A través de una circular, el Gobierno nacional emitió las directrices para que las entidades públicas del orden nacional y territorial puedan ejecutar contrataciones directas de personas naturales, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales y de Congreso de la República.

El director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, expresó que la circular “es una guía que permite dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías) y que le sea útil a las entidades a la hora de dar cumplimiento y garantizar que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes para los electores”.

Además, el funcionario indicó que se busca evitar que el voto de la ciudadanía se vea influenciado por la acción u omisión de los servidores públicos, así como de garantizar la objetividad y transparencia en las decisiones administrativas e impedir que el empleo y contratación pública sean utilizados para la obtención de votos de los funcionarios o sus cercanos.

De igual forma, la norma busca proteger al empleado que tiene una inclinación política distinta al nominador, e imposibilita que las vinculaciones al Estado se utilicen como un mecanismo para buscar favores políticos durante las próximas contiendas electorales.

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Finalmente, Alvis Barranco advirtió que el plazo máximo para que se efectúen contrataciones directas de personas naturales con el Estado será hasta el próximo 29 de enero del 2022.

Hay que mencionar que el Consejo de Estado tendrá la última palabra frente a la demanda presentada por un ciudadano en el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá quien denunció supuestas irregularidades en el trámite legislativo del Presupuesto General de la Nación, donde se incluía la modificación a la Ley de Garantías.

Sin embargo, el pasado lunes un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló la orden emitida por el ente judicial que ordenaba al mandatario abstenerse de sancionar dicha ley. “La remisión inmediata del expediente al Consejo de Estado ya que de la revisión y estudio del proceso allegado por correo electrónico se comprueba que en el asunto no se vinculó al señor presidente de la República, doctor Iván Duque", se lee en el documento.

En el fallo del juzgado bogotano se aclaró que dicha restricción estará vigente hasta que la Corte Constitucional conozca de la demanda de acción pública de inconstitucionalidad que presentó este ciudadano.