EN la ofensiva judicial contra los críticos del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, la justicia de ese país arrestó al excanciller Francisco Aguirre y la activista de derechos humanos María Oviedo, mientras que en otra polémica decisión otorgó la ciudadanía al prófugo expresidente salvadoreño, Sánchez Cerén, investigado por corrupción.
"Se le otorga la nacionalidad nicaragüense al ciudadano Salvador Sánchez Cerén, originario de El Salvador" quien ha cumplido con los requisitos y formalidades establecidas en la Constitución política de Nicaragua, señala la resolución de Migración y Extranjería publicada en La Gaceta.
La resolución en actos separados también incluye a su esposa Rosa Margarita Villalta y a su hija Claudia Lissete Sánchez Villalta, de acuerdo con la resolución emitida el 29 de julio y firmada por la ministra de Gobernación, Amelia coronel.
La justicia salvadoreña emitió el miércoles una orden de captura internacional contra el expresidente Sánchez Cerén (2014-2019) y otros funcionarios de su administración por delitos cometidos contra el Estado salvadoreño.
El exgobernante salvadoreño es el segundo político de ese país que recibe la nacionalidad nicaragüense, luego que la misma le fuera otorgada en 2019 al también expresidente Mauricio Funes, ambos del partido de la enguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación.
El FMLN es aliado desde hace largo tiempo del también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN-izquierda), que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza en 1979.
El presidente sandinista Daniel Ortega gobernó el país entre 1979-1990, retornó al poder en 2007, donde se mantiene tras dos reelecciones consecutivas, la última de ellas con su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta.
La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.
La presencia de Sánchez Cerén, en Nicaragua, aliado político de Ortega, era mantenida en reserva por las autoridades, aunque desde El Salvador se denunció que el exmandatario se había fugado con ese destino.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, escribió en Twitter la semana pasada que Sánchez Cerén oficialmente era un prófugo de la justicia. "Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó".
Callar la oposición
En el plano interno, la orden de detención contra Aguirre y Oviedo la justificó por presuntas acciones contra la soberanía de Nicaragua. Así, a un poco más de tres meses de las elecciones generales son ya 31 los opositores y críticos detenidos desde junio, entre ellos siete aspirantes a la presidencia. Sondeos de opinión le otorgaban a algunos potencial de disputar el poder a Ortega, quien oficialmente no ha anunciado que buscará la reelección.
El ministerio Público (Fiscalía), informó que Aguirre, economista y analista político de 76 años, es investigado por "presuntamente haber realizado actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua", al incitar públicamente "a la injerencia extranjera en los asuntos internos".
También se le acusa de haber celebrado "la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos", en alusión a las más de 30 sanciones internacionales adoptadas desde 2018 contra funcionarios y familiares de Ortega por violación a los derechos humanos.
La fiscalía no precisó cuando ocurrió la captura de Aguirre, pero dijo que pidió a un juez "la ampliación del período de investigación y detención judicial" por 90 días, la que fue admitida.
En tanto, la Policía informó la detención de la abogada María Oviedo, quien "está siendo investigada" por los mismos delitos asociados a Aguirre.
Oviedo es miembro del equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que defiende a personas privadas de libertad en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2018, que dejaron 328 muertos y miles de exiliados, según organismos humanitarios.
Los cargos contra Aguirre y Oviedo, que también le son imputados a todos los opositores detenidos, están contenidos en la ley de Defensa de los Derechos del Pueblo y Soberanía aprobada en diciembre por iniciativa del gobierno de Ortega. /Redacción internacional con Europa Press