El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una circular emitida por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que reglamentaba elementos para que en los procesos de clarificación de tierras, se pudiera acreditar la propiedad de los predios rurales.

La decisión se tomó tras una demanda de la Procuraduría General de la Nación, puesto que, según la entidad, la ANT estaba violando la reserva legal que existe sobre cuestiones como la apropiación y la recuperación de baldíos.

El ente público también dijo que esas reglas no tenían en cuenta la Ley 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, “al establecer una presunción de propiedad sobre bienes de los cuales no existe un historial de propietarios”. 

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En ese sentido, la corte determinó que la ANT no podía emitir un acto general que interpretara dichos requerimientos de acreditación, pues esta es tarea del legislador. Esto porque, a pesar que la entidad puede expedir actos con respecto a la clarificación de predios, no puede imponer reglas de manera general a toda la ciudadanía.

El Consejo de Estado, tal como lo solicitó el Ministerio Público, suspendió de manera cautelar el acto administrativo hasta que resuelva su validez jurídica.