La Jurisdicción Especial para la Paz se encuentra en el ojo del huracán. En medio de la controversia por sus decisiones hay reformas que ya caminan 

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El rearme de algunos miembros de la extinta guerrilla de las Farc, entre los que están ‘Iván Márquez’ y ‘Jesús Santrich’, es una controversia más entre las muchas que han puesto en el ojo del huracán a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), no solo porque no pudo resolver previamente la situación de algunos de los disidentes sino porque la fuga habría dejado en evidencia algunas falencias en el alcance de esta jurisdicción.

A raíz de esto varios partidos anunciaron sendas reformas al mecanismo de justicia transicional, incluso el expresidente y senador Álvaro Uribe propuso que es necesario hacerle cambios profundos al acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc para evitar que vuelva a suceder un episodio similar.

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“Yo creo que hay que bajar esos acuerdos de la Constitución, capturar a esos bandidos donde estén, hacer unas reformas de la protección a los militares, hacer unas reformas para que los delincuentes de delitos atroces que quieran cumplir con esos privilegios que les dio Santos, por lo menos antes de estar en el Congreso, paguen una pena, esa que les pusieron que es visible que es la restricción de vivienda y movilidad”, aseguró Uribe, del Centro Democrático.

Así mismo, afirmó que a los integrantes de la disidencia hay que “capturarlos donde estén y hacer una gran reforma, una profunda reforma a esas normas que favorecen a Farc. Hay que tener mano firme contra esos bandidos, eso es lo que necesita este país”.

Dos reformas

Sin embargo, dos de las reformas al mecanismo de justicia transicional fueron radicadas por uno de los defensores del acuerdo de paz, el senador Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U).

La primera iniciativa es un proyecto que amplía el plazo en la ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz, con el fin de que los particulares -es decir terceros no combatientes vinculados al conflicto y que tienen algún proceso en la justicia ordinaria- lleguen a la JEP y puedan acogerse a sus beneficios.

“Esto cobija a los terceros civiles no armados, empresarios que hayan sido financiadores del paramilitarismo y sobre todo, a la inmensa mayoría de terceros civiles que tuvieron que pagar a los paramilitares, porque fueron sujetos de extorsión y fueron víctimas de fuerza mayor. Esos empresarios tienen derecho a cerrar su situación jurídica rápidamente ante la JEP y no puede permitirse que el plazo –que se vence mañana-, les quite esa posibilidad y queden sometidos exclusivamente a la justicia ordinaria”, indicó el autor.

La segunda iniciativa radicada busca que aquellos paramilitares que aporten una verdad nueva y esclarecedora en calidad exclusivamente de testigos comparecientes ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, tendrán un año para obtener un certificado de cumplimiento ante el sistema sometiéndose a los estrictos test de verdad que tienen las Salas de Reconocimiento de la Verdad, la Sala de Definición, la Comisión de la Verdad y el Sistema Integral de Justicia Transicional.

“Solo si obtuvieran ese certificado de verdad nueva y esclarecedora en favor de las víctimas, por ejemplo -los familiares de más de 100.000 desaparecidos que hay en Colombia y que tienen derecho a saber qué sucedió con sus seres queridos-, podrán acudir a su juez natural de Justicia y Paz para solicitar que se les aplique el sistema punitivo propio del sistema integral, que incluye la posibilidad de penas alternativas. Pero si esa verdad es incompleta o si le miente al sistema, habrán penas de cárcel puras y duras”, indicó el congresista. 

Según Barreras, “es indispensable que para cerrar el conflicto se conozca esa otra mitad de la verdad, pero con el estricto cuidado de que los paramilitares, aquellos que ya mintieron, que no dijeron la verdad o que no pudieron decirla o que engañaron al sistema, incluyendo los que fueron extraditados, puedan aportar esa verdad sin pretender utilizar a la JEP como ‘lavadero de sentencias’ ni tribunal de revisión. Su juez natural seguirá siendo Justicia y Paz y este proyecto no modifica en absoluto, ni la estructura, ni las funciones de la JEP”.

Sala para los militares

Por otro lado, la senadora Paloma Valencia ya había presentado un proyecto para crear en la JEP un tribunal que juzgue exclusivamente a los militares.

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“Sigo insistiendo en que los militares de Colombia se merecen un juicio justo. Yo no pido impunidad ni premio al crimen que no comparto, ni compartiría para nadie. Pero la justicia debe obedecer principios y no es aceptable que los militares que lleguen a la JEP tengan la alternativa de confesar el delito y quedar libres o de lo contrario tener que contratar un abogado y si pierden enfrentar 20 años de cárcel. Así como se les dieron prerrogativas a los criminales de las Farc debe haber un trato equitativo con los miembros del ejército que son quienes han ofrendado sus vidas por defender la democracia”.

La sala tendría primera y segunda instancia “con magistrados que conozcan el DIH, que conozcan los manuales operacionales de las Fuerzas para juzgarlos adecuadamente y que no tengan un sesgo político; porque los magistrados de la JEP, vale recordarlo, fueron elegidos por cinco personas que no representan a nadie en Colombia entre ellos tres extranjeros, muchos de los cuales de ideologías de izquierda. Creemos que debe haber jueces imparciales”.

Delitos sexuales fuera de la JEP

Ayer la Comisión Primera de Senado abordó la propuesta, que viene desde la legislatura pasada, que pretende que los delitos sexuales cometidos en el futuro contra los niños, niñas y adolescentes, sean conocidos únicamente por la justicia ordinaria sin posibilidad de acceso a una justicia transicional. Tras la aprobación en primera vuelta de este proyecto, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que “si en una eventualidad futura hay nuevamente un proceso de paz con grupos al margen de la ley jamás podrán volver a quedar en la impunidad delitos como el secuestro y el narcotráfico”. Dicho acto legislativo se suma al ya aprobado que prohibió que el narcotráfico, el secuestro y la extorsión sean considerados conexos al delito político.