Concluyó la tercera legislatura del Congreso en este cuatrienio, una de las más complicadas de las últimas décadas, cuyo desarrollo estuvo signado por la pandemia y el paro nacional.

Pandemia

Las dificultades por las que atraviesan las finanzas públicas para solventar el gasto social para atender la pandemia llevaron a que Congreso y Gobierno plantearan alternativas para conseguir recursos e, incluso, incrementarlos de cara al futuro inmediato.

Al respecto, el debate más álgido ha sido entre la prolongación del Ingreso Solidario y la creación de la Renta Básica, controversia que todavía no se logra zanjar, pero que con el paso del tiempo parece que las posiciones han empezado a aproximarse.

Gasto social

Y precisamente, uno de los sucesos clave de la legislatura fue el hundimiento del proyecto que aspiraba a recaudar $25 billones (cifra que se ha ido decantando después) para financiar y profundizar los programas sociales del Gobierno.

La iniciativa, presentada como una reforma tributaria, tuvo desde el principio detractores, incluso entre las fuerzas políticas afines al Gobierno, por lo que una a una las bancadas le fueron quitando su respaldo, hasta que el Gobierno debió retirarla.

El incidente implicó la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; su sucesor, José Manuel Restrepo, ha dicho que están muy avanzados los diálogos para presentar dentro de un mes un proyecto para recaudar $14 billones.

Paro

Como ya se dijo, la situación social colombiana no es nueva, solo que se vio agravada por la pandemia.

En noviembre de 2019 el Comité Nacional de Paro presentó un pliego petitorio que no fue atendido y desencadenó un primer estallido social; el mismo pliego, pero más concreto, fue expuesto en julio siguiente, sin que tampoco esta vez fuera atendido, desencadenando hace casi 50 días un estallido aún más violento.

No es mucho lo que ha podido hacer el Congreso, más allá de tratar de acercar a las partes, e impulsar algunas iniciativas que respondan a los puntos del pliego, que por cierto es una estrategia que anunció hace poco el Comité.

De otro lado, el paro en sí ha ocasionado un agravamiento de la situación, pues el rescate de la población más vulnerable, que se ha empobrecido por la pandemia, y los emprendimientos que han visto pérdidas en sus unidades productivas, ahora debe incluir a los afectados por los bloqueos y el vandalismo.

Censura

La violencia, el vandalismo, los bloqueos han ocasionado numerosas víctimas entre civiles y servidores públicos, conllevando la citación del ministro de Defensa, Diego Molano, a dos debates de moción de censura, de los que salió bien librado, tanto en Cámara como en Senado.

Molano y el Gobierno no superaron estos dos debates de moción de censura por un asunto de mecánica política. Todo lo contrario, fueron las tesis oficiales, en su calidad de voceros del Estado Social de Derecho, las que terminaron primando, frente a las expuestas por el bloque de oposición y el liberalismo.

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La representante por Antioquia, Margarita Restrepo, del Centro Democrático, aseguró que el respaldo al Ministro fue "arrasador" y que "la mayoría de los congresistas respaldamos el restablecimiento de la ley y el orden en las calles de Colombia".

"La decisión de la Cámara ratifica la confianza de los colombianos en nuestra Fuerza Pública. Seguiremos trabajando para garantizar una democracia segura para todos. Refrendo mi compromiso con ella como Ministro de Defensa", declaró Molano.

Uribe

Durante esta legislatura, el expresidente Álvaro Uribe renunció a la curul que venía ostentando en el Senado después de dos períodos consecutivos, en parte presionado por su familia que hace rato le insistía en salirse del Congreso, pero también argumentando falta de garantías en el proceso judicial que le adelantaba la Corte Suprema de Justicia por la supuesta compra de testigos.

Por supuesto, Uribe sigue desplegando su liderazgo natural en el sector de la centroderecha, especialmente de cara a las elecciones presidenciales del próximo año.

Urgencia

Ocho proyectos con mensaje de urgencia pusieron en evidencia un desgaste de la gobernabilidad, ya que solo cuatro pudieron llegar al final de su trámite: cadena perpetua, sobretasa a la gasolina, transición energética y Código Disciplinario.

Se supone que la figura expresa el interés del Ejecutivo por agilizar el trámite de iniciativas que considera importantes, de tal manera que se debatan dentro de los 30 días siguientes en sesiones conjuntas de las respectivas comisiones de Senado y Cámara.

Dos de las iniciativas estuvieron más de un año sin debatirse (la ratificación del Acuerdo de Escazú y la reforma a la salud), en tanto que como ya se dijo la reforma tributaria fue retirada.

El Acuerdo de Escazú está en peligro de hundirse, mientras que ya lo hizo la reforma a la salud.

El otro proyecto que está envolatado es el de la regulación del sector transporte.

Covid

Son numerosos los legisladores que se vieron afectados por el covid-19, pero resultó inesperado que la enfermedad cobrara la vida del senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, reconocido como un hombre reposado, de reflexiones profundas y un jurista de obligada consulta por parte de sus compañeros.

Durante más de dos décadas, Enríquez ocupó la curul en la Comisión Primera del Senado.

Aprobados

Al cierre de la legislatura son muchos los proyectos que lograron salvarse, destacándose algunos como el Estatuto Orgánico de Bogotá, el etiquetado frontal para los comestibles ultraprocesados (comida chatarra), la ampliación de la licencia de paternidad, la reducción de la jornada laboral semanal, la reforma estatutaria de la Administración de Justicia, el tratado entre Colombia y China sobre el traslado de personas condenadas, el cambio del orden de los apellidos, el uso de tapabocas inclusivos, licencia materna de diputadas y edilesas, el régimen especial para departamentos fronterizos, sustitución de vehículos de tracción animal, entre otros.

No se bajan el salario

Pero lo que tampoco se consiguió esta vez es que los congresistas lograran una fórmula para reducirse el sueldo, porque aunque se presentaron proyectos ninguno prosperó y por lo visto no prosperará.

Hay de todo en el menú, desde un impuesto del 10% o del 20% a todos los altos funcionarios del Estado, eliminación de los gastos de representación para quien trabaje en forma remota y reducción de 40 a 25 salarios mínimos.