Ante los temores y la zozobra que la actual desinformación genera para los habitantes de las poblaciones aledañas al proyecto de Hidroituango, por la puesta en marcha progresiva de dos de sus ocho turbinas, la Procuraduría intensificó la vigilancia sobre el proyecto y las acciones preventivas en materia de gestión del riesgo de desastres. 

Por esto, en la sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, el Ministerio Público hizo énfasis en que bajo el principio de planeación, se deben establecer aspectos fundamentales tales como: un censo preciso de las personas a evacuar de manera temporal de las zonas consideradas de alto riesgo, su lugar de trasladado, la temporalidad de la evacuación, el cuidado y, protección de sus bienes y demás derechos fundamentales. 

Igualmente y debido a la incertidumbre que ronda a los residentes de Valdivia, Cáceres, Tarazá, Caucasia y Nechí, y al no tener claro cuál va a ser su futuro,  la Procuraduría hizo un llamado a EPM, a las autoridades departamentales y municipales a “establecer protocolos de comunicación veraces, claros, oportunos y efectivos, incluyendo canales de comunicación disponibles las 24 horas, con un mensaje tranquilizador y unificado de la institucionalidad para difundir los avances, alertas y decisiones tomadas respecto al proyecto de forma masiva, garantizando que la información llegue a todos los habitantes”.

De igual manera, el organismo de control queriendo verificar la capacidad de respuesta institucional y comunitaria, ha insistido en resaltar la importancia que tienen los voceros comunitarios al representar a juntas de acción comunal, comunidades indígenas, asociaciones campesinas, pescadores y consejos comunitarios que desarrollan una labor vital en la difusión del mensaje.

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Por otra parte, la Procuraduría ha insistido en llevar a cabo los simulacros de evacuación y en la entrega de los resultados de las pruebas antisísmicas del macizo rocoso lo antes posible.

Advirtió que ante la precariedad detectada en dichas poblaciones de la falta de un plan municipal actualizado y adecuado para la atención de emergencias, se hace necesaria la ayuda a los alcaldes por parte de la Gobernación de Antioquía  y, si se supera su capacidad de respuesta,  la de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La Procuraduría resaltó la importancia que supone Hidroituango para el país y seguirá insistiendo en la realización de todas las pruebas y los mecanismos posibles para garantizar los derechos de los pobladores, así como la ejecución del mismo proyecto.

Jornadas de evacuación

Cabe recordar que mañana desde las 9:00 de la mañana EPM adelantará el simulacro que involucrará a personas de cuatro municipios ubicados aguas abajo del proyecto.

“El simulacro tiene como propósito continuar con la tarea que EPM viene desarrollando desde 2014, según lo establecido en el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del Proyecto Ituango”, señaló Empresas Públicas el fin de semana.

Además, se pretende dejar la capacidad instalada, con las 3.500 personas que serán involucradas en el simulacro, sobre prevención y gestión del riesgo aguas abajo. El plan de evacuación fue diseñado por la Cruz Roja.

De acuerdo con EPM, el simulacro se realizará en los corregimientos de Puerto Valdivia (Valdivia), El Doce (Tarazá) y las veredas Palestina y La Cristalina del municipio de Briceño, así como en La Rica y Torrente, de Ituango.

Por su parte el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sostuvo que “no habrá una decisión sorpresiva, no va a producirse una prueba que pueda generar algún riesgo, ni mucho menos el momento del encendido, sin que las comunidades sean suficientemente informadas y no solo informadas, sino preparadas”.

Sobre la entrada en operación del proyecto, el gerente de EPM acotó que es posible que se pueda extender más allá del 30 de noviembre, fecha límite para cumplir con el cargo por confiabilidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).