Un proyecto de autorregulación presentarán las firmas encuestadoras al Consejo Nacional Electoral (CNE) para la expedición conjunta de una reglamentación de los sondeos políticos.

Para tal efecto se conformó una comisión integrada por tres firmas encuestadoras: Cifras y Conceptos, Datexco y Carlos Alberto Moya Contreras. Del ejercicio debe salir un proyecto de ley que actualice la normativa frente a las encuestas en el país. La decisión se tomó luego de un encuentro en el que se definieron principios de transparencia y acuerdos técnicos a tener en cuenta en las próximas elecciones locales a realizarse el 27 de octubre.

Esta reunión estuvo presidida por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas y Sondeos sobre preferencias políticas y electorales y la comisión integrada por los magistrados Hernán Penagos, Doris Ruth Méndez y Luis Guillermo Pérez.

Ajustar tuercas

Como lo publicó recientemente EL NUEVO SIGLO, la normatividad sobre encuestas en el campo político tiene 27 años.

Mientras se hace una reforma de fondo, el CNE trabaja en un proyecto de resolución para los comicios de este año que tocaría la parte metodológica, con la finalidad de que los resultados que entreguen las encuestadoras sean más precisos. Además se endurecerían los requisitos para obtener la licencia que les permite a las compañías adelantar esta labor.

El presidente de este organismo, el magistrado Heriberto Sanabria Astudillo, le dijo hace unos días a este Diario que “ya el Consejo Nacional Electoral designó una comisión de encuestas conformada por algunos magistrados y asesoría de encuestas del CNE, que vienen elaborando un proyecto de resolución para reglamentar no solamente el manejo de las firmas encuestadoras, sino para endurecer los requisitos para poder acceder a una licencia o un permiso para constituirse en firma encuestadora”.

Añadió que con esta resolución se busca también abordar “los métodos cuánticos, científicos, matemáticos, de cálculo y el trabajo en terreno. Que las encuestas sean mucho más científicas, desde luego sean mucho más precisas en el uso de datos y de procesamiento de datos".

Además Sanabria reveló que “así mismo el CNE viene trabajando con el Icontec y otras entidades internacionales para que las firmas encuestadoras se puedan certificar con un sello de confiabilidad”. Agregó sobre la pretendida resolución que “aspiramos a que antes de 30 días esté vigente”. Esta semana o la otra.

Actualizar normas

La Ley 996 de 2005 establece que toda encuesta de opinión de carácter electoral al ser publicada o difundida por cualquier medio de comunicación, tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado. Añade la norma que el CNE ejercerá especial vigilancia sobre las entidades o personas que realicen esta actividad cuando se trate de encuestas políticas, electorales o sondeos de opinión, para asegurar que las preguntas al público no sean formuladas de manera que induzcan una respuesta determinada.

Por falta de actualización de la norma, encuestas y sondeos electorales en medios virtuales es uno de los aspectos que están por fuera porque en 1994, cuando fue expedida la ley 130, apenas el Internet estaba incursionando en el país.

No obstante, en la actualidad las encuestas virtuales hacen furor, especialmente a nivel regional, para las elecciones de este año. Precisamente en junio pasado el CNE anunció que estos estudios tendrán que rendirle cuentas de la forma como se realizaron. El organismo indicó que para “realizar encuestas digitales a través de los medios de comunicación y diferentes plataformas digitales se debe tener en cuenta el área geográfica y poblacional de la encuesta y presentar ante el CNE la explicación de cómo se tomó la muestra, ya que esos estudios no son científicos y no se aplican métodos de muestreo”.

El año pasado en medio de la polémica por los resultados de las encuestas previa primera vuelta presidencial, el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, dijo que “las encuestadoras no viven de las campañas políticas. Eso en sus números debe corresponder a un porcentaje mínimo. Las encuestadoras viven del estudio comercial de campo de mercado que le hacen a las grandes empresas del país. Y hay sectores y grandes empresas del país que tienen sus encuestadoras de confianza”.

Por ello consideró que “eso lleva a que no exista a veces el rigor de muchas de estas encuestadoras porque además hay un vacío regulatorio muy importante en Colombia, y es que no hay regulación alguna. Ellas son libres de tomar las muestras que les parezca, de cruzarlas como les parezca, de buscar las casas, las cuadras que ellos estiman, de hacerlo por teléfono, de mezclarlas con presenciales. Y no hay nada más fácil que mentir con estadísticas”