Congreso, listo para depurar más de 10 mil normas obsoletas | El Nuevo Siglo
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Martes, 11 de Junio de 2019
Redacción Web

Se aprobó proyecto de ley 169 de 2018, con el que se adopta la figura de la depuración normativa, a través de la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigencia de 10.667 normas obsoletas, en plenaria de Cámara de Representantes. 

El gran beneficio de esta depuración es la simplificación del ordenamiento jurídico y la generación de seguridad jurídica en las relaciones del Estado y los particulares, posibilitando su cumplimiento y el rechazo hacia la cultura de la ilegalidad, lo que permitirá la construcción de un mejor escenario para el desarrollo económico.

En la lista de normas que se darán de baja 1.558 son sobre obras, contratos, adjudicaciones y transporte; 2165 sobre créditos, gastos y temas resupuestales; 603 sobre asuntos administrativos y organizacionales del Estado; 845 sobre comercio, agricultura, industria y ambiente; y 1.084 relacionadas con lo laboral y la seguridad social.

Así mismo, 120 son sobre educación y justicia; 1.460 sobre disposiciones y asuntos de técnica normativa; 1237 referentes a subsidios, auxilios y reconocimientos; 764 sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; y 120 relacionadas con impuestos, tarifas y temas financieros.

Para Juanita López Patrón, Viceministra de Promoción de la Justicia, la aprobación de esta Ley constituye un hito en la historia de la República, ya que racionaliza el sistema normativo del país.

“Ayuda a dar mayor claridad a las reglas aplicables para que sean conocidas no solo por la población y las autoridades, sino para que sean apropiadas y generen una cultura que fomente el rechazo generalizado hacia la ilegalidad y ayuden a construir de manera permanente una convivencia pacífica y sólida”, indicó la alta funcionaria.

Cabe anotar que el proyecto de ley de depuración normativa tuvo, además del Ministerio de Justicia y del Derecho, como coautores a los senadores Andrés García Zuccardi, Roosvelt Rodríguez, Eduardo Enríquez Maya, Miguel Ángel Pinto y Carlos Baena, y que se construyó con base en la metodología creada en conjunto con la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y de la mano de los 24 sectores de la Administración Pública Nacional.