Pese a las grandes expectativas que generó la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc en 2016, cada vez crece más la crisis de desplazamiento forzado y masivo en Colombia.
El reciente informe presentado por la Defensoría del Pueblo revela un incremento en el número de víctimas de este fenómeno respecto a los años anteriores, al igual que ocurre con los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados. Durante el primer semestre de este año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo, donde 44.290 personas se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto armado, pertenecientes a 15.340 familias, que tuvieron que dejar sus hogares. En el mismo periodo del año anterior se registró un total de 51 eventos de desplazamiento masivo, que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias.
El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero, explica cuál es hoy la realidad del desplazamiento y sus principales causas.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las zonas donde son más recurrentes los desplazamientos forzados?
MARCO ROMERO: La geografía de la crisis humanitaria, las hostilidades, violencia y desplazamiento, pero también del asesinato de líderes sociales, masacres y el confinamiento, está concentrada en el corredor básico colombiano de punta a punta.
Tenemos desplazamientos masivos en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, la zona del Urabá antioqueño; algunas de esas extensiones de crisis están en el Catatumbo, y en los últimos meses hemos visto que se extiende el radio de acción.
Hemos vuelto a ver situaciones de desplazamiento en Antioquia, como la zona de Ituango, la zona de Montes de María, que era un área que no tenía desplazamiento hace mucho rato; y parte de Caquetá y Putumayo. Desafortunadamente, se está extendiendo la crisis humanitaria luego de que se contrajo de manera drástica por la firma del Acuerdo de Paz.
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ENS: ¿Cuál es la diferencia entre confinamiento y desplazamiento?
MR: El confinamiento es un fenómeno de la misma naturaleza, lo que ocurre es que muchas veces, en zonas donde hay mucha presencia de grupos armados y donde el Estado aparece solo esporádicamente o solo aparece con Fuerza Militar, suelen darse situaciones de control en los grupos armados sobre la población, como en Ituango, donde hay presencia del ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las Farc; o en zonas como el Catatumbo, donde hay enfrentamientos entre el Eln, Epl y ‘Los Rastrojos’.
ENS: ¿Qué tan fácil ha sido el retorno de víctimas a sus territorios?
MR: El retorno en general de los desplazados ha sido muy difícil, solo conocemos pocos casos de retorno, muchos de ellos después del Acuerdo de Paz pero, en general, la mayor parte de la gente aún no ha tomado la decisión de retornar. Algunos deciden retornar porque en la ciudad no encuentran alternativas, más no porque haya garantías en los territorios de donde salió.
Con las condiciones actuales del país, los retornos tienen varios problemas, como la continuidad de la violencia y la ausencia de proyectos serios de sostenibilidad socioeconómica por parte del Estado.
ENS: Además de las Farc y el Eln ¿qué otros actores fomentan el desplazamiento masivo?
MR: Hay distintas dinámicas porque a veces hay enfrentamientos entre el Estado y los grupos armados que también producen desplazamiento; o la estrategia de militarizar los territorios, cuando la población piensa que va a ver un enfrentamiento armado y se va del territorio. También por amenazas de muerte, como ocurrió en Ituango; o por la disputa de territorios de lo que antes eran zonas Farc y ahora se las disputan disidencias y otras guerrillas, como las ‘Águilas Negras’, ‘Clan del Golfo’, y hasta el ‘Cartel de Sinaloa’.
ENS: ¿Qué fallas han presentado las políticas del Estado colombiano frente al desplazamiento?
MR: La sociedad colombiana debe ser consciente de que votar no a la paz tiene consecuencias. En Colombia, el triunfo del No se tradujo posteriormente en la elección de un gobierno que no cree en el acuerdo, que todo se gasta con sus esfuerzos en plantear propuestas de modificación unilateral, en hacer discursos contrarios al lenguaje del acuerdo, en cambiar la conceptualización del acuerdo, en no implementar los planes previstos como la reforma rural.
Claro que hay que perseguir la corrupción, las bandas criminales y el narcotráfico, pero hay una crisis social rural sin resolver, y este gobierno no tiene voluntad para avanzar por esa vía, pese a que el Acuerdo de Paz centró su principal esfuerzo allí.