Cada vez resulta más evidente que la decisión del gobierno Petro es quebrar el actual sistema de salud. Lleva dos años y medio tomando medidas en esa dirección y, visto lo que está ocurriendo, se podría concluir, lamentablemente, que pareciera estar cerca de cumplir su objetivo.

“Si yo quisiera acabar las EPS ¿Sabe qué hago? No presento el proyecto de reforma a la salud. Dejo que pase lo que está pasando… Y entonces: chu, chu, chu, chu, chu… Eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente, EPS quebrada… sus afiliados tienen que, como lo han hecho hasta ahora, pasar a las que quedan. Y esa se cae. Y entonces ese mundo mayor de afiliados tiene que pasar a la que queda. Esa se cae. No es, sino esperar. Si yo quisiera eso, no es sino esperar”, diría el presidente Petro en alguna ocasión.

Una declaración que no pocos asocian a otra tanto o más controversial de su primera ministra de Salud, quien indicó que “… tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio”.

Hoy, el panorama es parecido a esas previsiones: las EPS arrastran un déficit presupuestal y funcional sin antecedentes; hay siete de estas intervenidas, incluyendo varias de las más grandes, dos de las cuales han pedido salir del sistema; la deuda de las entidades aseguradoras con la red de clínicas y hospitales ya bordea los 19 billones de pesos; muchas de las instituciones prestadoras de la atención médica están en crisis financiera y han tenido que restringir servicios, despedir personal y acumulan una cartera cuantiosa con terceros y proveedores; los pacientes denuncian que las citas con medicina general y especialistas se demoran eternidades, la autorización de procedimientos es viacrucis y afrontan un riesgo vital; desde hace más de un año se viene profundizando una escasez de medicamentos esenciales y complejos, sin que ningún plan de choque haya funcionado; el sector farmacéutico se ha visto obligado a restringir contratos y suministros por las cuantiosas deudas del sistema; igual ocurre con la proveeduría de muchos productos, bienes y servicios…

La crisis financiera del sistema, en particular de las EPS, tiene relación directa con dos elementos estructurales. El primero, el rezago en el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la cifra anual que reconoce el Estado, a través del fondo cuenta de la Adres, a las EPS para la atención de cada afiliado. Y, segundo, la demora en el reembolso de los llamados “presupuestos máximos”, que son los gastos adicionales en que incurren las aseguradoras por procedimientos médicos no cubiertos por el plan de servicios básicos en salud. Estos recursos deben ser reintegrados a las EPS desde el referido fondo-cuenta.

El reajuste de la UPC para 2025 venía siendo objeto de un fuerte debate en los últimos meses. Gremios, EPS, clínicas y hospitales, pacientes, industria farmacéutica, personal de salud, proveedores y otros actores del sistema venían urgiendo que el incremento de esa unidad de valor (que para 2024 fue de 12,01%) estuviera por encima, incluso, del 16%. Ese porcentaje, según los estudios técnicos, podría suplir parte del desfase financiero de los últimos años y lanzar un salvavidas al sistema. Sin embargo, al final de cuentas y pese a todos esos llamados e incluso a la intervención de la Procuraduría, el Ministerio de Salud y otras entidades oficiales determinaron que el incremento sería apenas de 5,36%, una cifra que resulta a todas luces insuficiente para sufragar el costo de la atención de cada afiliado y, por ende, prácticamente que constituye un misil a la viabilidad del sistema a corto, mediano y largo plazos.

Ese 5,36%, al decir de la mayoría de los actores del sistema, no responde a ningún criterio técnico realista. Incluso, ha sido señalado de caprichoso, subjetivo y sesgado política e ideológicamente. De allí la petición general al Gobierno para reconsiderarlo urgentemente y abrir una mesa especializada para analizar tan delicado tema. Entre tanto, ya se habla de demandas ante el contencioso-administrativo e incluso de acudir a la propia Corte Constitucional, que el año pasado ordenó al Ministerio de Salud actualizar el valor de la UPC y acelerar el giro de los “presupuestos máximos”.

Pese a todo ello, desde el presidente de la República para abajo, la respuesta del Ejecutivo era hasta ayer negativa. No atendía razones ni alerta alguna. Ni siquiera la de la asociación de pacientes que advertía que la crisis del sistema se agravará, afectando drásticamente la ya deteriorada calidad del servicio y hasta condenando a muerte a muchos colombianos. Como se ve, en su pulso político por sacar avante su proyecto de reforma de salud y desmantelar el actual esquema, la prioridad oficial no parece ser la vida, lamentablemente.