EL NUEVO SIGLO: ¿En qué consiste el caso de cartelización que denunció la Agencia Nacional de Tierras con los bienes entregados por algunos grupos armados ilegales?

FELIPE HARMAN: Denuncié públicamente que, en cumplimiento de labores que adelanta esta entidad para acelerar el avance de la Reforma Agraria en nuestro país, se evidenció la existencia de personas naturales y jurídicas que por largos años se hicieron al control sobre tierras para evitar que pasen a manos de víctimas y campesinos, perturbando las actuaciones que en derecho corresponden. Ocupaciones indebidas de al menos 67 predios que la ANT adquirió al Fondo de Reparación de Víctimas, en departamentos como Córdoba, Cesar, Bolívar y Antioquia. 

El entramado que utilizan para dichos fines se vale, presuntamente, de la presión ejercida por algunas autoridades locales para dilatar la entrega de tierras, pero que a través de actores violentos terminaron en poder de clanes familiares cuyos sucesores procuran mantenerlas bajo su control, a pesar de haber sido entregadas al Fondo de Reparación de Víctimas (FRV) como resultado de procesos judiciales. 

Es pertinente mencionar que, la Agencia viene adquiriendo al FRV tierras que habían sido entregadas por los antiguos jefes paramilitares hace cerca de 20 años, sin que hasta ahora hayan representado una verdadera reparación a las víctimas. Como resultado de la adquisición de estas tierras y del trabajo conjunto con la actual administración de la Unidad de Víctimas, se han encontrado ocupaciones indebidas y contratos de arrendamiento con personas cuestionadas, los cuales se han venido finalizando para entregar las tierras a familias campesinas.

Entre los nombres más representativos del ‘Cartel de la tierra’ se encuentra la estructura de Félix Gutiérrez, alcalde en varias ocasiones del municipio de Buenavista (Córdoba. También Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, conocido como ‘Comandante Barbie’, cercano a la estructura del Bloque Norte de las AUC, quien pretende mantener el control sobre la finca La América, en Chimichagua (Cesar). Este predio pertenecía además al Ñeñe Hernández.

Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras sostendrá una Mesa de Trabajo con la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la identificación de predios entregados y en eventuales investigaciones penales sobre el manejo de los bienes. 

ENS: La Contraloría sacó un informe en donde advierte que el pacto que se hizo el año pasado entre el Gobierno y Fedegan para la venta de 500.000 hectáreas tiene una aplicación en porcentajes ínfimos, ¿qué responde al respecto?

FH: El convenio suscrito con Fedegán ha permitido la suscripción de por lo menos 35.000 hectáreas, las cuales se encuentran en diferentes etapas del proceso, ya sea que el negocio se haya culminado, en proceso de escrituración, con oferta aceptada de parte del propietario o con promesa de compraventa firmada. 

No obstante, es necesario señalar que los predios postulados mediante el convenio deben surtir todas las etapas y validaciones contempladas en el proceso, entre ellas las viabilidades técnicas, jurídicas y agronómicas. 

Hasta el momento, hay cerca de 178.000 hectáreas postuladas mediante este convenio que fueron consideradas no viables, por diferentes razones. Adicionalmente, la compra directa de predios se armoniza con las necesidades, requerimientos y lineamientos de la ANT, las directrices que sean impartidas por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la priorización de regiones o subregiones para compras de predios del Gobierno nacional, mismo que obedecen a los Núcleos de Reforma Agraria dispuestos por el ministerio, centrados principalmente en el Caribe y el Magdalena Medio. Por lo tanto, se estudian las ofertas del convenio que coincidan con las regiones priorizadas.

Por último, es necesario señalar que para el cumplimiento de las metas del Acuerdo de Paz y el Plan Nacional de Desarrollo, la Agencia adquiere predios de la Sociedad de Activos Especiales, el Fondo de Reparación de Víctimas y de actores privados, algunos postulados mediante el convenio con Fedegán y otros de manera particular.

ENS: ¿Qué presupuesto tuvo este año la Agencia para los procesos de adquisición de asignación de tierras y cuál tendrá para el 2025? ¿Qué tanto los afecta el recorte presupuestal de la nación?

FH: El presupuesto de inversión para la próxima vigencia presenta una disminución del 62% con respecto al presupuesto del año actual. Esta reducción obedece a un ajuste sustancial decidido por las autoridades de Gobierno con el propósito de cumplir con los compromisos de la regla fiscal, lo cual implica mayores restricciones en el gasto público.

Este recorte impacta de forma significativa las proyecciones institucionales. Entre los proyectos más afectados se encuentra el de reforma agraria, el cual experimenta una reducción de 2,3 billones de pesos, equivalente a una caída del 73% frente al presupuesto vigente.

Esta contracción limita la capacidad de implementar, ampliar o fortalecer las estrategias y acciones previstas para el desarrollo rural y el acceso a tierras, dificultando así el cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.

En conclusión, el panorama presupuestal impone importantes desafíos a la entidad y obliga a reorientar y priorizar las acciones, buscando cumplir los compromisos fiscales y, al mismo tiempo, mitigar el impacto en los proyectos estratégicos, principalmente aquellos vinculados a la reforma agraria. Finalmente, la entidad se encuentra a la espera de la expedición del decreto que confirme las partidas presupuestales para la vigencia 2025.

ENS: Hay algunos gremios económicos que sostienen que desde que el Gobierno anunció un proceso para compra de tierra productiva, y lo que se produjo fue un fenómeno de encarecimiento de la propiedad privada rural por efecto de esta política, ¿qué tan cierto es esto?

FH: En primera medida es pertinente mencionar que, la Agencia Nacional de Tierras cuenta con mecanismos de control de precios. Actualmente la metodología para determinar el valor de los predios se realiza de conformidad con lo estipulado en el Título 11 del Decreto 1071 de 2015 que versa sobre la elaboración del avalúo comercial de predios y mejoras que se adquieran para fines de Reforma Agraria.

El precio de negociación de los predios y mejoras será fijado por el avalúo comercial que para tal efecto se contrate con las personas naturales o jurídicas legalmente habilitadas para ello, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos en el Decreto Reglamentario especial que sobre avalúos y dictámenes expida el Gobierno, tal como fue compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Información Estadística.

Conviene señalar que el valor promedio del suelo determinado en un departamento no se podrá considerar como valor comercial aplicable en la determinación del valor del terreno de un avalúo puntual. Corresponde a un ejercicio orientativo que permite analizar tendencias en los valores.

Sin embargo, no son vinculantes ni concluyentes, ya que el avaluador debe sustentar su valoración con una investigación económica sólida y fundamentada en las características propias del bien objeto de valoración como son las características intrínsecas del terreno, la ubicación del predio y las variables exógenas que influyen en la determinación del precio.

De otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo estableció que el IGAC deberá fijar avalúos de referencia para los municipios en los que se priorice la compra de predios. Por su parte, la Agencia desarrolló un sistema interno de avalúos de referencia. Ambos instrumentos se utilizan durante el proceso de adquisición para evitar sobrecostos y especulaciones con el precio de la tierra.