El lunes se reunirá nuevamente en forma extraordinaria la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para definir una impugnación de competencias en el caso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Entretanto, este sábado el exmandatario completará dos meses cobijado por una medida de aseguramiento domiciliaria que su defensa considera injusta.
Como lo ha venido publicando EL NUEVO SIGLO, pese a que el último día de agosto la Corte le remitió a la Fiscalía el proceso que se le sigue al expresidente Uribe por incurrir presuntamente en los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el 22 de septiembre la juez 30 de Control de garantías, Clara Ximena Salcedo, que debe definir sobre la solicitud de libertad del exmandatario, consideró que es competente para tal asunto.
Sin embargo, la togada no puede pronunciarse de fondo hasta que la Sala Plena del alto tribunal dirima un recurso de impugnación de competencia en torno a cuál es el régimen penal aplicable en este caso: la Ley 906 de 2004, base del sistema penal acusatorio, bajo el cual se adelantan gran parte de los procesos en la Fiscalía, o la Ley 600 de 2000, es decir el antiguo Código de Procedimiento Penal.
Aunque la funcionaria consideró que se debe aplicar la Ley 906, en razón a que Uribe ya no es aforado constitucional porque renunció a su curul senatorial el 18 de agosto, debe ser la Corte, en Sala Plena, la que defina cuál es la legislación aplicable en este caso.
Suspensión
Este viernes, tal como estaba citada, la sala extraordinaria empezó a sesionar a las 10 de la mañana, pero los magistrados no llegaron a ninguna decisión. Luego de aceptar el impedimento del togado Luis Hernández, convinieron en que la reunión extraordinaria continuará el próximo lunes 5 de octubre.
Basándose en los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la jueza indicó que corresponde al máximo superior jerárquico definir el conflicto de competencias.
¿A qué se refieren esos artículos? El primero, en su inciso tercero, sostiene que es deber de la Sala Plena “resolver los conflictos de competencia en la jurisdicción ordinaria, que no correspondan a alguna de sus Salas o a otra autoridad judicial”. Y, el segundo, se refiere a que “los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación”.
Basándose en los artículos 17 y 18 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, la jueza indicó que corresponde al máximo superior jerárquico definir el conflicto de competencias
Según la juez Salcedo, “en cuanto se conozca un pronunciamiento y se determine claramente su sentido y si este es el de reafirmar la posición de esta funcionaria judicial sobre la competencia que ostentaría para conocer de la solicitud de libertad elevada en favor” del expresidente Uribe, “cuando así sea y cuando así se conozca, si ese es el sentido, atendida la necesidad de agotar este trámite de manera pronta, se dispondrá de manera inmediata a darle inicio a esa actuación”.
Debate
La decisión de la Sala, que podría tomarse el lunes, es absolutamente clave para definir la situación del exmandatario, quien como ya se dijo se encuentra en detención domiciliaria tras la medida de aseguramiento que le dictó la Sala de Instrucción de la misma Corte.
Desde la primera audiencia ante esta juez de Control de garantías quedó establecido que hay dos interpretaciones sobre el régimen aplicable. Tanto el fiscal del caso Gabriel Jaimes como la delegada de la Procuraduría, María Lourdes Hernández, así como el abogado defensor Jaime Granados reiteraron que el proceso debe regirse por la 906 de 2004, base del sistema penal acusatorio.
“Desaparecido el fuero constitucional y teniendo en cuenta que la presunta comisión de los delitos fueron cometidos posterior al 2005, cobra validez la aplicación de la Ley 906 de 2004. No hay razón de tipo jurídico que permita continuar en la Ley 600 del 2000”, dijo la jueza el 22 de septiembre, al ratificar que es competente para decidir sobre la libertad o no del exmandatario.
Sin embargo, el abogado Reynaldo Villalba, apoderado del senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, constituido en parte civil, así como el exfiscal Eduardo Montealegre y el ex vicefiscal Fernando Perdomo (que intervienen en el proceso en calidad de víctimas) han sostenido que si bien el proceso fue trasladado por la Corte a la Fiscalía (tras la renuncia de Uribe al escaño parlamentario y la consecuente pérdida del fuero constitucional), el régimen penal no tiene que cambiarse. Es decir, que el expresidente debe ser juzgado bajo la Ley 600 de 2000.
Lo que sigue
Como es inapelable la decisión de remitir a la Sala Plena de la Corte un auto para allí se defina qué régimen penal se aplica en este caso, entonces todo el proceso se congela hasta que el alto tribunal se pronuncie.
¿Cómo es el procedimiento ahora? No hay un plazo taxativo al respecto para que se pronuncie la Sala Plena. El mismo 22 de septiembre la jueza remitió, a través del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, el respectivo auto al máximo tribunal. Una vez allí, el caso se sometió a reparto entre el total de magistrados (es decir los de las salas Penal, Civil y Laboral), recayendo la responsabilidad de sustanciar el asunto al magistrado Gerson Chaverra, de la Sala Penal, quien debió tomarse un par de semanas para estudiar el caso y proyectar la ponencia que está siendo sometida a votación de la Sala Plena.
“No es un asunto fácil, pero como hay muchos magistrados que llevan pocos meses en sus escaños, no se puede proyectar un escenario en torno a lo que podría decidirse respecto al régimen penal aplicable en el caso Uribe… Sin embargo, le recomiendo revisar varias jurisprudencias tanto de la Suprema como de la Corte Constitucional (que también tiene velas en este entierro) en las que es claro que prima una línea jurisprudencial de respeto al sistema penal acusatorio… Pero como le digo, hay mucho magistrado nuevo, que ni siquiera llevan un año de ejercicio de la magistratura y es difícil proyectar hacia dónde se inclinará la balanza”, precisó una fuente cercana al alto tribunal. Tal podría ser el caso del magistrado Chaverra que, aunque registra un cuarto de siglo de experiencia en la Rama Judicial, solo tiene ocho meses como togado del máximo tribunal de justicia.
Como es inapelable la decisión de remitir a la Sala Plena de la Corte un auto para allí se defina qué régimen penal se aplica en este caso, entonces todo el proceso se congela hasta que el alto tribunal se pronuncie.
Otros expertos penalistas sostienen que no está descartado, incluso, que la Sala Plena considere que no le corresponde decidir sobre el tema y que debe hacerlo la propia juez de Control de Garantías dentro de su ámbito de competencia, más aun teniendo en cuenta que el alto tribunal fue el que remitió el caso a la Fiscalía tras perder Uribe el fuero constitucional. Es más, no se puede descartar que la Corte deba conocer el caso después. Esto si llega a producirse una sentencia condenatoria, una apelación a doble instancia y, por último, la casación, que es labor exclusiva del alto tribunal.
Así las cosas, solo cuando la Sala Plena dirima el conflicto sobre cuál régimen penal aplicar y remita el respectivo concepto a la juez 30 se pasará a definir qué instancia define la solicitud de libertad de Uribe: la propia juez Salcedo (al amparo de la ley 906) o el fiscal Jaimes (bajo la órbita de la ley 600). Todos los expertos penalistas sostienen que bajo el primer escenario, el expresidente estaría cerca de salir libre porque no se le han imputado formalmente cargos. En el segundo caso, el fiscal del caso sí puede privar de la libertad tras la diligencia de indagatoria, que Uribe ya cumplió ante la Sala de Instrucción.
Lo que decida la Sala Plena sobre el régimen penal aplicable dirimirá otro asunto clave del proceso: ¿cuánto de lo actuado por la Sala de Instrucción continúa siendo válido ahora en la Fiscalía?
Y, de igual manera, lo que decida la Sala Plena sobre el régimen penal aplicable dirimirá otro asunto clave del proceso: ¿cuánto de lo actuado por la Sala de Instrucción continúa siendo válido ahora en la Fiscalía? Para algunos juristas, si es por ley 906 Jaimes tendría que construir el proceso y el acervo probatorio casi desde ceros, decidiendo en primer término si hay mérito procesal y, en caso de haberlo, si se procede a interrogatorio y luego a imputación de cargos. Por la ley 600, se mantendría vigente gran parte del expediente.