Una denuncia presentó en las últimas horas ante Human Rights Watch el senador David Luna, por la grave situación de orden público que dijo sufre el país. En una carta dirigida a la colombiana Juanita Goebertus, directora de esta ONG en lo que corresponde a la División Américas, solicitó pronunciarse sobre el asunto para presionar al Gobierno a tomar medidas inmediatas.

 En su misiva, el senador del partido Cambio Radical expone la escalada de violencia que ha afectado al país en los últimos meses. Según el  documento,  el incremento de la criminalidad, el crimen organizado y las violaciones a los derechos humanos ha causado un grave impacto en la población civil, especialmente en las regiones más vulnerables, donde la respuesta de las autoridades, sostuvo, ha sido insuficiente.

Luna acudió a cifras para mostrar la crisis de orden público en varias regiones del país. Explicó que en 2024 se han reportado al menos 37 masacres, con un saldo de 120 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños.

Añadió el parlamentario en el documento que “el reclutamiento forzado de menores por grupos armados ilegales ha registrado 101 casos documentados este año. Subrayó también que el resurgimiento del secuestro ha afectado a más de 60 personas en el último año, incluyendo 15 personas secuestradas en un solo día en el departamento de Arauca”.

El senador Luna hizo un llamado a Human Rights Watch para que utilice su
influencia y plataforma internacional para exigir al Gobierno nacional que cumpla con su deber de proteger la vida y seguridad de los ciudadanos, derechos consagrados en la Constitución de 1991.

Para Luna, la intervención de Human Rights Watch sería crucial para presionar al Gobierno a tomar medidas inmediatas y efectivas en respuesta a la grave situación de orden público.

Human Rights Watch indicó en un informe sobre el año 2023 que “los abusos de grupos armados, el acceso limitado a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente entre las comunidades indígenas y afrodescendientes, continúan siendo problemas de derechos humanos preponderantes en Colombia”.

Agregó que el Acuerdo de Paz de 2016 entre las Farc y el Gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, “la violencia adoptó nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados aumentaron en muchas zonas remotas y alcanzaron niveles similares a los que existían inmediatamente antes del proceso de paz. Casi un año y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de paz total no ha logrado reducir los abusos de grupos armados contra la población civil”, señaló la ONG.

Acción de los grupos armados

Según cifras de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), en lo que va del presente año han sido asesinados 97 líderes sociales. Así mismo, les han quitado la vida en el mismo lapso a 17 firmantes del Acuerdo de Paz del 2016.

A mediados de junio pasado, en un debate de moción de censura en su contra en la Cámara el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aceptó que hay una crisis de seguridad en el país, la cual atribuyó en parte a que “los grupos armados ilegales se han aprovechado de los ceses al fuego pactados con el Gobierno nacional”.

El director del Instituto de Ciencia Política de Colombia (ICP), Carlos Chacón, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “el balance en materia de orden público y seguridad tras dos años del gobierno de Gustavo Petro es desfavorable. La política de 'paz total' ha sido criticada por su ineficacia en desarticular estructuras criminales y en garantizar el sometimiento a la justicia de los grupos armados ilegales. En lugar de desmovilizar a estos grupos y desmantelar las economías ilícitas, se ha permitido su consolidación territorial y el fortalecimiento de su poder operativo”.

Agregó que “los informes de la Defensoría del Pueblo y otras entidades oficiales, así como el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Consejo Nacional Gremial, indican un incremento en la presencia de grupos como el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc en más municipios, así como un aumento en delitos como extorsiones, secuestros, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. Este contexto refleja un ciclo de violencia que afecta gravemente la estabilidad democrática y la seguridad de los ciudadanos​​”.