Es muy probable que en el primer trimestre de 2022 comiencen las audiencias de reconocimiento por los procesos que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como quedó establecido en el Acuerdo de Paz, en ofrecer justicia, verdad y reparación.

Desde el 2018, cuando comenzó a funcionar la JEP, se han tomado más de 37 mil decisiones y paralelamente en este tiempo se han hecho siete macrocasos, en los que se aplica la misma metodología: se escuchan las versiones de los comparecientes, se conocen todos los expedientes elaborados por la justicia ordinaria, las fuentes, los testimonios, se hace un estudio sociológico muy completo, se cruzan todas las fuentes y solamente después de un escrutinio, con la contrastación de los elementos materiales, se llega a unas conclusiones para determinar los hechos y responsabilidades.

Para el caso 001 (Retención ilegal de personas por parte de las Farc-EP), más de 100 mil víctimas han generado demanda de verdad de los comparecientes, y estos deben responder. Se trata de una justicia que entraña un procedimiento dialogal, en virtud del cual participan las víctimas con su propia narrativa de los hechos.

Toma de rehenes

La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió  un auto en el que hace varias modificaciones al macrocaso 01, que pasó de llamarse “Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” a “Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP”.

Allí no solo modificó el nombre de este caso, sino que añadió un delito por el que serán imputados varios exintegrantes de la guerrilla: la esclavitud que ejercieron sobre los secuestrados.

El tribunal de justicia transicional trata del Auto 279 de 2021  y hace un análisis sobre lo presentado por la Procuraduría (que pidió a la JEP establecer la imposición de trabajos forzados por parte de las víctimas como un crimen de lesa humanidad de esclavitud), y de lo que sustentó la defensa de los ex-Farc.

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“Los comparecientes que reconocieron los hechos y conductas determinados por la Sala de Reconocimiento, y su gravedad en cuanto crímenes no amnistiables, no están obligados a complementar su reconocimiento con un tipo penal específico para continuar en el procedimiento dialógico de reconocimiento”, detalló la JEP en esta nueva decisión.

Y aclaró que la Sala examinará si los trabajos forzados reconocidos por los comparecientes cumplen o no con los elementos del tipo del crimen de lesa humanidad de esclavitud, una vez haya recibido las observaciones de estos a dicha calificación jurídica.

Así, en el próximo año, por estos casos de secuestro pero también de esclavitud, varios excomandantes de las Farc son responsables y deberán responder. Entre ellos están Rodrigo Londoño ‘Timochenko’, como responsable de mando del crimen de lesa humanidad de esclavitud, cometido de manera concurrente con el de graves privaciones de la libertad por las unidades militares de las Farc. También relaciona a Jaime Alberto Parra conocido con el alias de ‘El médico’, Milton de Jesús Toncel Redondo conocido como ‘Joaquín Gómez’, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.

Caso 03

Por el caso 03, que investiga las “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, 21 miembros del Ejército reconocieron su responsabilidad en 247 casos de ‘falsos positivos’ en El Catatumbo y en la Costa Caribe, ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entre ellos se encuentra el general (r) Paulino Coronado.

También están 11 oficiales, seis suboficiales, tres soldados y un tercero civil, quienes reconocieron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de, al menos, 120 personas en El Catatumbo y 127 en la Costa Caribe.

El paso a seguir es poner en marcha un proceso restaurativo de la mano de las víctimas y preparar la audiencia pública de reconocimiento de verdad y de responsabilidad. Este proceso para llegar a la audiencia de reconocimiento por ‘falsos positivos’ tomará unos cuatro meses, es decir, que en 2022 se sabrá cuántas audiencias se deben hacer. Este reconocimiento público se puede dar en el territorio con presencia y participación de las familias de las víctimas de los ‘falsos positivos’ en Colombia.