Uno de los grandes pulsos políticos y legislativos este año ha sido el referente a la autonomía presupuestal de los departamentos y municipios. Tras más de dos décadas de debates, promesas incumplidas de los gobiernos de turno y proyectos fallidos, este 2024 se pusieron sobre la mesa las dos más grandes apuestas al respecto.

Por un lado, el Congreso terminó aprobando al cierre del primer tramo de la tercera legislatura el proyecto de reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), que es el mecanismo que define el nivel de transferencias presupuestales de los ingresos corrientes de la nación a las gobernaciones y alcaldías.

La iniciativa, apoyada por la mayoría de las bancadas parlamentarias y el Gobierno, será aplicada en un plazo de doce años, contados a partir de la entrada en vigencia de una futura Ley de Competencias que definirá los gastos e inversiones que pasarán a estar a cargo de los gobiernos territoriales y ya no de la nación. De esta forma, los entes regionales, en un esquema gradual incremental, terminarán recibiendo el 39,5% de los ingresos corrientes. Hoy esas transferencias son del 26% y se utilizan para financiar servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.

La otra apuesta es un proyecto de referendo de autonomía fiscal que impulsan varios gobernadores, con el de Antioquia a la cabeza, y que busca que los departamentos recauden y manejen directamente los impuestos prediales y de patrimonio.

Aunque, inicialmente, no se le veía mucho futuro a esta propuesta de mecanismo de participación popular, lo cierto es que poco a poco el comité promotor fue sumando apoyos de distintos líderes regionales y locales en todo el país, al punto que días atrás presentó ante la Registraduría un poco más de 3,5 millones de firmas de respaldo a la convocatoria del referendo.

Se trata, sin duda, de un hecho político de alta significancia, no solo por la cantidad de apoyos ciudadanos logrados, sino porque esta iniciativa ha sido reiteradamente criticada por el Gobierno, que incluso la asoció con una cruzada opositora y no con un mecanismo para combatir el centralismo y profundizar el fortalecimiento institucional y presupuestal de las regiones.

Por el momento, hay que esperar que la Registraduría revise las firmas y verifique si superan el cinco por ciento del censo electoral vigente, que es de 40.826.868 ciudadanos habilitados para votar. Esto significa que se necesitan un poco menos de 2,1 millones de rúbricas válidas y, entonces, el proyecto de referendo sería remitido al Congreso para su respectiva aprobación o negativa. Dada la cantidad de apoyos presentados, es muy posible que sea viabilizado y enviado al Senado y la Cámara, que tendrán que decidir al respecto en pleno año electoral de cara a los comicios de 2026. A decir de los expertos, se ve muy difícil que los parlamentarios, en plena campaña, voten en contra de un mecanismo que favorecería la autonomía regional.

En ese orden de ideas, la iniciativa tendría altas posibilidades de ser aprobada en el Congreso el próximo año, luego de lo cual iría a revisión previa de la Corte Constitucional. Si llega a pasar ese filtro de exequibilidad, los colombianos serían citados a las urnas para definir un asunto de grandes implicaciones tanto en materia de arquitectura estatal como fiscal y presupuestal a corto, mediano y largo plazos.

Ya en la instancia de las urnas, el referendo de autonomía fiscal regional tendría que sumar más de 10,2 millones de votos y que la mitad más uno fuera por el Sí.

Estamos, como se ve, ante una coyuntura política y electoral muy compleja. Al igual que ocurrió con la reforma al SGP, que incluso aprobada continúa siendo objeto de múltiples alertas y reparos por parte de gremios, centros de estudios, tributaristas y otros sectores, el alcance de este proyecto de referendo también genera muchos debates.

En uno y otro caso hay una gran cantidad de elementos a considerar: el nuevo rol del Gobierno Nacional Central; el nivel de independencia funcional de las regiones; la realidad de los ingresos fiscales y los mecanismos de redistribución de recursos oficiales; la capacidad institucional y presupuestal de departamentos y municipios para asumir funciones y gastos hoy en cabeza de la nación; las grandes brechas de desarrollo e ingreso per cápita entre los departamentos y municipios; los índices de desigualdad y exclusión social…

Visto ello, no se puede reducir todo este tema a un pulso político más entre facciones gubernamentales y de oposición. Ese es apenas un pleito circunstancial. El fondo es lo que importa: ¿cómo encajará este referendo, si llegara a ser aprobado, con la implementación de la reforma al SGP? ¿Son complementarios o contradictorios? Esa es la pregunta que el país debe empezar a abordar de manera profunda y objetiva.