La Contraloría General de la República, a través de las herramientas tecnológicas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), logró rastrear y encontrar hasta ahora 1.638 predios con medida de extinción de dominio que hoy no están siendo administrados por nadie, cuando debían estar a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El organismo de control está ahora en la tarea de determinar el valor catastral de esos predios, que incluyen apartamentos, casas, fincas, lotes, bodegas, y hasta un centro comercial situado en Bogotá. Con corte a septiembre de 2022, la SAE tiene bajo su administración 32.873 inmuebles.
Señala la Contraloría General que la Diari ha establecido que no es tan cierto que los predios administrados por la SAE estén perdidos.
Más que bienes perdidos, lo que hay son bienes que no fueron entregados para administración. Y esa falta de administración no es responsabilidad de la SAE sino de los entes de control, que de 2012 al 2014 no hicieron las debidas investigaciones sobre los faltantes en el inventario de predios.
Los resultados
Asimismo, la Diari revisó la situación de unos 25 mil predios y a la fecha lleva analizados unos nueve mil, determinando hasta ahora lo siguiente: hay 6.634 predios que tienen medida cautelar de extinción de dominio, 2.465 sobre los cuales la Fiscalía ha declarado improcedencia y han sido devueltos a sus dueños y, finalmente, 1.638 que están huérfanos (se encuentran con medida cautelar de extinción o suspensión del poder dispositivo, no los tiene la SAE y no se sabe cuál es su estado).
Referente a la situación de los predios con improcedencia, hay una reflexión de parte de la Contraloría: “Algo está pasando con la justicia, cuando de 100 predios que se incautan, se devuelven 35. ¿Acaso la imposición de medidas cautelares no tiene el suficiente rigor investigativo? Y es un riesgo porque el Gobierno gasta en administrar estos predios y al final toca devolverlos, sin contar con las posibles demandas de los afectados por la imposición de medidas cautelares”.
Sostuvo en su investigación la Contraloría que, de los certificados de tradición y libertad revisados con medida cautelar de 2014 para atrás, se han encontrado 1.638 nuevos predios y hay 264 destinados a fines de reforma agraria; es decir, que se les extinguió el dominio y se entregaron a entidades como el Incoder.
Una inquietud que plantea el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, es precisamente ¿qué ha pasado con estos predios entregados a entidades públicas?
Señala el contralor que, “en este sentido, la Diari tiene la intención de mirar más adelante esto. Por ejemplo, qué hizo el Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) con estos predios y cuántas familias se han beneficiado de los predios extintos a favor del Estado”.
Sostuvo la Contraloría General en su informe que un ejercicio adicional que está realizando la Diari es analizar los predios rurales de la base de datos a septiembre de 2022 que entregó la SAE y calcular cuántas hectáreas útiles tenían, que no están en expansión urbana, que no son de uso residencial campestre, de recreo o de alojamiento (hotel).
En forma preliminar, haciendo una sumatoria, se determinó entonces que hay 310 mil hectáreas de predios que pueden tener fines agropecuarios o de conservación en reforestación.
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Lupa en la SAE
Hace dos semanas, la Contraloría hizo público un informe en el que ponía lupa en la SAE sobre los bienes incautados a la mafia y a las organizaciones criminales. A través de un estudio sectorial, el ente de control dio cuenta de una serie de riesgos fiscales e irregularidades en la entidad.
La Contraloría señaló que la SAE no tiene certeza sobre el estado físico del 57,5% de los bienes inmuebles (como casas, edificios, parqueaderos, fincas) registrados en su inventario. Es decir, 16.283 propiedades. Por otro lado, la entidad encontró que existen 581 bienes inmuebles, con una extensión significativa en hectáreas, cuyo avalúo catastral está registrado por debajo del millón de pesos.
“El valor del avalúo catastral registrado por la SAE de 1.316 bienes inmuebles es mayor que el avalúo comercial, diferencia que asciende a los $195.484 millones, cifra que puede interpretarse como una subvaloración de los bienes desde el punto de vista comercial”, señaló el órgano de control, a través de los primeros resultados de las auditorías que adelanta.
En otro de los puntos clave, la Contraloría da cuenta de que no se ha gestionado en debida forma la entrega de bienes de las extintas Farc, uno de los compromisos de la guerrilla tras firmar el Acuerdo de Paz en 2016. Por otro lado, en materia de asignación de arriendos, la Controlaría encontró concentración de bienes. Cinco depositarios superan el tope máximo de asignación establecido y 25 arrendatarios superan el tope máximo en materia de sociedades (empresas).