El viceministro de Política Criminal y Penitenciaria, Miguel Ángel González Chaves, expresó que la iniciativa que busca evitar censura a los comunicadores ya se había analizado desde el Consejo Superior de Política Criminal y Justicia Restaurativa en comité técnico del 2021 y recalca que se deben valorar los aspectos de la antijuridicidad que contempla el artículo 79 antes de seguir con al avance de este proyecto de ley.

“En lo que tiene que ver con el artículo 79 del archivo de evidencias, que tiene incidencia político criminal, en su momento el Consejo se iba a abstener de pronunciarse sobre este artículo, teniendo en cuenta que modificaba de cierta manera competencias de la Fiscalía; por tanto se tomó esa decisión”, dijo González. 

El viceministro aprovechó la audiencia pública que se desarrolló en la comisión Primera del Senado para hacer una observación donde argumentó que "ahora se abre la puerta para que se valoren los aspectos de la antijuridicidad, incluso de culpabilidad, que en principio corresponde al análisis de un juez de conocimiento y no al fiscal que viene adelantando el proceso. Es decir, permite al fiscal valorar aspectos adicionales a la tipicidad de la conducta y en principio es una reforma que va a disipar la lógica del mismo código". Señala que “el fiscal no es juez, ni puede emitir decisiones con fuerza juzgadas, por lo que la valoración de aspectos contenciosos como la culpabilidad son propios de un juez”, sostuvo el alto funcionario.

EL NUEVO SIGLO consultó al senador David Luna, del partido Cambio Radical, quien es uno de los ponentes del proyecto. Luna dijo que “para este periodo legislativo, damos continuidad a esta iniciativa a través de audiencias públicas para escuchar las diferentes inquietudes, opiniones y propuestas de expertos y periodistas para poder pasar a plenaria del Senado”, sostuvo.

A su vez, los miembros del Colegio de Abogados Penalistas señalaron, a través de un comunicado, que es importante no perder de vista que el buen nombre debe ser protegido.

Facilitar la tarea del fiscal

Por su parte, el exsenador Rodrigo Lara, quien estuvo presente en la discusión de la Comisión Primera del Senado, manifestó que desde el periodo pasado de sesiones se logró el trámite de primer debate. “Fue una discusión difícil que se logró aprobar a pesar de una dura obsesión de varios sectores políticos de oposición que es incomprensible”.

“Es una ley que necesita el país, la necesita la democracia y la prensa para poder ejercer libremente y sin presiones. Este es un artículo que efectivamente permite una terminación rápida y anticipada de procesos penales y civiles porque, digámoslo así, muy crudamente, se ha vuelto práctico, se ha vuelto costumbre, que cuando la prensa denuncia hechos de corrupción o al crimen muy organizado, sectores muy poderosos amparados en acciones judiciales legítimas con un propósito que no lo es, acosan judicialmente a los periodistas y esto se vuelve una espada sobre la libertad de prensa”, enfatizó Lara a este Medio.

Igualmente, resaltó que cuando no prosperan las tutelas a los periodistas los denuncian, y ya de por sí una denuncia penal es una intimidación. “Con este proceso lo que se busca básicamente es que el Fiscal pueda verificar muy rápidamente que están bajo circunstancias que pueden catalogarse como acoso judicial y tenga la autoridad de poder archivar muy rápido esas diligencias sin tener que agotar trámites”.

Lara argumentó que en la parte civil también se presentan situaciones muy similares, dado que la Corte Suprema de Justicia considera que la limitación de información que pueda ser calumniosa o injuriosa tiene un impacto a nivel nacional.

“Generalmente los abogados que tienen la agenda de acusar a un periodista, presentan una demanda por perjuicios ante la jurisdicción civil en lugares remotos donde reside el periodista, lo cual lo obliga a una serie de gastos para poder defenderse. Un ejemplo: si el periodista vive en la ciudad de Pasto, le pueden presentar la demanda en la ciudad de Bucaramanga o Riohacha, y lo llevan, lo agotan, lo acosan con un proceso que le implica gastos y terminan restándole fuerza y energía a ese periodista para seguir llevando a cabo su labor”, expresó. 

Hablan los abogados

De otro lado, Anna Luisa Walter, abogada y profesora de maestría de Derecho Internacional de la Universidad de los Andes, reconoció que el proyecto de ley es importante para reafirmar la libertad de expresión y de prensa, para la garantía de los sistemas democráticos y el avance hacia un verdadero estado de derecho.

Asimismo, Ana Bejarano, representante de los periodistas, dice que es fundamental acabar con el acoso judicial, ya que es el uso de las vías jurisdiccionales para generar censura y silenciamiento en asuntos que son de interés público y, por tanto, se viola el derecho a la información que tiene la ciudadanía. 

“Es importante ver que el acoso judicial no es un asunto solamente que afecta a los periodistas y a los medios de comunicación y por esa vía a la participación pública democrática, sino al mismo sistema judicial, porque en un sistema como el nuestro, donde hay congestión impresionante, carencia de vías y recursos para tramitar los conflictos sociales, por ahí se rompe el pacto social y estamos empleando las vías jurisdiccionales que no deberían ser judicializadas”, expresó Bejarano a este Diario.  

“Lo más importante de este proyecto es que exista una definición legal del acoso judicial. Esto se puede adoptar vía jurisprudencial, que los jueces empiecen a adoptar estos asuntos y a comprender la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos y a pronunciarse sobre el acoso judicial”, recalcó la representante de los periodistas. 

La censura

Desde hace décadas en Colombia los periodistas han sido asediados desde diferentes sectores. A raíz de esta situación, el Congreso de la República debate el proyecto “Anti-Slapp” que significa “Litigio Estratégico Contra la Participación Pública” (“Strategic Lawsuit Against Public Participation” en inglés), con el que se busca evitar censura a los comunicadores. La iniciativa la dejó radicada el exsenador Rodrigo Lara Restrepo en el anterior Congreso y pasó el primer debate.

Lo que pretende ahora es adicionar al código general del proceso, particularmente en el artículo 79, una nueva causal de temeridad o mala fe cuando se configure acoso judicial o litigioso.

Asimismo, busca facultar a los jueces de la República para emitir sentencias anticipadas cuando sea posible verificar en primera fase que la causa corresponde a un asunto judicial o litigioso.

De otro lado, este proyecto le apunta a facultar a la Fiscalía General de la Nación a archivar un caso cuando la causa corresponda a un ejercicio legítimo de la libertad de expresión o asociado a parte del sujeto activo.