La actividad de control político del Congreso comenzará esta semana en forma en esta nueva legislatura con un debate sobre la fallida licitación de pasaportes, que ha sido uno de los grandes dolores de cabeza del Gobierno, por la que Álvaro Leyva tuvo que salir del cargo de canciller, se presentó una millonaria demanda contra el Estado por una de las empresas que participaron y hasta el momento no hay claridad del proceso para contratar a futuro ese servicio y asegurar que los ciudadanos accedan al documento.
La Comisión Segunda del Senado llevará a cabo mañana este debate de control político, al que fueron citados el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo Urrutia; el director general de la Imprenta Nacional, Andrés Chaves Fernández, y el director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Fernando García Manosalva.
Este debate fue solicitado por el senador Nicolás Echeverry Alvarán, del Partido Conservador, con el propósito de que los citados funcionarios rindan las explicaciones relativas a la licitación de los pasaportes para los años 2023 y 2024, y los contratos y convenios suscritos.
En un debate de control político que realizó la Comisión Segunda del Senado, el 18 de marzo anterior, Murillo, quien entonces se desempeñaba como canciller encargado porque por esos días estaba suspendido Álvaro Leyva por la Procuraduría, investigado por las presuntas irregularidades cuando ordenó declarar desierta dicha licitación, informó que hay un contrato vigente que garantiza la expedición de los pasaportes hasta el 2 de octubre y que se avanzará con diligencia en el proceso de contratación.
De acuerdo con lo afirmado en esa ocasión por Murillo, el proceso de licitación se encuentra suspendido mientras se revisan 550 observaciones que presentaron 19 empresas interesadas.
En dicho debate, el senador José Vicente Carreño, del partido Centro Democrático, dijo que “solo le hemos pedido al canciller serenidad y sobre todo objetividad y, lo más importante, que los colombianos asumamos el riesgo de quedarnos en los próximos meses sin pasaportes, eso sería grave para Colombia”.
Murillo señaló que se está trabajando con la Contraloría General de la República para garantizar un proceso ágil y transparente que permita resolver pronto esta contratación.
“Tenemos unos tiempos, técnicamente hay que garantizar por lo menos cuatro o cinco meses para la implementación de un nuevo proceso, estamos justo en ese margen”, agregó Luis Murillo.
De acuerdo con datos de la Cancillería, el año pasado se expidieron 1'893.426 pasaportes, por un valor de $309 mil millones.
El pasado 26 de abril, Murillo, en medio de otro debate de control político al que fue citado por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, manifestó la intención de crear una alianza público-privada para la fabricación y expedición de pasaportes, en la que la Imprenta Nacional jugaría un papel importante en cuanto al dominio de la información y la impresión de los documentos.
“El modelo tendrá tres componentes: atención al ciudadano, porque hemos recibido muchas quejas por retrasos o denuncias de supuesta corrupción; la formalización de la información, que es un proceso que no creemos conveniente que lo desarrolle un socio privado, y el tercer componente es la impresión y entrega de los pasaportes, que puede ser por un socio privado”, dijo Murillo.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, el entonces ministro Leyva incurrió en dos faltas gravísimas, cometidas a título de dolo. “La primera al declarar desierta la licitación 001 de 2023 sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. En segundo lugar, el organismo de control profirió cargos al ministro por supuestamente decretar la urgencia manifiesta durante el desarrollo del trámite contractual sin que, al parecer, existieran causales para adoptar esa determinación.
La demanda
Tras no prosperar una pretendida conciliación entre la Cancillería y Thomas Greg & Sons, que promovió la Procuraduría para buscar un acuerdo frente a un proceso que inició contra la nación, esa empresa presentó una demanda por $117 mil millones, pues alega perjuicios y daño reputacional porque en septiembre pasado se declaró desierta la licitación de los pasaportes, en donde había quedado como único proponente por un contrato cercano a $600.000 millones.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció la semana pasada que dictará sentencia anticipada en la demanda que impetró la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada en su mayoría por la firma Thomas Greg & Sons.