Durante esta semana se han escuchado diversas voces con respecto a lo que sucede con las tarifas de la energía, sobre todo en la Costa Atlántica. Ante ello, diversos representantes del Congreso pertenecientes a esta zona del país fijaron su posición.

Las alzas de la energía eléctrica registradas en capitales como Santa Marta llegaron a un 49,9%; en Riohacha 47,1%, Barranquilla 44,4%; Sincelejo 40,7%; Valledupar 40,4% y Montería 40,4%, entre otras, cuando la media nacional fue del 25,9%. Por eso los habitantes de estas ciudades de la región Caribe reclaman atención urgente del Gobierno nacional en este tema.  

EL NUEVO SIGLO habló con la representante Ana Rogelia Monsalve Álvarez, por la circunscripción de comunidades afro, quien manifestó que “la región Caribe pasa por uno de los peores momentos energéticos y no es por la prestación del servicio, sino por lo que cuesta”. 

La bancada parlamentaria del Caribe, que está conformada por los representantes Wadith Manzur de Córdoba, Alfredo Ape Cuello del Cesar y Yamil Aranda Padaui de Bolívar, le manifestaron a este Medio que desde que desapareció Electricaribe y están las empresas Air-e y Afinia, el costo de la energía en la región se ha vuelto excesivamente alto. 

Vale recordar que Afinia es una empresa prestadora del servicio de energía eléctrica, filial del Grupo Empresas Públicas de Medellín.

Acuerdos

Según documentos consultados por este medio, en el año 2021 el Gobierno nacional y la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG) hicieron unos acuerdos para que estos dos operadores administraran el servicio sin afectarse monetariamente como empresa. 

Lo anterior, explica la congresista Monsalve, es por lo que el servicio de energía lo prestan, pero a favor de ellos. “No pensaron en ningún momento si el ciudadano tenía la capacidad de pago para todo lo que orquestaron, y lo que hicieron fue una resolución que les permitía cobrar una tarifa diferencial en la región Caribe”, sostuvo. 

“Normalmente en un recibo de energía se paga la distribución, la comercialización, la transmisión y la generación; aparte de eso, se paga un cargo por pérdidas técnicas a la costa Caribe. Fuera de eso, a esa compañía le aprobaron las pérdidas no técnicas, ¿quién regula eso? Hasta el momento nadie lo dice”, explicó Monsalve.

Así mismo, la parlamentaria denunció que esos dos operadores han aumentado entre 450% a 520% las pérdidas no técnicas, y todo eso lo están cargando a los usuarios.

“En un país donde el 70% de la energía es generada a través de nuestro recurso, que es el agua -quiere decir que no tiene ningún valor su materia prima-, estamos pagando una de las energías más costosas”, recalcó la congresista.

Le puede interesar: Gobierno propone "descentralizar" servicios públicos para bajar costos

Control político

Monsalve Álvarez sostuvo que, como defensora de las clases minoritarias del país, teniendo en cuenta que la región Caribe es una de las de mayor pobreza, se pone al frente de la Comisión Quinta a la cual pertenece. 

“Cito a un debate de control político al ministro de Hacienda, al ministro de Minas, a la Superintendencia de Servicio Públicos Domiciliarios, al gerente general de Afinia y la CREG, ya que los operadores tienen una opción tarifaria, y hoy según la Superintendencia de Servicios Públicos, aún con el aumento de la tarifa, le estamos debiendo a esas dos empresas más de $700 mil millones por la diferencia de la tarifa, o sea, lo que les cuesta a ellos versus lo que están facturando; es muy grave la situación en el Caribe”, resaltó. 

Igualmente, la parlamentaria enfatizó en que la costa debe tener una tarifa diferencial. “Nuestro consumo de energía es mucho mayor, no es lo mismo que en Bogotá o en algunas ciudades del centro del país, donde el clima favorece más, que uno en la costa, donde debemos tener un ventilador prendido todo el tiempo; y eso no es un lujo, es una necesidad”.

“Me anima que el presidente Gustavo Petro diga que él va a revisar la situación de que a pesar que los embalses estén llenos la energía siga subiendo y eso debería regularlo la CREG, pero esa entidad no favorece al pueblo colombiano”, indicó. 

Este Diario obtuvo recibos de luz del mes de septiembre del año 2021, donde se evidencia que las personas pagaban $14.800 en su tarifa de energía, y en alumbrado público $9 mil, en un sector del área metropolitana de Barranquilla estrato 1. Luego se revisó la factura del mes siguiente y pasó a un valor de $170 mil, a los dos meses pasó a $178 mil, luego a $215 mil, después a $238 mil y en mayo de 2022 registró $544 mil.  

“¿Cómo se le dice a un usuario que su tarifa que era de $140 mil, que le sube a casi $1.000.000? Esta es la realidad de un hogar estrato uno y de todos los habitantes de la región Caribe”, concluyó la parlamentaria. 

Exageraciones

De otro lado, este Diario consultó a los senadores Mauricio Gómez y José David Name, quienes hace pocos días radicaron una proposición encaminada a aumentar el porcentaje de las transferencias eléctricas de las hidroeléctricas del país, para ayudar a subsidiar el servicio de energía de los estratos 1 y 2.

“Es inconcebible que estas hidroeléctricas estén haciendo uso de un recurso natural, el agua, que no tiene un valor comercial, como sí lo tienen el gas, carbón o gasolina que usan las termoeléctricas, y se encuentran inermes ante el aumento exagerado de las tarifas del servicio de energía”, argumentó Name. 

Para el senador Gómez se produce gran desigualdad social en la región Caribe, dado que “muchos padres quedan a merced de dos caminos, sobre los cuales deben tomar uno: o priorizar la educación de sus hijos, o pagar el recibo de la luz, por miedo o temor a que la empresa prestadora del mismo se los suspenda”. 

Por su parte, César Jaraba, comerciante de Barranquilla, le dijo a este Medio que siente que está trabajando para Afinia: “Me cambiaron el contador, pero de nada sirvió, la lectura de la factura es la misma del mes anterior y el recibo es de $2 millones. No tengo cómo pagar, cuando yo antes cancelaba $700 mil y luego $800 mil”.