Vastos sectores de la sociedad se mostraron en desacuerdo con el fallo de la Corte Constitucional que dejó sin efecto instaurar la cadena perpetua que aprobó el Congreso contra los abusadores y asesinos de niños y menores de edad. Sin embargo exfiscales y exmagistrados de altos Tribunales consultados por EL NUEVO SIGLO están de acuerdo con esta decisión, pues además de que la condena sería contraria a los principios de la Carta Política, subrayaron que las actuales penas son lo suficientemente severas como para castigar este tipo de delito.
La Corte Constitucional en un fallo dividido de 6 votos contra 3 tumbó la prisión perpetua al considerar que una pena de esta naturaleza viola la dignidad humana, atendiendo una de las tres demandas a las que les dio curso contra el Acto Legislativo 01 de 2020.
De esta forma el alto Tribunal acogió la ponencia que presentó en este sentido la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien señaló en la misma que el "Congreso de la República transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución, pues afectó un eje definitorio de la carta como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución".
La Corte señaló ayer en un boletín explicativo de la sentencia que “acoger ahora una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”.
- Le puede interesar: Se cayó en la Corte cadena perpetua para abusadores de niños
Expertos opinan
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, dijo que “era una decisión esperada por varias razones. La actual Constitución puso al ser humano en el centro de la protección jurídica del Estado”, y en ese sentido “tiene un principio fundamental que es el respeto a su dignidad”.
Arrubla subrayó que la Corte Constitucional lo ha dicho varias veces y la jurisprudencia que “el fin de la pena es resocializar, no es solamente afligir. Por lo tanto una pena de muerte o una cadena perpetua no se ajustarían a esa principialística que señala la Constitución del 91”.
Agregó que si se quiere insistir en ese tema habría que “rehacer la Constitución en una constituyente, cambiando los principios de esa Constitución. Pero además de eso tendríamos que salirnos del Pacto de San José porque allá están también en materia de derechos humanos consagrados los mismos principios y muchos otros pactos de carácter internacional”.
No obstante el jurista consideró que sería un ejercicio inútil porque ya existen fuertes penas para delitos tan graves como los abusos contra los niños y menores de edad, “que son prácticamente cadenas perpetuas. Actualmente para quien cometa un homicidio a un menor de edad o ese tipo de delitos, hay penas hasta de 90 y 100 años”.
Concluyó Arrubla que aquí el problema no es por falta de leyes sino porque hay impunidad por falta de investigación criminal debido a las deficiencias en el número de policía judicial.
Mientras que el exministro de Justicia y exfiscal General, Alfonso Gómez Méndez, indicó “estoy totalmente de acuerdo y sorprendido con las expresiones destempladas que hemos oído a propósito del fallo, como decir que ahora todo lo que le pase a los niños hay que achacárselo a la Corte Constitucional, cuando en verdad hay que explicarle a los colombianos que no es que no exista hoy legislación penal que se puede aplicar. Las penas son inclusive de 60 años sin beneficios para quienes cometan delitos que afecten a las niñas, niños y adolescentes”.
Consideró que “el problema no es la pena, el problema es que no hay a quién aplicársela por deficiencias en el sistema judicial colombiano, aunque últimamente ha habido algunas mejorías y resultados”.
Añadió Gómez Méndez que “este es un Estado absolutamente indolente en lo que tiene que ver con prevención frente a los niños abandonados, los niños con hambre, los que tienen que trabajar aún hoy en el siglo 21 en las minas. Nada de eso le preocupa a esta sociedad”.
Mientras que la exfiscal general Martha Lucía Zamora opinó que “me parece una decisión muy importante porque reconoce, y eso es lo más valioso, que el derecho penal no es la solución para todos los problemas, y el derecho penal debe aplicarse de manera razonable”.
- Le puede interesar: Sancionadas reformas a comisarías de familia y consultorios jurídicos
Agregó que hay unos parámetros constitucionales muy claros “en los cuales la cadena perpetua no puede ser considerada para ninguna conducta delictiva, aún unas tan graves como son” los abusos contra la niñez.
Zamora acentuó que “esta no es una manera de proteger a los niños, esto es contrario a los principios constitucionales, y creo que es una decisión que deja un precedente muy importante en materia del poder punitivo del Estado”.
Por su lado el ex vicefiscal General de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, dijo que “siempre ha sido mi posición reiterada de no compartir penas de esa naturaleza, por eso estoy de acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional. Creo que el grueso de los penalistas no están de acuerdo con penas de esa naturaleza, sin desconocer la gravedad de los hechos, la gravedad del dolor que sienten las víctimas, eso no se puede desconocer ni dejar de lado”.
Agregó Otálora Gómez, quien también se desempeñó como Defensor del Pueblo, que “lo que sí hay es que exigir de los estados que personas que tengan esos desequilibrios, esos graves problemas, que sean intervenidas y atendidas por el Estado. No a través del sistema penal ni el sistema penitenciario, sino de los diferentes sistemas de salud”.
Mientras que el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, destacó en Twitter que “está visto: el anuncio de penas como la prisión perpetua no arredra ni desalienta a los criminales. Tenemos suficientes normas, con penas altas. Que se cumplan. Denuncias, capturas, no impunidad. Y formación de una cultura de respeto y amparo a los niños en todo sentido”.