En días pasados, el presidente Duque dijo sobre la oleada de masacres que ha vivido el país que el nombre preciso de estas es homicidios colectivos, al tiempo que advirtió “aquí no es que estamos eludiendo el problema”.
La afirmación levantó ampolla en algunos sectores al considerar que el Gobierno querría suavizar la difícil situación de orden público. Esta es una de las múltiples discusiones que se han dado por terminología en el conflicto armado y que más allá de si son conducentes o no, terminan confundiendo a la opinión pública.
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El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “masacres es un término que se viene utilizando de manera periodística, coloquial. Los homicidios colectivos son definidos como el asesinato de cuatro o más personas en estado de indefensión, en el mismo sitio, bajo las mismas circunstancias y por los mismos autores”.
En tanto que el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Diego Molano, indicó que el término homicidios colectivos es una definición técnica utilizada desde hace tiempo por la Policía.
Retención o secuestro
También ha sido polémico el hecho de que en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se denomina retenciones lo que para la muchos colombianos fueron secuestros cometidos por las Farc. El caso 01 que adelanta la misma lo denomina “Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP”.
La presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, explicó que los nombres de los casos como el de retención ilegal “así lo catalogó la Fiscalía, pero la calificación final de los delitos, lo darán jueces de la JEP”.
Por su parte, el representante por el Huila, Jaime Felipe Lozada, del Partido Conservador, reaccionó a un comercial de la JEP en donde Rodrigo Londoño, presidente del Partido Farc, pidió perdón a nombre de esa organización por las “retenciones” que cometió.
El congresista, que fue secuestrado por la extinta guerrilla, dijo que “las víctimas de las Farc y del señor Londoño estamos exigiendo que se empiece a adoptar el lenguaje que es. No el lenguaje que a los victimarios les corresponde”.
También se presentó polémica porque dirigentes de las Farc, como el mismo Londoño, dijeron que no reclutaron a menores de edad sino que ellos llegaron por su voluntad.
GAO
En el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se denominó Bandas Emergentes y Bandas Criminales (Bacrim) a los grupos armados delincuenciales que se conformaron con los paramilitares que no se sometieron; en tanto que la administración Santos hizo una nueva clasificación de estas organizaciones denominándolas Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r).
Mientras que el gobierno Duque pasó a considerar a la guerrilla del Eln como un GAO, al punto que ofreció a sus integrantes beneficiarse también de la reciente ley que fomenta la desmovilización individual de miembros de grupos armados al margen de la ley.
Sin embargo Pablo Beltrán, uno de los cabecillas del Eln, rechazó el ofrecimiento del Gobierno pues dijo es aplicable a “grupos de delincuencia común”, pero no a una organización guerrillera.
Beltrán dijo “lo que pasa es que para el caso nuestro, al ser una organización política militar rebelde alzada en armas lo que traemos con los distintos gobiernos son negociaciones de paz que tienen como fin poner fin al conflicto armado y acordar transformaciones que necesita Colombia”.
Qué hay de fondo
El director del Cerac (Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto), Jorge Restrepo, consultado por EL NUEVO SIGLO, dijo “que en muchos de estos casos cuando las diferentes organizaciones estatales como grupos criminales, o que lo estuvieron, no utilizan esos términos, buscan evitar de cualquier manera que se les vaya a señalar de algún tipo de responsabilidad”.
Agregó el académico que “el problema es que eso para las instituciones estatales desvía la atención de lo que debe ser su principal función, y es la garantía de los derechos de las personas, y la provisión de los servicios y bienes que una institución estatal debe hacer, como por ejemplo la provisión de seguridad”.
Consideró que en este asunto hay una crítica que debe aplicar sobre todo “a las instituciones estatales porque son las que tienen un deber de garantía. Entonces, más allá de discutir cómo llama el Ministerio de Defensa una masacre o si la llama homicidio colectivo, el punto creo que tiene que estar en la discusión es sobre qué están haciendo las Fuerzas Militares, en particular, la Policía y la Fiscalía, para prevenir que eso no ocurra”.
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Por su parte Víctor de Currea-Lugo, profesor a cargo de cursos sobre Derecho Internacional Humanitario, Acción Humanitaria, Conflictos Armados en varias universidades -como Javeriana y Nacional-, indicó a este Diario que “es una costumbre colombiana, todas las discusiones de fondo, serias y complejas las volvemos un problema semántico, y creo que eso es un error”.
No obstante, consideró que si bien hay polémicas que por algunos términos aplicados al conflicto no tienen mayor trascendencia, “hay discusiones semánticas que sí tienen unas implicaciones jurídicas y políticas a las que hay que atender”.
En este sentido, De Currea-Lugo dijo que las discusiones deben resolverse sobre la base de las categorías que establece el derecho o la ciencia política.
Agregó que “en el conflicto armado en Colombia hay una guerra en el lenguaje que no nos ayuda y que además es perversa porque es como tratando de jalar para su lado”.