La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento de Giovanny Calderón Salazar, exagente del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), bajo la figura de miembro "de facto" de la fuerza pública. A través de esta decisión, la JEP le otorgó el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada.

Esta resolución fue emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) tras evaluar los aportes de verdad de Calderón durante una audiencia en noviembre pasado.

Calderón, quien desempeñó funciones similares a las de un miembro de las fuerzas militares en operaciones conjuntas, reconoció su responsabilidad en nueve de los diez crímenes investigados, ocurridos entre 2006 y 2008 en el departamento de Tolima. Los crímenes, que incluyeron asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, fueron cometidos por el Gaula Tolima, bajo el accionar del DAS.

El testimonio de Calderón fue clave para esclarecer el modus operandi de estos hechos violentos, lo que permitió identificar la participación de miembros del DAS, el CTI y la Fiscalía General de la Nación en la manipulación de las escenas del crimen y la legalización de asesinatos como bajas en combate. La JEP destacó que los aportes de Calderón superaron el umbral necesario para aceptar su sometimiento y avanzar en la ruta no sancionatoria del proceso.

El exagente ya enfrentaba dos condenas no ejecutoriadas en la justicia ordinaria por algunos de estos crímenes, mientras que otros permanecen en etapa de indagación. La colaboración de Calderón ha sido fundamental para avanzar en la investigación y esclarecer la implicación de distintos actores del Estado en estos crímenes de lesa humanidad.

Como parte de los beneficios otorgados, Calderón fue liberado bajo condiciones específicas y se levantó la orden de captura emitida en su contra por uno de los crímenes imputados. Sin embargo, su colaboración con la verdad y con la reparación de las víctimas continúa siendo un requisito clave para mantener su estatus de libertad condicional.

La JEP también ordenó a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) identificar y ubicar a las víctimas indirectas de los crímenes en los que Calderón estuvo involucrado, incluyendo la realización de pruebas de ADN para determinar el parentesco de la hija póstuma de una de las víctimas.

Con esta decisión, la JEP continúa su labor de esclarecer los crímenes ocurridos durante el conflicto armado en Colombia y de garantizar la reparación y justicia para las víctimas.