El titular de la cartera política, Daniel Palacios, destaca que en seis meses el Gobierno logró sacar 20 leyes claves, como las de Inversión Social, reforma policial y una nutrida agenda ambiental. Replica críticas de la oposición a la Ley de Seguridad Ciudadana y defiende sus alcances en lucha contra criminales violentos y vandalismo. Explica qué pasó con el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú, cómo le fue a la coalición gobiernista, por qué se hundieron iniciativas de regulación del Congreso y cuál será la agenda legislativa de cierre gubernamental

EL NUEVO SIGLO: Termina el primer tramo de la última legislatura parlamentaria del gobierno Duque ¿Cuál es su balance en materia legislativa?

DANIEL PALACIOS: El balance es muy positivo. Esta es una agenda que el Presidente estableció como prioritaria. Temas como la transformación de la Policía, la atención a la población más vulnerable, la protección del medio ambiente, de las comunidades, las juntas de acción comunal, los indígenas y afrocolombianos. Veinte leyes de la República sacamos en seis meses, lo que muestra un trabajo articulado, serio e importante para el país.

ENS: ¿Qué responde el Gobierno frente a las críticas de la oposición en torno a que en el proyecto de Seguridad Ciudadana, aprobado por las mayorías del Congreso, se está criminalizando la protesta social?

DP: Lo primero que hay que decir es que como Gobierno no tenemos ninguna expectativa en torno a que la oposición va a salir a celebrar alguna iniciativa del Gobierno. Pero lo que sí nos ha causado sorpresa es la desinformación que han generado alrededor de esta importante iniciativa que fue aprobada por mayorías en el Congreso.

¿Qué hay que decir de la Ley de Seguridad Ciudadana? Primero, que es una ley que atiende un clamor, una frustración de los colombianos que se han tenido que resignar a ver cómo delincuentes violentos que cometen delitos con arma de fuego, con arma blanca o arma de letalidad reducida al otro día están en la calle delinquiendo nuevamente. Colombianos que ven cómo delincuentes que han sido condenados en repetidas ocasiones siguen sin ningún tipo de agravante, sin ningún tipo de consecuencia. Colombianos que ven cómo algunos delitos que tienen un impacto gigante en la sociedad no tienen consecuencias más severas.

Esos tres principios rectores fueron los que llevaron al Gobierno a radicar este proyecto que lo trabajamos de la mano de los ministerios de Justicia y Defensa, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, y que fue aprobado por el Consejo Superior de Política Criminal para poder generar estas condiciones que fortalezcan la seguridad ciudadana.

Este proyecto de Seguridad Ciudadana se suma al proyecto de régimen de carrera profesional de la Policía, que es la transformación de la Policía, en donde se establecen criterios en materia de derechos humanos; en donde se establecen los estándares, los procedimientos y los protocolos; y los beneficios para los uniformados. Y se suma al proyecto del Código Disciplinario, que también fue aprobado por el Congreso y pasa igualmente a sanción presidencial. Aquí se establecen nuevas conductas disciplinarias, mayores sanciones y asuntos muy importantes, como lo es que cualquier violación al Derecho Internacional Humanitario por parte de un integrante de la Policía tendrá como poder preferente a la Procuraduría General.

ENS: ¿Qué cambia, entonces, en el procedimiento contra los delincuentes?

DP: Con esta Ley de Seguridad Ciudadana, una vez el Presidente la sancione, cuando un delincuente violento cometa un delito con arma de fuego, arma blanca o arma de letalidad reducida, el juez le debe dar una medida de aseguramiento intramural. Esto quiere decir que el delincuente violento permanece en la cárcel esperando el juicio y no en la calle delinquiendo.

De otro lado, imagínese esto: la oposición votando en contra de que en Colombia tenga la pena más alta el homicidio de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas, menores de edad y la Fuerza Pública. De pronto es porque no le gusta la parte de la Fuerza Pública, pero cómo oponerse a que el homicidio de un líder social, de un defensor de derechos humanos, de un periodista o de un menor de edad, tenga una sanción de más de 58 años de cárcel. Son cosas inexplicables.

Ahora, también hemos dicho que el daño en bien ajeno, que ya es un delito hoy, cuando se cometa sobre el sistema de transporte público -que es de todos los colombianos-, cuando se cometa contra CAI, estaciones de Policía, Palacios de Justicia o URI (Unidades de Reacción Inmediata) de la Fiscalía, debe tener un agravante y no puede ser excarcelable.

Nosotros consideramos con toda la firmeza y determinación que una persona que quema un palacio de justicia, una estación de Policía o un bus de Transmilenio o del MIO, es una persona que debe tener una condena ejemplar. Hay otros que les gusta más privilegiar la impunidad y la comodidad de los delincuentes sobre la protección a los ciudadanos.  

ENS: La oposición ya anunció demandas ante la Corte Constitucional, la CIDH y la ONU ¿El Gobierno está seguro de que esta ley pasará esos filtros?

DP: Demandar las leyes es una facultad que tiene cualquier ciudadano, no solamente los congresistas. Acudiremos a los estrados judiciales en el momento en que se lleven a cabo, pero la oposición ha tenido la costumbre de que lo que no gana en democracia lo vuelve una judicialización. Aquí claramente hay una expresión por parte de las mayorías del Congreso que además, sin temor a equivocarme, representan el sentimiento de la gran mayoría de los colombianos.

Prioridad ambiental

ENS: ¿Cómo lee el Gobierno el apoyo general que se le dio al trámite de la Ley de Acción Climática, que eleva a rango legal las metas de Colombia contra el calentamiento global?

DP: Esto es muy importante y hace parte de ese compromiso que ha establecido el presidente Duque como una línea de gobierno y de Estado: la protección del medio ambiente. No solo quedó como una de las líneas estratégicas de la Política de Defensa y Seguridad Nacional, sino que a esa ley hay que sumarle otras tres muy importantes: la de transformación energética, que busca incentivar las energías limpias y renovables, lo que se ha visto reflejado en el incremento de granjas solares y de energía eólica, lo que ha sido revolucionario en el territorio nacional.

Además, debemos mencionar la Ley de Delitos Ambientales que también se logró aprobar en este periodo legislativo. Esa ley, por primera vez, fortalece las herramientas judiciales en contra de quienes atentan contra el medio ambiente. Por ejemplo, contra el acaparamiento de tierras y la deforestación, temas que hoy tienen sanciones ejemplares por cuenta de esta nueva ley.

Y, por el otro lado, la Ley de Acción Climática, que lo que busca es refrendar el compromiso presidencial (que se hizo en Glasgow y que se ha manifestado en otros escenarios) para alcanzar la carbono neutralidad y la reducción o emisiones cero (de gases de efecto invernadero) en Colombia.

Con esas tres leyes tan importantes se demuestra que el compromiso del Presidente con el medio ambiente no es de discursos sino de hechos.

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ENS: Sin embargo, pese a esas leyes, le critican al Gobierno que no haya enviado mensaje de urgencia al proyecto para ratificar el Acuerdo de Escazú y que por eso no se aprobó en este tramo de legislatura ¿Qué hay de cierto?

DP: Eso es absolutamente falso. Este Gobierno ha radicado el Acuerdo de Escazú no solamente una vez, sino dos. El Legislativo es una rama del poder independiente y en ese sentido la primera vez el Gobierno lo radicó con mensaje de urgencia y no se logró que saliera siquiera de las comisiones segundas conjuntas. El pasado 31 de octubre se volvió a radicar para tratar de trabajarlo aunque sea con una sola de las comisiones para poder avanzar y hasta el momento ni siquiera se ha designado ponente. El Gobierno ha reiterado su voluntad y compromiso, pero también hay que entender que el Congreso tiene sus tiempos y trámites.

¿Pocas reformas?

ENS: Algunos sectores exigían del Gobierno tramitar en esta legislatura grandes reformas pendientes (justicia, política, pensional, ambiental…) ¿Por qué no llegaron esas iniciativas?

DP: Es muy importante mencionar varios temas. Primero, en este periodo legislativo, salió la reforma al Código Departamental, que establece las obligaciones y los deberes de los gobernadores y diputados. Ese es un tema muy importante.

Segundo, se logra la reforma a las juntas de acción comunal. Importantísima porque son más de 63 mil juntas y más 7,2 millones de líderes comunales que representan la población más grande de liderazgo social en Colombia. Ellos, incluso, podrán tener la posibilidad de contratar hasta por menor cuantía con los entes territoriales para poder llevar desarrollo a sus comunidades, a sus barrios y generar empleo.

También se aprobó una reforma para que las comunidades indígenas y las afrodescendientes puedan de igual manera acceder a contratación con los entes territoriales para poder fortalecer sus resguardos y consejos comunitarios.

Estas tres leyes son una revolución. Pero también hubo una reforma en el sector ambiental, una reforma al Código Penal, una reforma a la Policía. Y vámonos más atrás: una reforma al Código Electoral, que es una de las deudas históricas del país (más de 30 años sin una), que además establece, entre otras cosas, la paridad de género en las listas al Congreso, un tema trascendente. También una reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría. Una reforma a la justicia en donde se buscó la virtualización, la paridad de género en las cortes…

Creo que hay una agenda muy fructífera en materia de reformas. Y está la ley de Inversión Social, que tal vez es la reforma social más profunda del país en la historia. Quedaron beneficiados más de 3,4 millones de colombianos a través de Ingreso Solidario, que es la población más vulnerable del país, que nunca había recibido un subsidio. A través del subsidio a la nómina (el PAEF) se ha beneficiado a 4 millones de empresarios. Y además imagínese esta revolución: todo colombiano de los estratos 1, 2 y 3 puede acceder de manera gratuita a la educación superior.

Increíble hablar de un gobierno que no ha hecho reformas cuando ahí están las grandes reformas que el país necesitaba.

La coalición

ENS: Al comienzo del año se habló de una fractura en la coalición gobiernista ¿A la luz de los hechos legislativos se puede afirmar que esta sigue funcionando a todo vapor?

DP: Nosotros hemos tenido una relación respetuosa, de diálogo y de respeto de la independencia con el Congreso. Y hemos agradecido y trabajado de la mano de muchas bancadas de gobierno e independientes. Y siempre, en la medida de lo posible, hemos buscado un entendimiento con una oposición que hoy no apoya absolutamente nada. Una oposición que es capaz de votar en contra de la gratuidad educativa para los estratos 1, 2 y 3. Una oposición que es capaz de votar en contra de que los asesinos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos tengan la sanción más alta en el Código Penal.

Hemos construido una coalición que trabaja en función de los colombianos y los intereses de la Patria. Agradecemos al Congreso que hayamos podido sacar adelante este paquete legislativo tan importante: 20 leyes en seis meses.

ENS: Algunos sectores políticos y académicos le critican al Gobierno que todos los proyectos para depurar y regular el Congreso (bajar sueldos, recortar vacaciones, disminuir unidades de trabajo legislativo) se hundieron y el Ejecutivo no los apoyó ¿Qué responde?

DP: Eso hace parte de los proyectos de origen parlamentario y no de los de origen gubernamental. Hay tres ramas del poder público y en ese sentido el Congreso da sus debates, radica y discute sus propios proyectos. Lamentamos que muchos de ellos no hayan tenido éxito. Creo que el Congreso debe seguir trabajando por generar esa regulación que, sin duda alguna, responda al sentir de la ciudadanía.

ENS: En este tramo de legislatura hubo muchas voces advirtiendo una peligrosa politización en las reformas a la Fuerza Pública, como acabar el Esmad o sacar a la Policía del Ministerio de Defensa… ¿Se pudo neutralizar esta circunstancia?

DP: Creo que sí, porque se trabajó con seriedad. No se trabajó haciendo discursos políticos sino escuchando a la ciudadanía. Déjeme decirle que esos dos proyectos que serán ley (reforma al régimen de carrera policial y al Código Disciplinario) se trabajaron en diferentes espacios académicos, foros regionales, se consultó a la ciudadanía, a la Policía…

Son iniciativas que se construyeron con paciencia y tranquilidad. Eran una apuesta desde el 2019, de la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, y por eso construimos dos proyectos que, debo decir, contaron con la votación, en la gran mayoría de sus artículos, de inclusive miembros de la oposición. Inclusive se les aceptó proposiciones modificativas sobre artículos que, debo reconocer, algunos lograron mejorarse para bien… Estamos seguros de que estas dos iniciativas hacen parte de la transformación de la Policía que llevará cada día a que la institución sea más profesional, transparente, cercana al ciudadano y que se siga ganando el respeto ciudadano.

Lo que nosotros no toleramos, y en ningún momento condonaremos, es el ataque indiscriminado a los miembros de la Policía por algunos miembros de la oposición.

ENS: ¿Para el segundo tramo de esta legislatura, de apenas tres meses en 2022, cuáles son las prioridades del Gobierno?

DP: Este Gobierno termina el 7 de agosto y hasta esa fecha trabajaremos todos los días por sacar adelante las iniciativas que el país requiere. En el Congreso seguiremos teniendo una agenda en el próximo semestre, tenemos proyectos como el de conciliación, el de arbitraje, el proyecto Sacúdete. Tendremos varias iniciativas que se definirán en el mes de enero, cuando se dé la reunión estratégica con el Presidente para el próximo periodo legislativo.