Impensable pero cierta. Así es la situación a la que enfrenta un juez británico que para dirimir una querella del Banco Central de Venezuela (BCV) contra el Banco de Inglaterra (BoE) para recuperar más de 30 toneladas de oro, valoradas en mil millones de dólares debe primero determinar quién es el representante legal de esa nación.

Con dos presidentes, uno con una cuestionada elección y al frente del régimen, Nicolás Maduro, y otro, Juan Guaidó, no solo autoproclamado como mandatario constitucional interino sino reconocido como tal por media centena de países, entre ellos Inglaterra, la justicia británica debe definir a cuál de ellos es el que tiene el poder para controlar los bienes del país en el extranjero para así determinar a quién que debe entregar el oro.

Este es el rompecabezas al que se enfrenta desde esta semana que concluye el juez Nigel Teare, del tribunal comercial de la Alta Corte de Londres. Su fallo, tan complicado como complejo, dejara en claro si el reconocimiento que se hizo a Juan Guaidó fue “meramente político”.

Y aunque no es una decisión política, tal como lo recordó el abogado de Guaidó, Andrew Fulton, al argumentar que "no es el papel (...) de la justicia inglesa interferir en los asuntos internos de un Estado extranjero soberano", la esencia de la misma lo es.

Por ello expuso que el valor del reconocimiento como "presidente constitucional interino" hecho a Guaidó, en febrero de 2019, por el entonces canciller británico Jeremy Hunt y añadió que "no fue un acto unilateral", ya que lo hizo en conjunto con sus socios de la Unión Europea.

Pero su contraparte, el abogado del gobierno Maduro, Nick Vineall, señala que en la actual querella “no debe hacer argumentos políticos, y aunque algunos de ellos (...) plantean cuestiones de interpretación de la Constitución de Venezuela bajo la ley venezolana eso no es una cuestión política sino jurídica”.

Insistió en que el mencionado ‘reconocimiento’ a Guaidó fue un acto "meramente político" que no impide a Londres seguir otorgando de facto pleno reconocimiento al gobierno de Caracas.

Consultado por el tribunal, el gobierno de Boris Johnson repitió en una carta lo dicho por el entonces ministro de Hunt: que reconoce a Guaidó como "presidente constitucional interino de Venezuela hasta que se puedan celebrar elecciones presidenciales creíbles".

En este marco muchos analistas consideran que el espaldarazo europeo a Guaidó se hizo de manera “ambigua” y sin pensar que en un determinado momento se llegara a una situación como la actual.

Para Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit, “La corte debe decidir si tiene implicaciones suficientes como para que él válidamente nombrase una junta directiva del banco central".

Vale recordar que tras "invalidar" al presidente del BCV Calixto Ortega, en julio de 2019 Guaidó nombró su propia dirección de la institución, una decisión que poco después fue anulada por la Corte Suprema de Venezuela (CSV). Sin embargo, el abogado de Guaidó sostiene que la CSV es "una marioneta del régimen corrupto" de Maduro.

Y eso es lo que da pie a la pregunta del millón para el juez Teare, tal y como él mismo lo señaló: "¿un acto de Estado ilegal sigue, sin embargo, siendo un acto de Estado?".

En opinión de Moya-Ocampos, "es muy poco probable que la corte vaya a autorizar la transferencia de los activos hacia la administración de Maduro" y podría darse una solución intermedia: que los lingotes de oro permanezcan, como hasta ahora, en las cámaras acorazadas de Londres hasta que se celebren elecciones transparentes en Venezuela.

La junta del BCV nombrada por Guaidó pidió al BoE que no entregue el dinero para evitar que sirva al enriquecimiento personal de figuras del régimen y la represión de la población civil.

Según datos del World Gold Council, Venezuela posee un total de 161,2 toneladas de oro.

En los últimos años, "ha venido vendiendo parte de esas reservas de forma poco transparente y ese dinero no se ha utilizado para financiar ayuda humanitaria, ni tampoco ha entrado a las arcas del tesoro venezolano", afirma el analista.

Y asegura que existe en Londres "un gran temor por el daño reputacional para el Banco de Inglaterra, para las cortes británicas y para el Reino Unido como tal porque, evidentemente, estamos hablando de mucho dinero que sencillamente no va a ser destinado a ayuda humanitaria".

 ¿Coronavirus, un pretexto?

Caracas asegura necesitar los fondos para luchar contra la pandemia de covid-19, pero lo cierto es que lleva más de año y medio intentando repatriar estos lingotes. 

En opinión Moya-Ocampos, "el tema del coronavirus es simplemente un pretexto".

En el mismo sentido se pronunció la representante del gobierno interino venezolano, la empresaria Vanesa Neumann, quien dijo ante el juez británico que hay que “impedir que se siga asesinando a la gente con nuestros propios recursos” y que con Guaidó a la cabeza muchos venezolanos buscan “defender lo poco que Maduro no nos ha robado, en defensa de las reservas nacionales del país para el pueblo, para la construcción y la estabilización”.

El gobierno venezolano aseguró haber negociado que el dinero se trasfiera directamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la compra de medicamentos y suministros médicos.

Pero, preguntado el PNUD solo confirmó que Caracas le hizo la propuesta y que el organismo está dispuesto a "explorarla" en el marco de un eventual acuerdo entre los bancos centrales de Venezuela e Inglaterra.

El resultado de este juicio en Londres puede sentar un precedente para otros fondos venezolanos bloqueados en el extranjero y, a la vez, abrir otras puertas para Venezuela, tal y como lo señala Neumann.

“Un pronunciamiento jurídico tiene mucho más peso que un pronunciamiento político y eso debería sentar el precedente para los bienes nacionales en Europa. Eso es lo que tenemos pensado. Pero vamos a ver, porque entre la teoría y la práctica... en particular cuándo se trata de política y dinero siempre hay complicaciones”, sostiene la ‘embajadora’ Neuman, quien destaca que en caso de que la sentencia sea a favor de Guaidó ello debería implicar el reconocimiento de todos sus enviados diplomáticos al mundo, lo que no se ha logrado ante la imposibilidad de mantener sus respectivas embajadas en Caracas.