DENTRO de un mes, exactamente el 9 de diciembre, según el cronograma establecido por la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, empresarios y sindicatos deberán poner sobre la mesa sus propuestas para reajustar el sueldo básico que devengarán no menos de dos o tres millones de trabajadores en Colombia.

Aunque esta es una de las negociaciones más complejas para cualquier gobierno, la administración Petro tiene una serie de particularidades que hacen el proceso sui generis y más complicado.

De un lado, es la primera vez que hay un gobierno de izquierda en Colombia, de cuya coalición electoral base (Pacto Histórico) hicieron parte la mayoría de sindicatos, al tiempo que varios de sus senadores y representantes a la Cámara, que integran un bloque parlamentario mayoritario, tienen claros nexos con las centrales obreras. De otro lado, si bien no es la primera vez que hay un ministro de Trabajo con orígenes sindicales (Angelino Garzón o Luis Eduardo Garzón le antecedieron), no se puede negar que la actual titular de la cartera, Gloria Inés Ramírez, ha sido una de las más beligerantes dirigentes de organizaciones laborales y muy crítica de las políticas sectoriales de los gobiernos Santos y Duque.

En tercer término, es claro que Petro, en campaña, se comprometió con una serie de reformas laborales, pensionales y salariales de alto espectro con los sindicatos, las mismas que debe tratar de implementar a corto plazo, so pena de pagar un alto costo político y más aun teniendo a menos de un año los comicios regionales y locales, en donde hay mucho dirigente obrero que quiere lanzarse aprovechando el actual mapa político favorable a la izquierda…

De igual manera, ya hay algunos brotes de inconformismo en sectores de Fecode porque no se ha acelerado el enganche a la planta de profesores oficiales de miles de docentes que llevan años como provisionales…

A ello se suma que varios voceros sindicales han expresado cierta desazón porque la prometida reforma laboral, que restablecería el pago completo de horas extras, festivos y la jornada nocturna, solo se llevará al Congreso el próximo año.

Escenario complicado

Para no pocos analistas lograr un aumento concertado del salario mínimo para el próximo año no será nada fácil.

De un lado, el Congreso acaba de aprobarle al Gobierno una reforma tributaria que le permitirá recaudar más de 20 billones de pesos anuales. Reforma que los empresarios han advertido aumenta de forma drástica la tasa de impuestos al sector productivo, lo que golpeará su rentabilidad, limitará nuevas inversiones y muy posiblemente incremente el desempleo, que hoy se encuentra en 10,7%.

A ello se suma que el cierre de 2022 se caracteriza por una marcada devaluación del peso frente al dólar, tasas de interés al alza (el Banco de la República las subió ya al 11%), desaceleración económica (crecimiento del PIB este año llegaría máximo al 8%, inferior al récord del 10,6 del 2021) así como un riesgo de recesión a corto plazo.

Lo más grave es que la tasa de inflación que hoy se registra es la más alta en lo corrido de este siglo. Según el último reporte del DANE, el costo de vida anualizado (los últimos doce meses) ha crecido 12,22%, sustancialmente superior al del lapso anterior (octubre 2020-octubre 2021), que era del 4,58%.

El panorama se torna más complicado si se revisa lo que ha crecido la inflación este año (enero-octubre 2022), indicador que se ubica ya en 10,86%, más del doble del 4,34% del mismo lapso del año pasado. Falta sumar lo que crezca en noviembre y diciembre. Este dato es clave ya que la jurisprudencia constitucional señala que el reajuste del salario mínimo no puede estar por debajo de la inflación causada el año inmediatamente anterior. Es decir, que el incremento no puede ser ya menor a 10,86%, faltando los dos últimos dos meses.

A lo anterior se adiciona que hay múltiples alertas sobre lo que podría ser el impacto de un alza sustancial en el sueldo básico más allá de un porcentaje tan alto de inflación.

Un reciente estudio de expertos del Banco de la República, titulado “Efectos macroeconómicos del salario mínimo en Colombia”, advertía que cada punto adicional al crecimiento de costo de vida podría destruir 72.200 empleos y aumentaría la tasa de desempleo en 0,3 puntos porcentuales y la informalidad en 0,1 puntos porcentuales. Según la proyección, con datos de 2022, este incremento del mínimo llevaría la tasa de desempleo a 12,5% y de la informalidad a 42,6%.

Tanto Fedesarrollo como ANIF también han lanzado varias alertas al respecto. Hasta el propio ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ha recomendado ponderación y prudencia al respecto. Incluso algunos expertos traen a colación que el gobierno Petro debería mirar con ojo crítico si lo que está pasando este año no es consecuencia del último reajuste salarial del gobierno Duque.

“… En diciembre pasado el presidente Duque decidió aumentar el salario en 10,07% para 2022… Ello pese a que la inflación final de 2021 fue de 5,62%... Aunque el Gobierno lo presentó como un hecho de justicia con los trabajadores tras el duro golpe en el poder adquisitivo que produjo la pandemia, el aumento fue, en un año de muy baja productividad empresarial, más de cuatro puntos por encima de la inflación, todo para llevar el sueldo básico al piso sicológico del millón de pesos (incluso hubo cierto trasfondo político y electoral) … Y vea hoy las consecuencias: la inflación más alta en dos décadas y no le podemos echar la culpa de todo ese pico a la guerra en Ucrania y su impacto en carestía de alimentos, agroinsumos, altos precios de hidrocarburos y elementos importados… El aumento salarial del 10% también tiene aquí su cuota de responsabilidad”, dijo a EL NUEVO SIGLO en un experto en temas laborales, que pidió la reserva de su nombre.

¿Entonces?

Como se dijo, lograr un consenso en el aumento salarial no será nada fácil. De hecho, desde 1997 sólo se ha concertado en ocho ocasiones el incremento del sueldo básico.

Petro, es claro, no puede bajarse del 10,86%, que ya de por sí es superior al concertado entre Duque, empresarios y sindicatos el año pasado.

En esta ocasión las centrales obreras no han adelantado cuál podría ser su propuesta inicial, pero fuentes sindicales indican que no sería inferior al 15% (en el caso más bajo) o podrían solicitar de entrada un 16, 17 o 18%.

Se sabe, incluso, que hay división sindical entre quienes sostienen que las centrales obreras deben apostar por favorecer un acuerdo en la Mesa de Concertación, como una especie de ‘cuota inicial’ para que el Gobierno pueda encontrar menos resistencia empresarial ante las reformas pensional y laboral del próximo año.

Otros dirigentes, por el contrario, advierten que el reajuste debe estar dos o tres puntos por encima de la inflación, que tiene contra la pared a muchas familias. Recuerdan, incluso, lo que pasó en el gobierno Duque: para este año aumentó 10,06% con una inflación de 5,62% (concertado); para 2021 decretó un reajuste del 3,5%, con una inflación de 1,61% (la más baja en décadas recientes); para 2020, otra vez por decreto, incrementó el 6% pese a tener un costo de vida del 3,8%; y para 2019 (esta vez por concertación) subió el 6%, con una inflación causada de 3,18%.

Algunos gremios, a su turno, no solo han advertido desde ya sobre el inminente riesgo recesivo y lo que será el duro impacto de la reforma tributaria en rentabilidad, inversión y empleo, sino que alertan que la productividad (factor que se le suma a la inflación como base del reajuste salarial) difícilmente sería muy superior al del año pasado (1,19%). Señalan que en este 2022 la economía se ha desacelerado en el segundo semestre, pese a crecer 10,6% en el primero. A ello suman, el costo de nómina que tendrá el que a partir de enero la jornada laboral en Colombia pasa de 48 a 47 horas, según la reforma aprobada en el gobierno Duque.

Visto todo lo anterior, se evidencia que lograr una concertación tripartita sobre el aumento salarial para 2023 no será nada fácil y hará falta mucha voluntad política de Gobierno, patronos y sindicatos para lograrlo.