El pasado 29 de junio se presentó un nuevo hecho de inseguridad en Bogotá, cuando dos hombres paralizaron el tráfico por la carrera Séptima con calle 100 y robaron varios vehículos.

La primera víctima fue un domiciliario que fue despojado de su motocicleta e intimidado con arma de fuego. Luego, los delincuentes detuvieron un taxi y obligaron a su conductor a bajarse para posteriormente huir en el automotor.

Edwin Castiblanco, teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que el sujeto al que le robaron su motocicleta fue trasladado a un centro de atención por una herida de bala. "Al parecer, el ciudadano se opuso a la agresión de estos sujetos y es impactado con arma de fuego”, dijo el oficial.

Asimismo, en los videos se aprecia que varias personas que intentaron evitar los hurtos, fueron amenazadas e incluso golpeadas por los delincuentes. 

La situación despertó críticas a la gestión de la alcaldesa Claudia López en materia de seguridad mientras, paradójicamente, la mandataria enviaba un fuerte llamado de atención al presidente Gustavo Petro por cuenta de la falta de seriedad para atender el tema. 

Panorama de seguridad

Andrés Nieto, ex subsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá y docente en la Universidad Central, señaló que el panorama en la ciudad, así como en el país, era el predecible en lo que llamaron en medio de la pandemia desde la Universidad Central "el rebote en inseguridad".

“Este efecto consiste en que las medidas de aislamiento por covid-19 cambiaron las condiciones que facilitaban los hurtos en todas sus modalidades, especialmente el de oportunidad: personas en el espacio público generando aglomeraciones. De ahí, por ejemplo, que el hurto a personas y celulares bajara en esa temporada, al igual que el de viviendas que ya no estaban solas o el de hurto a vehículos/motocicletas, que en Bogotá responde a que 7 de cada 10 automotores son hurtados por estar parqueados en vía pública sin atención y en pandemia estuvieron parqueados o guardados”, explicó el experto.

El problema, indicó Nieto, es que las bandas delincuenciales al perder esos factores, también entraron en pérdidas económicas y por ello, como sea quieren recuperar esas pérdidas de lo que se conoce como "renta delincuencial", es decir, las ganancias de lo hurtado.

Por su parte, Hugo Acero, experto en Seguridad Ciudadana, señaló que si se miran las cifras de violencia y delincuencia que reporta la Administración distrital, de 12 delitos, 6 han aumentado y 6 han disminuido desde el 1° de enero hasta el 28 de junio, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

“Han aumentado los homicidios en un 11%, el hurto a personas en un 25%, aumentaron la extorsión y el hurto de automotores y a residencias en un 5% y el hurto de bicicletas en un 2%. Solo han disminuido las lesiones personales (-23%), el hurto a motocicletas (-5%), hurto a comercio (-15%), delitos sexuales (-34%), la violencia intrafamiliar (-18%) y el hurto a celulares (-3%)”, indicó. 

En lo que respecta a lo sucedido en la carrera Séptima, Acero sostuvo que es parte del aumento de los hurtos a personas que no ha dejado de crecer en la ciudad, como es el caso de los fleteos, que pareciera que es el delito que se cometió allí.

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¿Quién era el responsable de la seguridad? 

“Apreciado presidente, estamos asediados por el atraco, por el robo”, fueron las palabras de la alcaldesa Claudia López hacia el ejecutivo durante la ceremonia de posesión de la brigadier general Sandra Hernández como nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

López abordó la gran problemática que tiene la ciudad respecto a seguridad e hizo referencia al hecho del robo masivo.

“No podemos aceptar que ese tipo de hechos ocurran en nuestra ciudad y que esos delincuentes lleven más de 24 horas impunes y que sigan circulando por las calles y que a pesar de las cámaras, de los CAI, de los cuadrantes, puedan frenar la carrera Séptima en pleno día, robarse un taxi, atacar una persona en una motocicleta y huir con completa impunidad, eso no se compadece”, dijo la mandataria distrital.

Por otro lado, López fue enfática al decir que con los impuestos de los bogotanos se debe garantizar la seguridad, sin embargo, 1.500 hombres fueron retirados de su labor de patrullaje en la capital, decisión que afecta a la ciudadanía de manera directa.

“Señor presidente Petro, pagamos por la formación de 1.500 policías y nos los quitaron. Pedimos que nos los devuelvan”, reclamó la mandataria de la ciudad, tras asegurar que Bogotá actualmente tiene menos policías que en 2016, justo en la alcaldía del hoy presidente de la República. 

No obstante, la alcaldesa mayor reconoció y valoró los logros en materia de combate al crimen organizado, la reducción de riñas y lesiones, la reducción del hurto a comerciantes y la mayor protección a mujeres en Bogotá. De paso, le pidió a la nueva comandante de la Policía mantener y aumentar los logros en materia de seguridad.

La alcaldesa López concluyó su llamado al Gobierno nacional con una reflexión: “Más de un billón de pesos se ha destinado a la seguridad, justicia y convivencia, la mitad de esa inversión la hemos dedicado al apoyo directo a la Policía que trabaja en Bogotá, ninguna otra ciudad ha dado esa inversión a la Policía Nacional. Y lo hacemos convencidos, con aprecio, con hechos, esperando resultados, esperando que la seguridad y la convivencia de nuestra ciudad mejoren”.

Ante esto, el experto Hugo Acero sostuvo que esta es una responsabilidad compartida entre el Gobierno nacional y la Administración distrital. “De acuerdo con la Constitución Nacional y las leyes que regulan la gestión de la seguridad, el presidente, los alcaldes y gobernadores son responsables de la seguridad de los ciudadanos. Antes que pelear públicamente, lo que hay que hacer es trabajar en equipo para solucionar los problemas de inseguridad que afectan a la mayoría de los ciudadanos”, aseveró. 

Finalmente, señaló que para mejorar la seguridad, tanto en Bogotá como en el resto del país, las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales deben dejar de lado las diferencias políticas y trabajar en equipo para enfrentar una criminalidad que está creciendo y es cada vez más organizada. 

“Se requiere trabajo coordinado y permanente entre el presidente, el fiscal y la Rama Judicial, y lo mismo debe suceder con los alcaldes y gobernadores, que hoy sienten que el Gobierno nacional no les está poniendo cuidado en esta materia”, concluyó.