A pesar de que fue aprobada ayer en plenaria del Senado por amplia mayoría la prórroga de la Ley 418 de 1997 o de orden público, la cual requiere el Gobierno nacional para adelantar las conversaciones con los grupos armados organizados criminales, en el marco de su política de paz, el proyecto sufrió una severa poda, hundiéndose aspectos como el servicio social para la paz, que sería una alternativa frente al servicio militar obligatorio.
El proyecto fue aprobado por 62 votos a favor frente a 13 en contra, y volvió a pesar la coalición de gobierno integrada por el Pacto Histórico así como los partidos Liberal, Conservador, La U y la Alianza Verde.
Entre las principales modificaciones al proyecto que hizo la plenaria del Senado está lo que establecía el parágrafo 7.º, en el sentido de que “los acuerdos, acuerdos parciales y protocolos que se pacten en el marco de los diálogos y negociaciones de paz del Gobierno nacional con grupos armados al margen de la ley, que tengan por propósito la consecución y la consolidación de la paz, constituyen una política pública de Estado, por tanto, es deber de las autoridades garantizar los mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento”.
La oposición representada en el Centro Democrático manifestó en el primer debate del proyecto inquietud con esta disposición, la cual fue modificada por la plenaria del Senado.
“Celebro que se haya aceptado la incorporación del cumplimiento de los requisitos constitucionales para poder convertir los acuerdos que se firmen con grupos ilegales o con estructuras armadas en acuerdos obligatorios”, dijo la senadora Paloma Valencia.
Añadió que “esto quiere decir que deben pasar (los acuerdos) por el Congreso o por un mecanismo de refrendación como garantías mínimas para la tranquilidad de los colombianos”.
En tanto que se hundió el artículo que creaba el servicio social para la paz, con el fin de que los jóvenes tuvieran una alternativa ante el servicio militar obligatorio.
El senador Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, lamentó que “por 39 votos contra 37, acaba de ser hundido el servicio social para la paz que reemplazaba el servicio militar obligatorio. Nos faltaron 3 votos. Tenemos que estar más pendientes. Increíble que el futuro de los jóvenes se pierda así. La derecha aplaudió feliz. Aman la guerra”.
Mientras que la senadora Angélica Lozano, de Alianza Verde, dijo que “duele perder este punto”. En tanto que la también senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, destacó que “junto con las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín, presentamos proposiciones que lograron la eliminación de los artículos 10 y 11 del proyecto de ley de paz total con el que pretendían sustituir el servicio militar obligatorio”.
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Indulto a 'primera línea'
También se hundieron dos artículos que habían causado gran polémica porque facultaban al presidente para indultar a personas condenadas por delitos cometidos en el marco de la protesta, quienes además podrían pasar a ser gestores de paz en este tipo de movilizaciones.
El Gobierno ya había solicitado el retiro de estos artículos debido a la discusión que generaron, pues las bancadas de oposición e independientes consideraron que se buscaba sacar de la cárcel a personas de la llamada tercera línea detenidas en las protestas del 2021.
El senador Ariel Ávila dijo que “la coalición de gobierno y los coordinadores ponentes tomamos la decisión el viernes, con el aval del presidente, de retirar los artículos 16 y 17, que obedecían a la figura de gestores de convivencia y los indultos frente a la protesta social”.
Sin embargo, el representante a la Cámara Alberto Tejada, junto con algunos de sus colegas del Pacto Histórico, anunció que hoy radicará un proyecto que busca otorgarle a esos encarcelados amnistía o indulto.
“Ese beneficio se otorgaría por una única vez y es aplicable a hechos que tengan relación con la protesta social del 2021”, precisó el representante Tejada.
Diálogo con reincidencia
Fue negada la proposición que buscaba evitar que el Gobierno adelante cualquier tipo de negociación y que conceda beneficios a los desertores del acuerdo de paz; estos son las disidencias de las Farc y las reincidencias de alias ‘Iván Márquez’, autodenominadas la Segunda Marquetalia.
En este sentido, no fue aprobada una proposición del senador Humberto de La Calle, quien fue jefe del equipo del gobierno en la negociación con las Farc, que derivó en el acuerdo de paz.
“Esto no es un tema personal, el mensaje me parece inadecuado porque es darle una oportunidad a quienes traicionaron el Acuerdo de Paz. Yo creo que es incorrecto el mensaje para el Eln, pero fui derrotado y le deseo suerte al Gobierno con este asunto”.
Por su lado, el senador Ariel Ávila dijo que “habrá dos tipos de procesos: procesos de paz y sometimientos a la justicia. Habrá acuerdos parciales en lo humanitario. Zonas de ubicación para dejación de armas. Gabinete para la paz con la finalidad de que haya recursos para las regiones”.
El proyecto sería votado este martes en último debate en plenaria de Cámara.