Una rama de olivo del presidente Santos a la distensión política en medio de la campaña plebiscitaria sería ternar un conservador para el cargo de procurador general. Un conservador en quien confiara el Centro Democrático. Conservador o conservadora sin mácula alguna que pueda ofrecer garantías de imparcialidad absoluta en el debate presidencial que se avecina. 

Cercanías a jefaturas políticas en ejercicio no son saludables como tampoco sanciones previas -así hayan sido revocadas- del máximo órgano que adelanta la vigilancia del cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos. Estos hechos deben ser analizados con el rigor que merecen.

El Presidente tendrá que ponderar cuidadosamente lo que han sido las gestiones más exitosas y productivas del Ministerio Público en el pasado reciente. Teóricamente el jefe de la entidad es intérprete neutro de la ley pero la protección de abstractos intereses de la sociedad que plasma equívocamente el artículo 277 de la Constitución, sin definirlos ni erigirles parámetros, abre la puerta legítima a su ideologización. Alejandro Ordóñez -estemos de acuerdo con él o no- lo hizo con coherencia, honestidad, firmeza y brillo. Actuó dentro de su potestad constitucional.

El procurador debe tener el tino para interpretar ahora estado de la opinión y ordenamiento legal encontrando un punto de equilibrio entre los dos elementos. La Procuraduría ha tenido, además de Ordóñez, titulares eficaces como Rodrigo Noguera Laborde -conservador a quien en su momento el presidente Lleras Camargo literalmente rogó continuar en el cargo cuando tomó la decisión de renunciar-, Andrés Holguín, Mario Aramburo Restrepo –el del famoso jalón de orejas al presidente Lleras Restrepo-, Jesús Bernal Pinzón, Jaime Serrano Rueda, conservador con sus ocasionales regaños al presidente López Michelsen.

El conservatismo tiene las razones política e histórica para tener la Procuraduría. Dos nombres cumplen y rebasan las condiciones profesionales y éticas. Con el debido respeto se los sugiero al Presidente de la República.

Uno es Eduardo Pizano de Narváez, cuyo nombre no necesita presentación. Dicen los medios que su nombre viene siendo evaluado. Su vida pública exhibe la espina dorsal de la pulcritud y su actuación política, magnanimidad y propensión natural al entendimiento. Nos representa sin salvedad a todos los conservadores.

Si Pizano no le marchara, está Cristina Pardo Schlesinger, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, menos conocida por la opinión pero sí en las esferas estatal y académica. Magistrada auxiliar de dos importantes magistrados conservadores de la Corte Constitucional, Vladimiro Naranjo y Marco Gerardo Monroy, fue ternada para la magistratura por el presidente Álvaro Uribe. Con posiciones conservadores, fue nombrada por Santos en su cargo actual donde se ha distinguido por su experticia y moderación. No vacila en reafirmar sus convicciones.

Sería la primera mujer en ocupar la posición. La Procuraduría General es la institución de más antigua prosapia dentro de los organismos de control estatal. Nació en un decreto especial de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura cuando se necesitaba de un agente que promoviera la curación [de allí el nombre de la institución] de heridas tras la guerra y sirviera de puente entre enemigos en nombre de los intereses superiores de la sociedad.

Tanto si gana el Sí como si lo hace el No, un conservador como cabeza del Ministerio Público debe ser el puente que defina en letra exacta cuáles son los parámetros de una sociedad donde hay opiniones diversas. Nadie mejor que Eduardo Pizano y Cristina Pardo.

Los ternados por Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, profesionales muy distinguidos, tienen, el primero, los problemas complicados que revela María Isabel Rueda en su columna de ayer. Y el del Consejo de Estado, en adición de otro, su vinculo de parentesco con el codirector de un partido politico.