A escoger dos mujeres para comenzar a cerrar la brecha en equidad de género en la Corte Constitucional instó la Misión de Observación Electoral (MOE) a los nominadores de las ternas para elegir dos magistrados de esa alta Corporación.

Según estudio de la MOE en los 27 años que lleva de funcionamiento el alto Tribunal, de los 39 magistrados que lo han integrado, solamente han habido cinco mujeres, lo cual constituye una clara inequidad de géneros.

“Es un número bastante inferior en comparación con los miembros hombres que han sido elegidos por el Senado de la República desde la creación de la Corporación constitucional”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.
El estudio muestra que la primera Corte (1991-1993) estuvo compuesta por tres magistrados, todos ellos hombres. Entre 1993 y 2000, el número de magistrados aumentó a nueve, todos ellos también hombres. Y solo hasta 2001 fue elegida por primera vez una mujer como magistrada titular, se trató de la magistrada Clara Inés Vargas.

Posteriormente, ocho años después, en 2009 se eligió a la magistrada María Victoria Calle quien además fue la primera mujer en asumir la Presidencia de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el informe destaca que solo hasta 2014 “se genera un leve incremento en la representación de las mujeres” en este alto Tribunal. En la actualidad, de los nueve cargos solo tres son ocupados por magistradas, es decir 33%.

Nominadores

Actualmente, la Corte Constitucional tiene dos vacantes. Una, que entrará a reemplazar al magistrado Luis Guillermo Guerrero que termina su periodo el 4 de septiembre. La terna del Consejo de Estado está compuesta por los abogados Jorge Enrique Ibáñez, Natalia Ángel y Marino Tadeo Henao.

La otra es la que deja el magistrado Carlos Bernal quien renunció a su cargo.

En el caso del magistrado Guerrero, le corresponde al Consejo de Estado integrar la terna de candidatos mientras que la de candidatos a reemplazar a Bernal los debe presentar la Casa de Nariño. Los magistrados son elegidos por la plenaria del Senado.

Para la MOE, “sería importante que estudios como el realizado en la Corte Constitucional se replicaran en las demás altas Cortes, en el Congreso de la República y el Ejecutivo”, agrega el análisis.

La MOE, además, dice que es necesario que estudios como el de “Las capas del techo de cristal en la Corte Constitucional”, se extiendan a la Presidencia y las Cortes nominadoras para comenzar a cerrar esa brecha de inequidad de género.

“En este sentido, vale la pena destacar la terna conformada solo por abogadas en la que resultó electa la magistrada Cristina Pardo Schlesinger -2017, de terna presentada por el expresidente Juan Manuel Santos-. La MOE hace un llamado para que en la elección que se llevará a cabo en el mes de septiembre se pueda solventar el desequilibrio histórico que afecta la igualdad de género en las más altas dignidades de la justicia colombiana”, concluyó Barrios.

Denuncia

De otro lado, la Red de Veedurías Ciudadanas anunció que denunciará penalmente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara a los nueve magistrados de la Corte Constitucional por los presuntos delitos de acoso sexual y laboral que se estarían presentando en ese Tribunal.

El anuncio de ese colectivo se conoce tras la revelación que hizo la propia corporación del informe “Las capas del Techo de Cristal: equidad de género en la Corte Constitucional”, que elaboró la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) a petición de la Corte.

En esa consultoría se concluye que en la Corte Constitucional hay por lo menos 12 personas, la mayoría mujeres, que han denunciado ser víctimas de acoso laboral y sexual por parte de altos funcionarios de la Corporación.

Por ello, la Red de Veedurías le envió a la Comisión una queja disciplinaria y una solicitud de investigación penal por acoso sexual en el ámbito laboral, petición que afecta a los nueve magistrados.

Pablo Bustos, director de la Red, dijo que se realizó la misma solicitud a la Fiscalía para que abra una investigación por los mismos hechos contra los funcionarios de la Corte Constitucional que no tienen fuero.

“Pedimos que se investigue a los casos a los magistrados de la Corte Constitucional que eventualmente pudieron estar incursos en la práctica de acoso sexual y laboral al interior de esa Corporación judicial. Se trata de que sirva como pieza angular para poder emprender una acción depurativa, frente al respeto de los derechos de género”, dijo.