El tema de la constituyente sigue y seguirá dando de qué hablar en Colombia. A la contundente expresión del expresidente Santos, cuando afirmó en días pasados de que “es absurdo” utilizar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc para convocar una constituyente, salió el excanciller Leyva a señalar que el expresidente no había leído lo que había firmado, o se lo habían cambiado sus asesores.

Según el excanciller, el punto siete u ocho del Acuerdo de La Habana habla de “acuerdo nacional” y ante el incumplimiento indiscutible del Estado de los mencionados acuerdos, ello es suficiente para citar directamente a una Constituyente, a efecto de cumplir los acuerdos que no han podido implementarse, sin necesidad de cumplir trámite alguno en el Congreso de la República, como manda la Constitución.

La realidad, es que en dicho aparte de los acuerdos no se habla de “constituyente”, sino de “acuerdo nacional”, que en realidad son expresiones con contenidos bien diferentes. La asamblea constituyente es un mecanismo previsto por la Constitución, para reformarse, que implica un procedimiento complejo, en el cual interviene el Congreso, con el encargo de definir las materias y los mecanismos, procedimentales, como convocatoria y fecha para llevar a cabo la elección de constituyentes, funcionamiento y términos.   

El presidente Santos dejó bien en claro que el “acuerdo nacional” se refiere al mecanismo político de concertación que realizan todos los gobiernos para sacar adelante sus políticas públicas, sin que ello implique una convocatoria a una asamblea constituyente.  

El presidente ha anunciado una visita a las Naciones Unidas para denunciar ante ese organismo que el Estado colombiano no ha cumplido con los acuerdos firmados con las Farc en el 2016.  La observación que hace el exmandatario Santos es contundente. Ha sido enfático en señalar que la implementación es tarea del gobierno y que lo se requiere para ello es voluntad política.

No le falta la razón al expresidente en su análisis. Luis XIV, el rey sol de Francia acuñó en su tiempo la frase “el Estado soy yo”; claro que eran épocas de absolutismo; pero la rememoración del dicho viene a cuento, porque en sus justas proporciones, el presidente Petro es la cabeza del Estado, es quién arbitra el presupuesto y luego no le queda bien, después de dos años de gobierno, buscar responsables por el no cumplimiento de los acuerdos y menos presentarse a un organismo multilateral internacional a denunciar lo que a él compete. 

Él es el Estado en este momento para estos efectos y, por lo tanto, es responsable del cumplimiento de los acuerdos, que no son precisamente la reforma a la salud o las demás propuestas que le han fracasado. Sin embargo, para confundir la discusión, el mismo presidente dice que no ha hablado de asamblea constituyente sino de poder constituyente, que es el pueblo.  Definitivamente nos enredamos en el lenguaje.