A solo horas de finalizar el 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social anunció el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el año 2025. Este ajuste, que combina un 5,2% correspondiente a la inflación acumulada a noviembre de 2024 y un 0,16% por actualizaciones en servicios y tecnologías en salud, busca garantizar la continuidad de los servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Sin embargo, ha generado controversia en diversos sectores.
Razones del ajuste y las críticas al sistema
La decisión, según el Ministerio, responde a inconsistencias en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que impidió realizar un cálculo más preciso. Entre los problemas identificados se encuentran:
- Incrementos abruptos en la severidad y frecuencia de servicios sin justificación histórica.
- Gastos certificados sin cierre de estados financieros.
- Pagos de medicamentos por encima de precios regulados.
- Elevados gastos médicos no justificados.
Estos problemas, además de ser recurrentes, han limitado la capacidad del Ministerio para establecer una UPC basada en información confiable, por lo que se recurrió al ajuste automático basado en la inflación, según lo estipulado por el Decreto Ley 4107 de 2011.
Perspectiva de los actores del sector
El ajuste ha recibido críticas de diferentes frentes. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que la insuficiencia de recursos podría agravar los problemas financieros de las EPS, que en 2024 cerraron con un déficit de 10,9 billones de pesos. Por su parte, movimientos como Pacientes Colombia y expertos en salud, como Augusto Galán Sarmiento, señalaron que la medida podría impactar negativamente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo, además de acelerar la fuga de talento médico del país.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, calificó los recursos asignados como insuficientes para cubrir los costos del sistema de salud, una crítica que se suma a los llamados de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) para fijar el incremento en al menos un 16,9%, considerando los niveles actuales de siniestralidad.
Impacto en el sistema y desafíos para el 2025
La falta de consenso en el cálculo de la UPC refleja un problema estructural en el sector salud colombiano. Expertos coinciden en que se requiere una revisión de la metodología de cálculo que incorpore ajustadores por condiciones de salud, incentivos al desempeño en la atención y un enfoque basado en la eficiencia en el uso de recursos.
Adicionalmente, movimientos sociales y académicos han instado al Gobierno a realizar un monitoreo más riguroso de los recursos asignados para evitar desviaciones y mejorar los indicadores de salud. Esto incluye la necesidad de evaluar tecnologías y pertinencia en los servicios cubiertos para optimizar el gasto y responder a las necesidades de los afiliados.