Controversia por la posibilidad de que se exporte el material que no se pueda usar en Colombia

La eliminación del asbesto en el país sería discutida esta semana en su cuarto y definitivo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La aprobación de la iniciativa está contra el tiempo. Debe ser votada antes del próximo 20 de junio para convertirse en ley o de lo contrario se hundirá.

Esta semana se registró una controversia en relación con la posibilidad de que el proyecto deje la puerta abierta para la exportación del material. “Hay un interés de que, a pesar de que en el proyecto se prohíbe la comercialización de asbesto, se permita su exploración y explotación con fines de exportación”, afirmó el representante a la Cámara por Bogotá, Mauricio Toro, de la Alianza Verde.

En ese sentido, el parlamentario manifestó que cinco de sus colegas firmaron una ponencia para el debate que lo permite. “Tengo una diferencia con cinco de mis compañeros de la Comisión Séptima de Cámara. Por eso tuve que radicar una ponencia alternativa. En la mía se prohíbe por completo el uso, la explotación y la exportación de este material que está matando a los colombianos”, sostuvo.

Expresó que permitir la exportación genera “riesgos para las vidas de los mineros alrededor de las minas. Además, mandar un material cancerígeno a países como Tailandia, Sierra Leona, Sri Lanka y otros 30 más es un riesgo para la salud de todos. Una vida vale lo mismo en Colombia que en otro lugar. Esa es la diferencia que tenemos y que vamos a tener que discutir en la plenaria”.

Uno de los legisladores aludidos por Toro, Jairo Humberto Cristo, Representante por Norte de Santander, afirmó que el congresista de la Alianza Verde realiza “populismo legislativo”.

Dijo que se mantuvo la exportación porque no hay claridad sobre un concepto del Ministerio de Minas y Energía que señala que las minas de este material están permitidas hasta 2020. Señaló, además, que con esto están evitando que se presenten demandas al Estado. “Estamos cerrando las puertas para posibles demandas, evitando que al minero al que le quiten ese título demande el Estado, estamos protegiendo el bolsillo de los colombianos. Cuando el Estado paga una demanda lo hace con los recursos de todos los colombianos”, sostuvo.

Por unanimidad, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó hace tres semanas en tercer debate la iniciativa.

En la discusión en esta célula legislativa se aprobaron dos proposiciones. Una cambió la palabra prohibición por eliminación y la otra estipuló que la eliminación de este material se lleve a cabo a partir del 1 de enero de 2021, es decir dentro de un año y medio. La ponencia señalaba que el periodo de transición sería de cinco años a partir de la expedición de la ley. La senadora conservadora Nadia Blel, autora de la iniciativa, calificó esta decisión como una “gran victoria. El periodo para la eliminación se establece para el año 2021. En el proyecto inicial se había establecido un periodo de transición y con esta ponencia se reduce”.

Silvia Gómez, directora de Greenpeace Colombia, afirmó recientemente que de aprobarse el proyecto “se estarían evitando 540 muertes anuales causadas por la exposición a esta sustancia y la circulación de 251.000 toneladas de asbesto al año en el país. La salud de todos los colombianos debe ser un tema prioritario”.

En días recientes, en Boyacá y Bogotá se tomaron decisiones con el propósito de eliminar el material. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, firmó un decreto para prohibir su uso en obras públicas. Con la restricción se busca reducir en un 80% el uso de este material cancerígeno en construcciones con recursos públicos en el departamento. La Gobernación espera alcanzar el 100% cuando las alcaldías y demás entidades tomen la misma medida.

Mientras, la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, el domingo pasado, dio el sí a una iniciativa en el mismo sentido para la capital. Al proyecto de acuerdo le resta un debate en la plenaria de la corporación para ser aprobado. Una de sus impulsoras, la concejala María Fernanda Rojas, de la Alianza Verde, manifestó que se propone la eliminación “gradual y posteriormente definitiva de este material, hasta declarar a Bogotá libre de asbesto, en homenaje a la lucha de la reconocida activista Ana Cecilia Niño.

Adicionalmente, busca fomentar la utilización de materiales que no representen peligros para la salud en las obras de contratación pública”.