La elección de Carlos Hernán Rodríguez como Contralor General de la República dejó una serie de hechos políticos claros, que van desde una escogencia inédita al sumar respaldos de partidos oficialistas, independientes y de oposición, hasta un escenario de incertidumbre debido al anuncio de demandas contra el proceso de escogencia e incluso la posibilidad de que el ente de control sea reemplazado a corto plazo por un Tribunal de Cuentas. 

En primer lugar, como se dijo, la elección de Rodríguez fue mayoritaria, un hecho político inesperado, ya que al nuevo Contralor lo terminaron respaldando la coalición petrista, los conservadores y hasta el uribismo. Hasta hace pocos días esa confluencia de fuerzas no se veía posible y menos en un ambiente político y electoral tan polarizado.

Rodríguez había llegado a la sesión en pleno con el respaldo cantado de la mayoría de las colectividades como el Pacto Histórico, la U, conservadores, liberales, Alianza Verde, los representantes de las 16 curules de paz, Comunes, Nuevo Liberalismo, Cambio Radical y Colombia Justa Libres. Al final sacó un total de 260 votos a favor.

De estos 94 fueron en el Senado (donde también se registraron nueve en blanco, uno nulo y uno por María Fernanda Rangel, hasta hace una semana la gran favorita y que ayer renunció antes de empezar la sesión). En la Cámara sumó 166 respaldos, con 14 votos en blanco y uno para otra candidata, Yasmín González.

Aunque el voto era secreto, diferentes parlamentarios decidieron revelar su apoyo, empezando por el presidente del Senado, Roy Barreras, quien respaldaba a Rodríguez Becerra. Asimismo, el representante a la Cámara, Jaime Raúl Salamanca por el partido Alianza Verde mostró su voto por Rodríguez.   

No obstante, el senador petrista Gustavo Bolívar voto en blanco, y de igual forma lo hizo Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como “Jota Pe Hernández”, de la Alianza Verde.

Antes de la elección, con 70 votos por el no y 20 por el sí se negaron los impedimentos presentados por senadores debido a que tenían investigaciones o por otro tipo de inhabilidades o incompatibilidades. Entre los parlamentarios que no participaron en la elección estuvieron Alirio Barrera.  Óscar Barreto, Édgar Díaz, Carolina Espitia, Juan P. Gallo, Jairo A. Castellanos y Marcos Pineda.

Un segundo elemento que caracterizó la escogencia del titular del ente de control fiscal, es que en medio de la sesión el presidente del Senado aprovechó para decir que esta sería la última vez que en Colombia se elige Contralor con el actual mecanismo. Esto porque radicará un proyecto de acto legislativo “con la firma de dos docenas de parlamentarios, del Pacto Histórico y otros partidos, para eliminar la institución de la Contraloría como se conoce y avanzar en un Tribunal de Cuentas que tendrá otro origen”, aseguró.

Ya en el pasado se ha planteado esta reforma en el Congreso pero no ha prosperado. Hasta el momento no se sabe qué pensará el Gobierno, que ha había anunciado una reforma para que la Procuraduría pase a ser una división de la Fiscalía.

Demanda a bordo

En tercer lugar, la elección de Rodríguez, que se dio tras un accidentado proceso que comenzó en el anterior Congreso y culminó en este, mediando fallos judiciales y recomposición de la listas de candidatos finalistas, se sabe que tendrá que ser legitimada o desestimada por el Consejo de Estado. 

De hecho, ayer mismo, la representante del Partido Dignidad, Jennifer Pedraza, anunció que demandará todo el proceso de elección de Contralor debido a las presuntas irregularidades que se han presentado, pues la lista de 10 candidatos elegibles se modificó dos veces, por fallos de tribunales y decisión de la nueva Presidencia de Senado.

La congresista afirmó que con el fin de poner un “contralor de bolsillo” se violó la Constitución. “Nosotros vamos a presentar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado porque este proceso está viciado desde el inicio; violó la Constitución desde que se abrió la convocatoria”, afirmó Pedraza.

La congresista recriminó también que “estamos viendo una intervención directa del Gobierno para poner una Contraloría de bolsillo. Lo grave de esto es que los entes de control se han vuelto instituciones para ejercer sicariatos judiciales o chalecos antibalas, que cuidan a los corruptos y a los políticos que siempre han estado en el poder”.

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Independencia

Más allá de todo este debate, el cuarto elemento que dejó la escogencia ayer del Contralor es que el propio Rodríguez indicó que sería necesario cambiar el proceso de elección del titular del ente de control para la próxima ocasión.

“La Constitución tiene una metodología y un trámite que, de manera personal, no comparto. No estoy de acuerdo con la forma, la manera y el método para elegir Contralor general. Habrá que generar un debate para mirar cuál es la forma”, indicó Rodríguez.

“Hoy día la elección está marcada por unas dinámicas propias que están dadas por el Congreso. Es imposible ser elegido como Contralor general si no se conversa acorde a esas dinámicas políticas, las cuales deben ir más allá de una simple repartija burocrática o más allá de convertirse la Contraloría en un instrumento para alcahuetear o perseguir opositores”, sostuvo. 

Tras tomar juramento al cargo ante el presidente del Senado, el sucesor de Carlos Felipe Córdoba le salió al paso a las críticas contra su elección. “Un gobierno merece y debe tener una Contraloría independiente que le permita realizar su acción de gobierno. Ustedes han sido testigo de las dificultades que se presentan y se viven, y se palpa de manera especial en las regiones. Aquí quiero hacer un llamado al Congreso de la República porque urge un estudio a fondo sobre el funcionamiento y el sistema de control fiscal en el país”.

Prioridades

Como último y quinto punto, el nuevo jefe del ente de control fiscal fijó sus prioridades. “La Contraloría trabajará de manera armónica con el Congreso, toda vez que el ejercicio de control político es un insumo importante para el desarrollo funcional de la entidad. Los informes de auditoría no deben ser privados, deben convertirse en avisos de advertencia y en general todas las actuaciones realizadas por el organismo de control no son sujetas de reserva, es un material de los congresistas”, explicó.

Igualmente, dijo que en segundo lugar trabajará por el crecimiento del control social participativo, pero no como una circunstancia eminentemente retórica, sino como una circunstancia práctica. 

También anunció que trabajará por un ejercicio que se denomina preventivo, que “está consagrado en la Constitución. En este momento producto de la reforma no puede ser confundido con el control previo que contenía la Constitución del 1886; ese control preventivo siempre debe estar en cabeza del Contralor General”.

Del mismo modo, propuso que debe haber tres ejes fundamentales: “Independencia de la Contraloría. En segundo lugar, pienso que estamos identificados en exigir un cambio, pero un cambio eficiente, no solamente en el discurso, tiene que ser un cambio traducido en las prácticas. Y por último, un principio de colaboración armónica con el Congreso, que no significa anuencia ni complacencia, significa simplemente colaborar para alcanzar los altos fines que el Estado pretende”.

¿Quién es? 

Rodríguez se graduó de abogado de la Universidad Santiago de Cali, es magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Administrativo. Fue auditor general de la Nación, cargo que ocupó entre 2017 y 2019, en el que sucedió a Carlos Felipe Córdoba, actual contralor general.

Ha publicado los libros “Estructura, organización del Estado Constitucional Colombiano” y “La gestión del control y la responsabilidad de la administración pública en Colombia”.

Finalmente, el nuevo contralor se ha destacado por ocupar el cargo de Contralor General del departamento del Valle, ya que fue nombrado por mérito al pasar todas las pruebas de selección ante los tribunales superiores del Distrito Judicial y participó de una terna con otros dos aspirantes. La Asamblea departamental lo eligió como contralor, cargo que cuyo ejercicio fue exaltado por Transparencia por Colombia, en los “Documentos Observación de Integridad”.