Al conocer la preocupación de los alcaldes de la zona de influencia del Canal del Dique, la Procuraduría General de la Nación pidió al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava Sánchez, información sobre el plan de contingencia para mitigar el riesgo de inundación y el cronograma y presupuesto para llevar a cabo la reubicación anunciada por el Gobierno nacional.
Frente a las alertas emitidas por el Instituto de Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) sobre la probabilidad de que las condiciones del fenómeno de La Niña continúen inclusive hasta el mes de febrero de 2023, que para el caso específico del Canal del Dique generaría altos niveles del río Magdalena y Cauca, el ente de control solicitó conocer la manera en que se están articulando los municipios, la gobernación de Atlántico y la UNGRD para atender la emergencia y las acciones que se están implementando para cerrar el muro de contención El Cafiro, en San Estanislao de Kotska.
Asimismo, la Procuraduría pidió información sobre la entrega de ayudas humanitarias y conocer la coordinación que ha efectuado la unidad con la Agencia Nacional de Infraestructura para garantizar que se incluya la gestión del riesgo en el proyecto y que se dé una solución integral y definitiva.
El Ministerio Público enfatizó en la importancia de adoptar un verdadero mecanismo de participación que sea permanente e incidente en todas las etapas de la ejecución de esta iniciativa que tendrá un valor superior a $ 3,2 billones.
Acciones preventivas
Desde octubre de 2021 y por peticiones elevadas por la ciudadanía, el ente de control ha adelantado acciones preventivas en vigilancia al desarrollo del proyecto, en aras de velar por la garantía del derecho a la participación y a la prevención de desastres.
Adicionalmente, la Procuraduría alertó sobre la ausencia de acciones de mitigación y compensación para el corregimiento de Bocacerrada en San Onofre, Sucre, que estaban previstas para la planta La Camaronera.
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Así las cosas, el órgano de control requirió remitir las razones por las cuales serían privilegiadas las obras de protección para un sector y no para otro.
De otro lado, y aunque hace ocho días, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes González, anunció que el proceso de licitación de la APP del Canal del Dique quedaba suspendida hasta ayer 12 de septiembre, fue aplazada nuevamente para el próximo 30 de septiembre por una tutela.
Durante varios años la comunidad aledaña al Canal del Dique se ha visto afectada por las inundaciones. La más fuerte ocurrió en 2010, cuando el canal se desbordó y dejó a más de 120.000 familias damnificadas en el sur del Atlántico.
Para evitar tragedias como esta, que podrían volver a suceder este año por la segunda ola de invierno, se ha venido discutiendo la adjudicación del contrato para el proyecto “Restauración de ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Sin embargo, los costos ambientales serian altos, por lo que las comunidades se oponen.
Los ciudadanos entienden la importancia de la obra y admiten que es necesaria, pero les preocupa las repercusiones futuras.
Deuda histórica
Juan Pablo Vélez, presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC), habló sobre lo que representa esta obra para los departamentos donde tendría incidencia y que es considerada como “una deuda histórica que tiene el país con la región Caribe”.
“El Canal del Dique es un proyecto del que hemos venido hablando los últimos 50 años y creo que es momento de que se pueda materializar. Es importante generar espacio de diálogo con los distintos actores y grupos de interés que puedan tener observaciones, pero una vez realizado esto hay que avanzar con el proyecto”, manifestó Vélez.
El objetivo principal de esta obra es intervenir 115,5 km entre el municipio de Calamar (Bolívar) y la bahía de Cartagena para evitar la entrada de sedimentos y del caudal al sistema.