por nominación del entonces mandatario Donald Trump, es hoy quien tiene a su cargo el proceso contra el mismo por el presunto mal manejo y gestión de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca.

De origen hispano, no sólo por su lugar de nacimiento sino porque su madre es una exiliada cubana, -su padre es norteamericano- es una férrea conservadora que, a sus 41 años y sin buscarlo, tiene sobre sí los ojos tanto de republicanos como demócratas e independientes por el reto que enfrenta: juzgar al expresidente republicano que hace dos años que la designó en su actual cargo.

Y aunque el veredicto ella no lo decide, sino el jurado que se defina para el juicio, su actuación es influyente y decisiva en el proceso.

En ese orden de ideas y en cumplimiento de sus deberes de juez, Cannon ya tomó la primera decisión en el controvertido juicio por los documentos de gobierno que el exmandatario guardó en su residencia de Mar-a-Lago. Así, emitió resoluciones instruyendo a los abogados, tanto de Trump como del otro investigado, su colaborador Walt Nauta, para que soliciten al Departamento de Justicia las autorizaciones de seguridad, requerimiento para tener acceso a los documentos clasificados.

El equipo de defensa está incompleto por la salida de algunos de ellos días antes de la imputación de los cargos federales a Trump, razón por la cual no sólo instó al mismo a agilizar el mencionado trámite, que aplicará –como dejó explícito- a cualquier ‘’próximo miembro’ de ese grupo.

Así mismo les fijo el plazo del próximo martes (20 de junio) para que le notifiquen por escrito el cumplimiento de dichas instrucciones.

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Las autorizaciones de seguridad son un primer paso e insalvable para que el buró de abogados tengan pleno conocimiento de la cantidad, calidad y alcance de los documentos clasificados que fueron incautados por el FBI en el allanamiento que realizó en la residencia del expresidente.

Una hoja informativa de la Oficina Administrativa de los Tribunales de Estados Unidos señala que el Grupo de Seguridad en Litigios del Departamento de Justicia concede dichas habilitaciones para que los abogados participantes en el juicio puedan conocer la información clasificada como clasificada o secreta.

Si los abogados no disponen de las habilitaciones de seguridad requeridas, as, el Grupo de Seguridad en Litigios "puede iniciar la correspondiente investigación de antecedentes con el FBI para determinar si el abogado puede ser habilitado para acceder a información clasificada".

Según publicación del diario El País, “para presentar su caso, es probable que el gobierno tenga que compartir aspectos clave de esos documentos con Trump y su equipo legal. Algunos también pueden ser desclasificados y revelados públicamente como parte de la acusación, aunque el Departamento de Justicia no ha señalado ninguna intención inmediata de hacerlo”.

El mismo diario confirmó el viernes que dos miembros del equipo de defensa de Trump, Todd Blanche y Chris Kise, se contactaron con el Departamento de Justicia para obtener las mencionadas autorizaciones.

Expertos destacaron que la orden de la juez Cannon agrega una presión más para el expresidente, que está en la obligación de integrar a su equipo un abogado colegiado en Florida, como lo exige la ley del estado.

 

Pendientes de su gestión

Como señalamos, la juez nacida en Cali no sólo supervisará el juicio federal al expresidente, sino que tendrá gran influencia en el procedimiento, con fecha aún sin definir. El inicio del mismo dependerá, en gran parte, de la eficiencia con la que Cannon gestione su agenda.

En medio de la campaña por la nominación republicana, en la que Trump es favorito, la creciente percepción de que el juicio en su contra tiene motivación política, que es la intención demócrata de impedir su candidatura y con el riesgo de que, en el escenario del 2024, enfrentándose en las urnas al candidato-presidente Joe Biden, el republicano vuelva a ser el inquilino de la Casa Blanca, este juicio ha generado desde indignación y polémica hasta gran expectación.

"Juzgar a alguien que te dio tu trabajo sería difícil para todos", dice Wendy Schiller, profesora de política pública en la Universidad de Brown, al tiempo que agrega que cuando el imputado argumenta con insistencia que es víctima de una ‘cacería de brujas, "eso le indica al juez que está bajo constante vigilancia".

¿Será capaz Aileen Cannon de resistir estas presiones? Esa es la pregunta que ronda en el ambiente y, obviamente, quienes quieren ver condenado a Trump lo dudan, con diversos argumentos, mientras que los que consideran que debe ser absuelto no sólo confían en la imparcialidad de la juez, sino que esperan que la justicia actúe prontamente, en el mismo sentido, contra Biden, a quien también se le encontraron cientos de papeles clasificados en varias de sus oficinas y residencias, que datan de su labor como vicepresidente de Obama.

Los antitrumpistas argumentan que Cannon tiene poca experiencia como magistrada, ya que asumió su actual cargo vitalicio hace menos de tres años, luego de que el Senado la confirmara con 56 votos a favor, doce de ellos de parlamentarios demócratas, considerando su excelencia académica y buena gestión en cargos anteriores.

Desde entonces ha tenido a cargo cuatro juicios penales que por no tener la trascendencia y complejidad del actual se surtieron en pocos días.

Vale recordar que Cannon obtuvo su licenciatura en la Universidad de Duke en 2003 y su doctorado en derecho, magna cum laude, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan en 2007. Durante sus estudios de derecho, fue incluida en la Orden de la Cofia, que es la sociedad de honor para los graduados de la facultad de derecho de los Estados Unidos.

Tras ello se desempeñó un año como asistente del juez Steven Colloton en el Tribunal de Apelaciones del 8avo. Circuito de los Estados Unidos, del 2009 al 2012 como abogado asociado de Gibson Dunn & Crutcher, LLP y luego, hasta 2020, como Fiscal Federal Auxiliar de la Oficina para el Distrito Sur de Florida.

Thomas Holbrook, profesor de Ciencias Políticas en Wisconsin, dice que otra de las dudas que se generan sobre la imparcialidad de la jueza es que “es muy conservadora”.

Cannon es miembro de la Federalist Society, una organización muy destacada en los círculos legales que cuenta con el beneplácito de los republicanos electos y defiende una lectura literal de la Constitución.

Pero, sobre todo, recuerda Holbrook, porque ha mostrado una gran deferencia hacia Trump.

Después de que el FBI registró su mansión Mar-a-Lago, en Florida, en agosto de 2022, el expresidente emprendió acciones legales para evitar que los fiscales utilizaran los documentos incautados.

La jueza había heredado el caso y estuvo de acuerdo con él, en parte, alegando "circunstancias extraordinarias" relacionadas a "su antiguo cargo como presidente de Estados Unidos".

Luego fue desautorizada por tres jueces de su tribunal en un tono inusualmente crítico: "Si bien es realmente extraordinario tener una orden de allanamiento para la casa de un expresidente, de ninguna manera debe afectar nuestro análisis legal", escribió.

 

Lo que definirá

Nada de esto importaría mucho si el juez solo tuviera un papel ceremonial, pero eso está lejos de ser así.

"Incluso en los casos de rutina, los jueces tienen una influencia importante ya veces decisiva en el procedimiento", señala Daniel Richman, profesor de Derecho en la Universidad de Columbia.

En concreto, Cannon decidirá en particular qué pruebas materiales se pueden presentar a los miembros del jurado. También fijará el cronograma de las audiencias preliminares y del juicio, que podría aplazarse hasta mucho después de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en las que Trump es candidato.

Según Richman, "incluso un juez experimentado le resultaría difícil presionar para que el juicio se celebrara antes de las elecciones".

Por último, supervisará la selección de los jurados, que deberá emitir un veredicto unánime.

Haga lo que haga, al final será vilipendiada, señala Holbrook.

"En cuanto se pronuncie en contra del expresidente, dejará de importar que él la nombrara y será considerada una traidora" por los candidatos del republicano, afirma. "A la inversa, si falla a favor de Trump, alimentará la idea de que el poder judicial es corrupto”.