Misión de Observación Electoral le pidió al CNE investigar esas organizaciones políticas al publicar ayer su informe “Ranking de partidos políticos de autoridades locales”

Investigar a ocho organizaciones políticas por presunta responsabilidad política tras avalar a personas inhabilitadas, o por permitir que se eligieran personas que después fueron condenadas en el ejercicio del cargo le pidió la Misión de Observación Electoral (MOE) al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La MOE asegura que de los 19 casos de posible responsabilidad política es necesario “pedirle al CNE que investigue si hay o no responsabilidad de los partidos. La entidad electoral no ha mirado esos casos cuya sanción puede ir desde una multa sencilla, hasta la pérdida de la personería jurídica”, le aseguró a EL NUEVO SIGLO Gabriel Angarita, coordinador de asuntos públicos y transparencia de la MOE.

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La solicitud está basada en el Artículo 107 de la Constitución, el cual sostiene que “los partidos y movimientos políticos deberán responder (…) por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

Así las cosas, la investigación de la MOE revela que el Partido Social de Unidad Nacional (La U) tiene cuatro exfuncionarios castigados; el Partido Liberal, Cambio Radical y los conservadores cada uno con tres; Opción Ciudadana con dos; el Centro Democrático con dos; la Alianza Social Independiente (ASI) con uno igual que el partido Alianza Verde. Los sancionados fueron alcaldes, diputados y concejales.

Según Angarita, “nosotros no hemos visto que esto les suceda a los partidos, pues los delitos cometidos pueden que no entren en los que están contemplados por la Constitución; además, que cuando se hace algún tipo de juicio penal se intente postergar la condena para que no entre en el periodo de ejercicio del cargo, lo que impediría el juicio de responsabilidad política; y por una razón extra, que es que el Consejo Nacional Electoral es el encargado de conocer estas sanciones y ellos en algunos casos tienen mucha influencia política pues el Congreso es el que nombra los magistrados. Por eso, puede existir el caso de que estas personas se cuiden de emitir este tipo de condenas”.

Sancionados

El análisis va mucho más allá. El análisis hecho por la MOE se hizo con registros desde el 26 de octubre de 1977 hasta el 28 de marzo de 2019 que muestran que durante ese periodo de tiempo se sancionaron 1.220 personas. Según las cifras en 2015 se eligieron 13.614 personas: 32 gobernadores, 418 diputados, 1.101 alcaldes y 12.063 concejales, de ellos fueron sancionados 913 elegidos. La MOE revela que al menos el 6,7% de esos candidatos habían sido sancionados al menos una vez.

“En el análisis que hacemos vemos una división temporal antes, durante y después del ejercicio del mandato, teniendo en cuenta eso encontramos que pueden haber funcionarios públicos de elección popular que han tenido gran número de sanciones antes de ser elegidos y estas sanciones pueden ir desde una simple amonestación escrita hasta la comisión de un delito, en ese sentido desafortunadamente vemos que hay funcionarios que tienen un bagaje en temas disciplinarios, fiscales y penales que están siendo elegidos”, asegura Angarita.

La MOE asevera que desde el 79 han habido 579 funcionarios sancionados por 805 causas disciplinarias o fiscales antes del periodo electoral; 50 sancionados por 50 causas disciplinarias o fiscales durante el año electoral y 335 funcionarios sancionados por 365 faltas disciplinarias o fiscales durante el periodo de mandato.

“Que los partidos políticos avalen a alguien con un prontuario judicial tiene varias explicaciones que van desde el desconocimiento que no hagan el proceso adecuado por la ventanilla única, que es donde se miran los antecedentes fiscales y penales de los candidatos; como puede responder a una apuesta, que esto no es una sanción grave o que se considera que el caudal político o la fuerza política como candidato es superior al correcto prontuario de la persona”, aseguró el experto.

La MOE también hace un análisis por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Según las cifras el 94,52% del total de los sancionados se concentra en 11 partidos políticos. El Partido Liberal es el que encabeza la lista con 219 sancionados, seguido por el Conservador con 210 y La U con 209. Cambio Radical, sigue con 141; junto a Opción Ciudadana con 148; la ASI con 63; la Alianza Verde con 45; el Movimiento Indígena de Colombia con 28 y el Polo con 37.

Proporcionalidad

Según Angarita “el informe no hay que leerlo por la cantidad de funcionarios. Lo más relevante es la proporcionalidad, un partido tan grande como el Partido Liberal o el Partido Conservador tienen muchos funcionarios electos, al tener más la probabilidad es más alta de tener más sancionados; pero también es importante tener en cuenta que hay 36 entre coaliciones y grupos significativos de ciudadanos que tienen el 100% de sus elegidos sancionados porque eligen a una sola persona y esta termina sancionada”.

En el análisis departamental el partido con más sancionados es Cambio Radical con dos gobernadores y siete diputados sancionados; seguido del partido de La U con un Gobernador sancionado. Llama la atención que en tercer lugar se encuentra el Movimiento Caldas Territorio de Oportunidades, con un Gobernador sancionado seis veces. Según las cifras hasta el momento se han efectuado 99 sanciones departamentales.

Las cifras también muestran que el municipio con más sancionados es Ibagué, Tolima, con 16; seguido de Nocaima, Cundinamarca y San Francisco en el Putumayo, con nueve funcionarios cada uno; llama la atención que Rioacha, en La Guajira, tiene ocho sancionados, seguido de Barbosa, Santander, San Bernardo Nariño y Soacha, Cundinamarca, con siete cada uno.

El experto sostiene que en términos generales “la MOE concluye, según los datos, que los partidos están avalando personas que vienen con sanciones encima, sanciones penales, fiscales y disciplinarias, este es un llamado que queremos hacer. La calidad de los candidatos que se presentan. Por otro lado hay que aclarar que los entes de control y la ciudadanía deben estar pendientes pues como ciudadanos no deberíamos elegir a personas con un pasado judicial porque eso podría conllevar a que vuelvan a recaer en alguna sanción”.