Pese a que el Consejo Nacional de Contralores hizo una advertencia a la Procuraduría General de la Nación para que se indaguen las acciones realizadas por los Concejos y Asambleas del país, se continúan registrando irregularidades en los procesos de selección para elegir a los nuevos contralores departamentales y municipales que tendrán vigencia en el periodo 2022-2025.

Uno de los casos que causó impacto a nivel nacional fue en el Concejo de Neiva, donde el presidente Deiby Martínez y la primera vicepresidenta Leyla Rincón desistieron de sus funciones como cabildantes, tras las denuncias públicas sobre presuntas irregularidades en el proceso de elección de la universidad que realizará la prueba a los aspirantes al cargo.

El director del Observatorio “Concejo Visible” de Neiva, Yilber Saavedra, le dijo a este Diario que “este tipo de procesos se tuercen precisamente en la universidad, pues de no ser confiable se presta para otorgar puntajes inmerecidos o dar a conocer las preguntas anticipadamente a quien quiera hacer ganar”.

Además, indicó que el principal error que cometió la Mesa Directiva de la corporación fue que “solo hayan dejado en el presupuesto 50 millones de pesos para contratar a la universidad, eso implica que ninguna de gran prestigio se presentará a la convocatoria, pues los costos alcanzan los $150 y $200 millones de pesos”.

Un caso similar se presentó en Medellín, donde el concejal Alfredo Ramos presentó una acción de tutela ante el Juzgado 12 Administrativo porque, al parecer, el Tecnológico de Antioquia, universidad escogida por la corporación, no tiene las suficientes garantías para llevar a cabo este proceso con total transparencia. Además, señaló que esta alma mater tiene varios contratos con la Alcaldía de Medellín, por lo que considera que vería permeada la elección.

Asimismo, en Floridablanca (Santander) se presentó un acto irregular en el puntaje del examen de conocimientos, donde el ganador obtuvo 59/60 puntos, lo que generó dudas por parte de los organismos de control sobre la forma en la que el Concejo deliberó la elección; otras regiones del país como Cauca, Norte de Santander y Risaralda también tuvieron situaciones similares.

Frente a esto, EL NUEVO SIGLO consultó con los voceros de asociaciones o juntas nacionales de contralores para conocer a fondo por qué se suspenden estos procesos, a falta de un mes para que finalice este año.

Interpretación de los cabildantes

Inicialmente, la presidenta de la Asociación de Servidores Públicos de los Órganos de Control de Colombia (Asdeccol), Blanca Ramírez de Salazar, resaltó que la suspensión radica en el manejo que brinda la corporación, sea Concejo o Asamblea.

“Cabe señalar que no todos tienen el mismo procedimiento para seleccionar al funcionario público; en otras palabras, no tienen el mismo racero. Hay concejos que entendieron la norma, convocaron y están haciendo su proceso; hay otros en los cuales pues han venido demandas, sanciones, etc., porque eso viene del manejo que le den”, explicó la directora.

Igualmente, recordó que “el Acto Legislativo 04 de 2019 dijo que se convocaría un concurso, y la entidad o universidad que lo hiciera entregaría una terna, y de esa terna, el Concejo o Asamblea nombra al contralor correspondiente. Pero resulta que hay unos que interpretan que la universidad solo aplica para el examen de conocimientos y que ellos pueden armar la terna como quieran; entonces, de ahí provienen las demandas, sanciones, órdenes judiciales, entre otros”.

Asimismo, mencionó que en las anteriores legislaturas del Congreso no se aprobó un proyecto de ley que facultaba a las corporaciones para la elección de los funcionarios públicos en los territorios, sin necesidad de realizar concurso de meritocracia como se realiza en la actualidad.

Le puede interesar: Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático

“El Congreso de la República no quiso votar la propuesta de iniciativa de los trabajadores, en el sentido de que el nombramiento de los contralores saliera del marco de concejos y asambleas, y no de que sencillamente fuera mediante un concurso de méritos; no obstante, a última hora, el Senado se opuso, pese a que la Cámara había dicho que sí. Entonces, no lo quitan de las manos de los órganos de control político pero le meten un poquito de meritocracia, quedó ahí como que cada cual lo está interpretando como quiere”, señaló.

Ramírez añadió que, por el momento, no van a presentar la iniciativa en la célula legislativa, mientras avanza la presentación del proyecto de fortalecimiento presupuestal que mandata la Constitución para las contralorías departamentales. Sin embargo, indicó que “habría que examinarse si hay voluntad política en el Congreso de acabar esta situación de clientelismo que se presenta en las regiones y hacer un nombramiento exclusivamente meritocrático, mucho más técnico”.

Responsabilidad en la suspensión

Por su parte, el presidente de la Junta Nacional de Contralores, Carlos Fernando Pérez, aseguró que las irregularidades en los procesos de selección han tenido mayor responsabilidad por parte de los Concejos y Asambleas, lo que ocasiona que influya en la decisión de los jueces para la suspensión de la misma.

“El caso es que han existido tantas denuncias y varios de los aspirantes han presentado tutela, entonces, los jueces han fallado la suspensión de los procesos para que corrijan, porque han tenido demasiadas anomalías en las corporaciones, y eso hace pensar que no han hecho las cosas de la mejor manera, no han obrado con transparencia, no le han dado las garantías a cada uno de los participantes de estos procesos”, manifestó.

De igual manera, enfatizó en que uno de los grandes problemas para que la elección no se lleve a cabo se encuentra en la postulación de personas que presentan líos judiciales o están inhabilitadas para ocupar cargos públicos en el país. “Cómo es posible que se presenten personas en las universidades que tendrían que ser excluidas de los listados porque están inhabilitadas. Son personas que están dañando y generando más costos al proceso”, expresó.

Finalmente, Pérez hizo un nuevo llamado a la Auditoría General para que advierta a las corporaciones sobre estas irregularidades y verifique que los procesos de selección del cargo público que se realizan en sus territorios se hagan de forma transparente.

Advertencia de la Procuraduría

Cabe recordar que la Procuraduría General requirió a las asambleas departamentales, a los concejos municipales y distritales, y a siete universidades contratadas para adelantar el concurso de contralores territoriales, toda la información acerca de este proceso que se desarrolla en todo el país, mediante la copia de los convenios o contratos suscritos con las instituciones de educación superior, así como los mecanismos dispuestos para garantizar la objetividad, transparencia y el uso adecuado de la cadena de custodia de las pruebas.

Las instituciones que fueron citadas por el Ministerio Público fueron las universidades Nacional de Colombia, Francisco José de Caldas, de Cartagena, del Atlántico, de la Costa, San Buenaventura, Pedagógica y Tecnológica de Tunja.