El Gobierno reiteró a la oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se están investigando las denuncias sobre eventuales abusos de la autoridad en el marco del paro nacional, y que se sancionará efectivamente a los uniformados que hayan caído en este tipo de conducta. Así lo señaló la vicepresidenta-canciller Marta Lucía Ramírez en una reunión que sostuvo con Juliette de Riveros y parte de su equipo.
Este encuentro en Bogotá se dio después de que a mediados de la presente semana la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas, Alicia Arango, replicara las cifras que entregó la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre los muertos que se habrían producido en el paro en nuestro país.
La funcionaria del gobierno Duque indicó que “tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.
En la presentación del informe de su oficina en la sesión inaugural de las 47ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Bachelet dijo que “entre el 28 de abril y el 16 de junio registramos denuncias de 56 muertes, incluidas 54 de civiles y dos de policías, en el contexto de las protestas -principalmente en la ciudad de Cali-, así como de 49 presuntas víctimas de violencia sexual”.
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La Vicepresidenta-Canciller dijo tras el encuentro con de Riveros que “hemos tenido este diálogo muy franco al igual que tuve yo hace algunos días con la doctora Michelle Bachelet en Ginebra para lograr un trabajo constructivo, un trabajo siempre orientado a que Colombia, como un Estado de Derecho que es, con una institucionalidad absolutamente legítima, pueda seguir avanzando en el respeto a los Derechos Humanos”.
Agregó Ramírez que “hoy tenemos ya 25 casos de personas fallecidas en el marco de la protesta, hay cuatro homicidios que están totalmente esclarecidos y tres de ellos, desafortunadamente, tienen la participación de miembros de la Policía Nacional. Es muy doloroso esto, pero también nos da la perfecta certeza y la plena confianza de que, en el Estado colombiano, no hay y no habrá, por ningún motivo, tolerancia frente a ningún caso de violación de los derechos humanos”.
Pero así también, dijo la Vicepresidenta- Canciller, “hemos pedido a la doctora Julieth de Riveros y a la Oficina de la Alta Comisionada, tener un gran cuidado con el manejo de las cifras, una gran responsabilidad, porque desafortunadamente como se utilizan las cifras de las alegaciones, 59 casos en los que la gente dice que se produjeron muertes relacionadas con la protesta, pues no son muertes que estén comprobadas, no son investigaciones que estén en este momento atribuidas a la Policía”.
Por ello, Ramírez recomendó para la precisión en las cifras, “utilizar las fuentes oficiales, la Fiscalía, también la Defensoría, la Procuraduría y Medicina Legal, que están produciendo permanentemente esta actualización de cifras”.
Agregó la funcionaria que con Juliette de Riveros “también hemos analizado cómo, desafortunadamente, en el marco de estas 12.057 manifestaciones, protestas, encuentros, marchas ciudadanas, ha habido 1.553 casos en donde se ha necesitado la intervención de la Fuerza Pública. Esto nos muestra, entonces, que el 88,5% de las protestas en Colombia se han desarrollado de manera pacífica, y cuando se desarrollan de manera pacífica, no se necesita la intervención de la Fuerza Pública”.
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Política de cero tolerancia
Por su parte Juliette de Riveros dijo que “para nosotros, es muy importante que se haya declarado una política de cero tolerancia a los abusos de recursos humanos y que se estén investigando los casos que se han conocido de abuso por parte de la Fuerza Pública, muy importante que esos casos sean conocidos por la jurisdicción ordinaria, como usted lo ha dicho; lo saludamos, realmente es muy importante eso para la confianza”.
Agregó que “le estamos dando seguimiento a todas las alegaciones que hemos recibido. Hemos acordado que vamos a seguir este diálogo franco y constructivo para ir informando de este trabajo de sistematización que estamos haciendo en relación con estos hechos, tanto con lo que tiene que ver con las afectaciones de derechos humanos que ha habido durante este periodo, como las presuntas violaciones”.
Finalmente la funcionaria de ONU destacó que “valoramos las instituciones democráticas de Colombia, que es importante que ellas se vean reforzadas, y sea a través del Estado de Derecho que se responda a todos estos dilemas”.