Mario González empezó un tortuoso camino desde 2014, cuando su hijo César Manuel, junto a más de cuarenta estudiantes fueron desaparecidos al parecer por sicarios de los carteles del narcotráfico, con la supuesta complicidad de agentes estatales, en el violento estado mexicano de Guerrero. 

Son los llamados “43 de Ayotzinapa”, todos ellos estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, una escuela con formación campesina y lucha social. El crimen se convirtió en un emblema de impunidad, el cual ha sido denunciado en diferentes latitudes del mundo.

Este jueves se cumplen casi cuatro años sin que el Gobierno de México tenga una resolución sobre el caso, pese a que el grupo de Expertos Independientes de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos planteó nuevas líneas de investigación recientemente.

Desde la fatídica fecha, los familiares de los estudiantes desaparecidos han padecido un calvario. Así lo ha vivido Mario, con días de rabia o tristeza, y recordando aquel 8 de septiembre, el último día que vio a su hijo. En aquella ocasión, César tenía un aspecto delgado pero con una gran alegría por haber ingresado a Ayotzinapa: “Dame oportunidad de seguir adelante, no te voy a fallar”, le dijo.

Fue el último día en que Mario lo rodeó con sus brazos, como las otras decenas de familiares que no paran de clamar justicia, aunque haya enfermedad y los recursos económicos se agoten fácilmente.

En Ciudad de México habrá una marcha este jueves a las 4:00 p.m., como parte de la “46 Global por Ayotzinapa” (al cumplirse 46 meses tras el suceso), en la que cientos de personas marcharán en diferentes ciudades del país y embajadas de México en el exterior. Además, este viernes se hará una ofrenda floral en la ciudad de Iguala, Guerrero.

Noche triste de 2014

César González, el hijo de Mario, era originario de Tlaxcala y fue voluntario para impartir clases en comunidades ubicadas en las sierras, áreas habitualmente llenas de pobreza. Esta fue una de las razones por las que se identificó con los idearios de los maestros normalistas.

En 2014, el joven de 22 años hizo su examen y lo aprobó sin avisarles a sus padres, decisión con la que Mario no estaba de acuerdo, pues Ayotzinapa está a 310 kilómetros de distancia de su residencia. Sin embargo, es la más cercana dentro de ese sistema educativo.

Después de que Mario fue convencido por su hijo, le compró un celular con más aplicaciones para que pudieran tener mejor comunicación.

Transcurrían las semanas para César, estudiante de nuevo ingreso, y en cada ocasión que podía hablaba por teléfono con sus padres. Así lo hizo el 26 de septiembre del 2014, a las 5:35 de la tarde, y quedaron de conversar en la noche para coordinar una visita de César.

“No sonaba el teléfono, me empecé a preocupar, y como a las 12 de la noche le llamé 6 ó 7 veces y no me contestó. Como a las 8 de la mañana llamé y a eso de las 9, desde la Normal Rural Benito Juárez nos dicen que tenemos que irnos para Guerrero porque había detenidos, muertos y desparecidos”, narra González, un soldador de 52 años.

Para Mario, el calvario es no encontrar por ningún lado a su hijo, quien este 2018 cumpliría 26 años.

César ya no contestó porque en la noche de ese 26 de septiembre de 2014, y en la madrugada del 27, al parecer un grupo de policías municipales y estatales los detuvo cuando se dirigían a protestar en un acto político. Posteriormente, según diferentes versiones, los uniformados les entregaron los estudiantes a los sicarios del cártel Guerreros Unidos. Todo esto mientras el equipo de inteligencia del Ejército mexicano monitoreaba lo que sucedía.

Según la Procuraduría General de la República (PGR) de México, la “verdad histórica” es que luego de su asesinato los cuerpos de los normalistas fueron incinerados en un basurero del municipio de Cocula.

No obstante, el grupo de expertos de la CIDH, la prensa nacional e internacional encontraron elementos para contradecir dicha hipótesis del gobierno de Enrique Peña Nieto.

La vida de los familiares cambió y muchos de ellos se trasladaron a vivir a Guerrero, con tal de estar pendientes de la investigación y de los avances en la búsqueda.

“Ya llevamos dos años y medio sin visitar nuestra casa, nuestra familia, pero eso no importa, queremos encontrar a los muchachos, tenemos la esperanza”, dice Mario González.

Confrontaciones judiciales

El pasado 4 de junio, el Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Tamaulipas le ordenó a la PGR la creación de una Comisión de la Verdad, con el fin de “reponer” la investigación del caso Ayotzinapa, debido a que consideraron que la investigación de la Procuraduría no fue “pronta, efectiva, independiente e imparcial”.

La respuesta de diversas agencias del Gobierno mexicano, lejos de acatar, fue enviar cientos de recursos de queja para invalidar la resolución del juzgado, con lo cual un tribunal federal determinó la suspensión de la Comisión para el caso Iguala.

Dicha decisión judicial fue condenada por la ONU y organizaciones como Amnistía Internacional (AI).

Este miércoles, durante una rueda de prensa, los familiares de los 43 estudiantes señalaron que es “una vergüenza” que a 46 meses del suceso “estén dedicando tanta energía y coordinación a revertir la sentencia”.

“Es un ataque masivo de toda la maquinaria del gobierno a la resolución que hicieron los magistrados. Pero todavía no se ha dicho la última palabra y vamos a seguir peleando”, agrega Mario González.

En las próximas semanas la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

“Lo único que podemos decirle a la Suprema Corte es que no se arrodille, que recuerde que es una institución independiente, que no se deje llevar por un gobierno asesino”, afirma Mario.

La esperanza con el nuevo gobierno

Cada 26 de septiembre los familiares de los 43 estudiantes se toman las calles de Ciudad de México para exigir justicia en el caso.

Ahora más que nunca perciben el silencio del actual gobierno, que está a unos meses de acabar. “Peña Nieto es un tipo mentiroso, nos había prometido que iba a dar con el paradero de los muchachos topara con quien topara”, sentencia Mario.

“Si ellos quisieran ya hubieran acatado la resolución y las líneas de investigación del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Experto Independientes de la CIDH)”, agrega.

Mario describe el camino recorrido como doloroso y decepcionante, sobre todo cuando descubrieron la participación de altos funcionarios en las desapariciones de sus hijos.

“Es un caminar tan difícil. Se vuelve uno loco, es un dolor muy fuerte que no hemos podido superar ni aprendido a vivir con él. No quisiera que ninguna familia sufriera lo que estamos pasando”, agrega.

A unos cuatro meses de que Peña Nieto deje la presidencia, los familiares consideran como un avance el acercamiento con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien ya ha comisionado a miembros de su equipo en el caso.

“López Obrador nos prometió que iba a participar la CIDH y la ONU, y nosotros lo vemos con buenos ojos y ya hay un poco de acercamiento. Entonces lo único que tenemos que hacer es sentarnos para empezar a ver cómo se puede hacer la comisión de investigación”, concluye Mario.