La defensa del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, en detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema de Justicia e investigado por presunta manipulación a testigos, anunció este martes que renuncia a presentar recurso de reposición ante la medida de aseguramiento.
En un comunicado de la oficina del abogado Jaime Granados, divulgado este martes en su perfil de Twitter, el letrado declaró que “no existe ningún fundamento legal para ordenar la detención del expresidente".
“Esta decisión infundada y sin precedentes en la justicia del país, demuestra como a Álvaro Uribe se le han violado en este proceso seis principios derechos jurídicos consagrados en la Constitución de Colombia”, expuso.
Comunicado a la opinión pública de la defensa del señor Presidente @AlvaroUribeVel pic.twitter.com/sDTvvxjGcS
— Jaime Granados Peña (@JGranadosPena) August 11, 2020
La Corte investiga al jefe del Centro Democrático como presunto determinador de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, y hasta este martes su defensa tenía plazo de presentar recurso de reposición.
Granados manifestó que si se levanta la reserva sumarial del expediente, tal como lo ha solicitado en varias ocasiones, "los colombianos podrán verificar los puntos”.
Un primer apartado, señaló el defensor, tiene que ver con la presunción de inocencia de Uribe Vélez: "Ha cumplido todos los llamados de la justicia, ha evidenciado su voluntad de colaborar en la investigación adelantada y de ninguna manera entorpecido dicho proceso”.
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Argumentó que la decisión de medidas de aseguramiento domiciliaria viola el “legítimo derecho” del expresidente de defenderse en libertad especialmente cuando no ha sido acusado y aún menos condenado.
En segunda instancia, Granados manifestó que la Sala de Instrucción determinó la detención basada en inferencias y no en pruebas directas, en referencia a las 22.000 interceptaciones telefónicas en las que "no existe registro de audio del expresidente hablando con testigos, tampoco pidiendo que se cambien testimonios o dando la instrucción de ofrecer beneficios a testigos para que lo hagan".
El penalista, en un tercer punto, criticó la actuación del magistrado José Luis Barceló, por investigar "ilegalmente al expresidente sin tener competencia" en referencia a la interceptación dirigida al exrepresentante Nilton Córdoba en la que resultó escuchado el senador Uribe Vélez.
Un cuarto ítem nuevamente hace referencia al magistrado Barceló, a quien la defensa señaló de no practicar pruebas esenciales para la defensa de Álvaro Uribe "como escuchar a testigos que afirmaron haber recibido ofrecimientos de Iván Cepeda: Mancuso, el Tuso Sierra y Monoleche”.
Afirmó además que, tras dos años del proceso, "no se le ha permitido a la defensa interrogar a personas que son clave como el mismo Juan Guillermo Monsalve, su esposa de Deyanira Gómez y a Carlos Eduardo López, Caliche”.
Cómo quinto punto, Granados puso de presente en la inviolabilidad de comunicaciones entre el abogado y su cliente, al reprochar "la sistemática filtración que se ha dado durante estos años de sólo algunos apartes del proceso, que lo único que ha generado es desinformación entre los medios y los colombianos”.
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Finalmente, el penalista mostró su preocupación porque en la orden de atención contra Uribe Vélez se compulsaron copias contra varios testigos que durante la indagatoria declararon a favor de la versión del expresidente.
"Esto es una clara coacción a personas a quienes la Corte intimida de antemano, y no se establece el mismo procedimiento para testigos como Carlos Enrique Vélez, a pesar de su evidente falta de verdad frente a la justicia, o Iván Cepeda, que no ha dado claridad sobre la entrega completa de conversaciones con Monsalve y si eliminó las mismas”, puntualizó.
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Concluyó el abogado que "no tiene ningún sentido presentar un recurso de reposición que debe ser resuelto por la misma Sala. No hay que ser ingenuos, dicho recurso no constituye un remedio judicial efectivo frente a esta injusticia y, simplemente, facilitaría su legitimación”.