Con la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, vuelve la discusión por la participación de funcionarios en política, lo cual está permitido con limitaciones por la Constitución, pero pasadas tres décadas no se ha regulado. Ante la Procuraduría ya se han presentado quejas por la intervención que en este sentido habrían tenido servidores públicos en diferentes regiones.
Los casos más sonados sobre supuesta participación en política de cara a las próximas elecciones se han dado acerca del presidente Iván Duque y de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
En agosto pasado, el senador Antonio Sanguino (Partido Alianza Verde) presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el presidente Iván Duque por unas declaraciones que dio a medios, en las que según el Parlamentario de oposición hizo elogios a precandidatos presidenciales afines a su pensamiento político.
En esa oportunidad al Jefe de Estado, en una entrevista que dio a la Revista Semana, le preguntaron “cuando se desvela, ¿piensa en quién lo va a suceder? Hay tantos aspirantes, ya le mencionaba a Petro, ahora le hablo de Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa, Alejandro Char y muchos más. ¿Piensa quién va a ser?”
Al respecto, Duque Márquez respondió que “a Federico Gutiérrez lo conocí como alcalde de Medellín. Es un hombre de una gran capacidad gerencial, de una gran calidad humana, cercano a la gente, sensible, tiene una familia muy bonita... no está ideologizado, tiene valores, principios”.
De otro lado, el Jefe de Estado dijo en esa oportunidad de Enrique Peñalosa: “Tuve la oportunidad de trabajar con él. En mi opinión, es el mejor alcalde que ha tenido Bogotá en su historia. Y usted me mencionaba también a Alejandro Char.
Es innegable cómo logró la transformación de Barranquilla. Cuando pienso en nombres como esos que usted menciona, concluyo que Colombia necesita personas que construyan y no que destruyan, que no estén pensando en cómo dividen a la sociedad, cómo generan pugnacidad de clases, sino cómo integran”.
En tanto que la polémica por la presunta participación en política de la alcaldesa Claudia López se dio a raíz de un trino que algunos asociaron con el nacimiento el pasado fin de semana de la Coalición Centro Esperanza, por parte de varios dirigentes políticos como Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo e Ingrid Betancourt, entre otros, y en donde tiene asiento el Partido de la Mandataria capitalina, la Alianza Verde.
La Alcaldesa había colocado en Twitter “hay centro, hay esperanza, hay futuro”.
La reacción no se hizo esperar en distintos sectores políticos, por ejemplo en el Partido Conservador el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Wills, dijo que “lo mínimo que deben hacer las autoridades es investigar y sancionar la clara y evidente y de frente participación en política de la señora Claudia López con este tipo de trinos, que en lugar de estar pendiente de los bogotanos, está pensando hoy en la carrera presidencial”, indicó.
Mientras que Ciro Ramírez, senador uribista, manifestó que “la coalición de Juan Manuel Santos arranca con una vulgar participación en política de Claudia López y también de los funcionarios de la Gobernación de Boyacá en favor de Carlos Amaya, cuando anunció su candidatura en la ciudad de Tunja en los últimos días. Participación en política y utilización indebida de los recursos públicos para proselitismo”.
Se conoció que por este trino fue presentada una queja disciplinaria contra la alcaldesa López ante la Procuraduría General.
De igual forma, ante la Procuraduría fue radicada una queja disciplinaria contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, después de que se le viera en imágenes con el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien fue a esta ciudad para presentar su libro en la Feria Internacional del Libro.
La queja por presunta participación en política del Alcalde caleño la presentó ante el Ministerio Público el exparlamentario Juan Carlos Salazar. “Lo grave es que el Alcalde esté acompañando de manera descarada al señor Gustavo Petro en estos actos, es una acción clara de participación en política y la Procuradora esta semana salió a decir que eso no lo pueden hacer los funcionarios públicos, entonces que actúe", dijo.
La Constitución en el artículo 127 establece que “a los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio”.
Agrega la Carta Política al respecto que “los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria”.
Sin embargo, la falta de una ley estatutaria es la principal razón para que elección tras elección se presenten ante la Procuraduría multiplicidad de quejas contra funcionarios por presunta participación en política, así como de polémicas entre distintos sectores políticos, pues se carece de una norma que establezca qué pueden hacer y qué no los servidores públicos en esta materia.
A partir de lo que señala la Constitución, la prohibición hoy a los funcionarios de participar en política se circunscribe a no involucrarse en actividades partidistas ni utilizar recursos ni bienes públicos en favor de causas políticas.
Sin embargo, sobre situaciones como las que se señalan al presidente Duque y a la alcaldesa López, no hay claridad de que efectivamente sean constitutivas de participación en política, y serán la Comisión de Acusación de la Cámara y la Procuraduría, respectivamente, las que definan esto.
La participación en política es materia de sanciones por parte del Ministerio Público, que van desde la suspensión hasta la destitución, dependiendo de la gravedad de la falta.
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Recomendaciones
A finales de octubre pasado la Procuraduría emitió unos puntos para evitar la participación política de funcionarios en las próximas elecciones.
A través de la Directiva 016 de 2021, la procuradora general, Margarita Cabello, hizo un llamado al personal adscrito a las entidades públicas, así como a los particulares que prestan sus servicios para el Estado, para que cumplan con las normas establecidas en la Constitución Política y demás leyes de la República, que regulen su participación en aquellas actividades propuestas por partidos y movimientos políticos.
“Esto busca subsanar el vacío existente por la no expedición de la ley estatutaria que reglamenta el ejercicio de la actividad política por parte de los servidores públicos y, cumpliendo su función preventiva, hacer pedagogía para evitar equivocaciones generadas por el desconocimiento de las disposiciones legales”, subrayó la jefa del organismo público.
Entre las advertencias que hizo el Ministerio Público sobre el particular están no utilizar la autoridad de la cual están investidos para ponerla al servicio de una causa política; no acosar, presionar o determinar en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Así mismo, evitar usar los elementos destinados al servicio público para hacer proselitismo o desempeñar en cualquier sentido la actividad política electoral.
De igual manera, no usar, con los mismos fines, información reservada a la cual tengan acceso por razón de su cargo. No exonerarse del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, con el pretexto de ejercer el derecho de participación en política. No disponer del tiempo de servicio u horario de trabajo para gestionar actividades de tipo político.
Hay un proyecto de ley en el Congreso para reglamentar la participación de funcionarios en política; sin embargo, no ha avanzado en su trámite.
La iniciativa está pendiente de primer debate en la Comisión Primera de Cámara, para lo cual cuenta con ponencia desde el pasado 19 de noviembre.
Fue radicada por los representantes liberales Juan Diego Echavarría Sánchez y Henry Fernando Correal, quienes insistieron en el proyecto, pues se hundió en la pasada legislatura.