“COMO PACIENTES, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que atienda nuestra solicitud de estado de cosas inconstitucionales, porque aquí se está jugando con el bienestar y la supervivencia de los colombianos”.

Así lo afirmó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, su preocupación sobre la decisión del gobierno de aumentar 5,36% lo que se reconoce en el sistema de salud por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un componente clave en el sector.

Precisamente, desde diversos sectores, el rechazo ante la decisión del Gobierno y del Ministerio de Salud, por el alza de la UPC, fue creciente.

En efecto, Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 199 asociaciones de pacientes a nivel nacional, hizo un llamado de alerta ante la crítica situación que vive la salud del país a causa de las decisiones que está tomando el Gobierno nacional con relación a los recursos. De múltiples formas y a través de amplias voces en el sector se hizo un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social para que la UPC tuviera un incremento mínimo del 16%, pero el aumento definido es de solo 5,36%, 10,6 puntos por debajo de lo necesario para garantizar la sostenibilidad del sector, el acceso a los servicios y medicamentos de los millones de personas y los salarios de los profesionales de la salud.

Ampliar brecha

Señala el gremio, que “ampliar la brecha entre lo que se necesita y lo que se decreta aumenta los graves riesgos para el sistema de salud colombiano y para la vida de millones de colombianos. En 2025, la UPC seguirá siendo insuficiente y el aumento del gasto de bolsillo será inminente para los pacientes y usuarios del sistema. Esto significa que, en medio de una crisis cada vez más profunda, los pacientes tendrán que comprar los medicamentos o pagar el total de los procedimientos a los que hoy acceden pagando solo una cuota moderadora”.

Indican que “llama la atención que, por primera vez en 30 años, no se hayan cumplido los plazos para definir el valor de la UPC, que históricamente se conocía antes del 31 de diciembre. Además, no se garantizó la participación social y ciudadana que se establece en el artículo 12 de la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, ya que no se permitió la presencia de los actores del sistema en cada fase del proceso de aplicación de la metodología e incluso, no se publicó la resolución para comentarios. Desde la sociedad civil, a través de las organizaciones de pacientes, se preguntó constantemente al ministerio qué EPS había entregado la información para el cálculo, sin obtener respuesta”.

Calidad de vida

El vocero de Pacientes, Denis Silva, sostuvo que “nos preocupa la indiferencia del Gobierno nacional ante esta decisión. Se están ignorando los derechos de la sociedad civil y se están incumpliendo normas que, en última instancia, complican el futuro de los pacientes en Colombia. Es importante ser conscientes de las acciones que en el presente pueden tener un impacto significativo en la vida de millones de personas que dependen de medicamentos y servicios de salud para mantener su calidad de vida. Una UPC suficiente, basada en los diferentes estudios existentes, podría haber mitigado muchos de los inconvenientes del sistema de salud”.

Consideran que “tras una definición tardía de la UPC, se imponen más barreras administrativas y económicas que obligan a los pacientes a suspender sus tratamientos y acrecientan los problemas laborales para la fuerza laboral sanitaria. Esta situación implicó un retraso en la transferencia de fondos a las EPS, lo que se tradujo en bloqueos de servicios y en un atentado directo contra la salud de los colombianos, generando efectos irreversibles en el sistema”.

Por último, sostienen que “la salud no da espera. En el punto en el que estamos, necesitamos acciones concretas. Se ha materializado nuestro gran temor nos condenaron a muerte. Con menores recursos en salud, más muertes”.

En riesgo la vida

Mientras tanto, la presidenta de Acemi, Ana María Vesga, entidad que agrupa a las principales EPS del régimen contributivo y subsidiado, expresó su rechazo a la decisión del Gobierno sobre el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025. En una publicación en su cuenta oficial de X, advirtió que esta medida pone en grave riesgo la salud y la vida de los pacientes en el país.

Según la dirigente, la decisión “carece de razón técnica” y es incoherente con el reciente aumento del salario mínimo, que incrementó en un 11%. Además, señaló que el cálculo de la UPC se realizó sin contar con información clave que debía ser suministrada por EPS bajo intervención estatal, lo que, según su declaración, compromete la validez del proceso.

“Simplemente no alcanzará el dinero para cubrir la atención de los colombianos”, afirmó la presidenta, advirtiendo que los recursos establecidos no serán suficientes para garantizar los servicios de salud durante el próximo año. Frente a esta situación, hizo un llamado urgente al gobierno para revisar el cálculo de la UPC, publicar el ejercicio técnico que respalde esta decisión y proceder a un reajuste que permita cubrir las necesidades del sistema.

Las autoridades

Esta declaración se suma a las críticas que han surgido desde diversos sectores de la salud frente al aumento del 5,36% de la UPC, que muchos consideran insuficiente para enfrentar el déficit financiero que afecta al sistema de salud colombiano.

A esta situación se suma que en septiembre pasado la Corte Constitucional rechazó a una solicitud que elevó el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Salas Figueroa, en la que pedía anular una medida cautelar que impartió el alto tribunal sobre la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La medida que pretendían tumbar fue la que adoptó la Corte en el mes de mayo, en la que ordenó la inaplicación de dos artículos de la resolución que emitió el Ministerio de Salud, en diciembre de 2023, fijando el valor de la UPC para el año 2024 en los regímenes subsidiado y contributivo.

La decisión de la Corte dejó sin aplicar los artículos 11 y 21 de la Resolución 2364 de 2023, en los que se establecía que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) debían destinar un 5% de la UPC para la operación de los equipos básicos de salud territorial.

Roce Bolívar-Forero

Un tira y afloja se presentó ante la postura de Gustavo Bolívar quien defendió la decisión del Gobierno, argumentando que las limitaciones presupuestarias actuales son resultado de la falta de herramientas fiscales que habrían sido proporcionadas por la Ley de Financiamiento.

Un anuncio de incremento en recursos básicos del sistema de salud desata críticas. Autoridades defienden la medida mientras cuestionan el papel del Congreso en el resultado financiero - crédito Prosperidad Social

En su mensaje, Bolívar también sugirió una posible solución a la problemática actual. “El presidente Gustavo Petro debería presentar una nueva Ley de Financiamiento. Creo que ya lo entendieron”, afirmó, dejando entrever que el Gobierno podría intentar nuevamente impulsar una reforma que permita fortalecer las finanzas públicas y, con ello, mejorar la asignación de recursos al sistema de salud.

A su turno y en cuenta de X, el representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, Andrés Forero, acusó al senador Gustavo Bolívar de difundir información falsa con el aumento de la UPC.

Forero señaló que, incluso si se hubiera aprobado la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno, ya existían planes para recortar programas sociales. Según el congresista, estos recortes se habrían realizado para priorizar lo que describió como “derroche burocrático y gastos innecesarios”.

En este contexto, Forero afirmó que el impacto de las decisiones gubernamentales no recae sobre las Empresas Prestadoras de Salud (EPS), muchas de las cuales están bajo administración del Gobierno.