El Acuerdo Nacional presentado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se recibe como una iniciativa ambiciosa que busca generar consensos en torno a cinco puntos: seguridad política, respeto a las reglas electorales, transformación territorial, crecimiento económico con equidad, y el compromiso con la deliberación democrática. Aunque en teoría estos puntos suenan relevantes, la propuesta plantea interrogantes sobre su real implementación. El país se encuentra descuadernado y la desconfianza en las instituciones aumenta, lo que permite advertir la utopía del mencionado acuerdo.

El primer punto, enfocado en la erradicación de la violencia en el ejercicio de la política, es, sin duda, una necesidad urgente. El asesinato de líderes sociales se ha incrementado, así como los ataques a nuestra fuerza pública y la inseguridad en cada vez más territorios. El Estado colombiano perdió la capacidad de garantizar la protección de todos, en zonas donde grupos armados ilegales amplían su poder. Sin embargo, la propuesta corre el riesgo de quedarse en el plano simbólico si el gobierno no fortalece su capacidad de ejercer un control efectivo del territorio y ofrecer seguridad real. La recuperación de los valores democráticos y el respeto al disenso son esenciales, pero ¿cómo se logrará esto en regiones donde se ha abandonado el interés de hacer presencia social y de seguridad?

Otro de los puntos es el respeto a las reglas electorales y la promesa de no promover la reelección, ni modificar los periodos. Aunque este punto puede parecer un compromiso en pro de la estabilidad democrática, el problema de fondo en Colombia no es solo la alteración de períodos, sino la corrupción en los procesos electorales. El acuerdo no aborda en profundidad cómo enfrentar estos problemas de manera efectiva. Las promesas de respeto a las reglas democráticas se sienten vacías ante la gravedad de las denuncias sobre la pasada campaña presidencial ganadora.

El punto de la transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto armado es uno de los más ambiciosos del acuerdo, pero difícil de concretar. Estos municipios, donde habitan 6,6 millones de personas, son territorios en donde sus habitantes están expuestos cada vez más al control de grupos armados ilegales y a la pobreza extrema. El gobierno propone una intervención integral, pero esto requiere de una articulación efectiva que hasta ahora ha sido imposible de lograr por el gobierno. Sin una planificación clara y el compromiso constante, esta propuesta corre el riesgo de ser otra promesa incumplida.

Otro punto es el crecimiento económico con equidad, promoviendo una economía más inclusiva. Desde una perspectiva crítica es fundamental entender que el desarrollo de un país está profundamente vinculado a la libre empresa. Naciones como Singapur, Suiza y Nueva Zelanda han prosperado gracias a la implementación de políticas que fomentan la propiedad privada, la apertura comercial y la reducción de la intervención estatal. Para que la transformación económica se materialice es necesario que el gobierno priorice la libertad de mercado, permitiendo que emprendedores e inversores puedan actuar en un entorno de reglas claras y justas​, lo que será imposible desde la mirada del activismo progresista del gobierno.

Por último, el Acuerdo Nacional hace un llamado a la deliberación y el respeto por el debate democrático para aprobar las reformas presentadas laboral y de salud. No obstante, este llamado, se ve sumamente empañado por los escándalos de corrupción y por los riesgos de las reformas radicadas frente a los derechos de algunos y no de todos. La lucha contra la corrupción fue la promesa principal de campaña, pero los escándalos constantes han erosionado la confianza pública y limitan la capacidad del gobierno para liderar con autoridad moral, socavando su propia narrativa de cambio. Las reformas presentadas limitan derechos y ponen en riesgo el acceso a servicios y el empleo, haciendo casi imposible que se logre el consenso para el Acuerdo Nacional.