El presupuesto adicional para la vigencia 2023 con el que se incorporaron los recaudos de la última reforma tributaria, se creyó que iba a ser de gran alivio fiscal para muchas entidades y programas. No resultó así, sin embargo. En vez de adicionar tranquilidad acabó agregando malestares en varios sectores.
¿Por qué? En primer lugar, porque las perspectivas de crecimiento económico son ahora menores que las que existían cuando se aprobó la última reforma, y el recaudo será por tanto inferior al que se había calculado; en segundo lugar, por el precio del petróleo que muestra niveles inferiores a los prevalecientes cuando se aprobó la reforma fiscal; y, por último, por las altas tasas de interés que encarecen el servicio de la deuda.
Todas estas razones explican que el monto del presupuesto adicional no resultó de $ 20 billones como se esperaba sino mucho menor: $16,9 billones, es decir, casi tres billones por debajo de lo que se había calculado. Hubo pues tres billones menos para repartir en el presupuesto adicional.
Ahora bien: ¿cuáles son los sectores que se sienten damnificados con la repartición del adicional?
Tenemos en primer lugar el sector salud y en especial las EPS cuyas deudas con las IPS ascienden a $10,4 billones; deudas que deben ser atendidos con transferencias del presupuesto nacional. En el adicional apenas se les apropiaron $ 2,2 billones. Es decir, al sistema de salud se siente asfixiado y continúa arrastrando un descuadre de más de $8 billones. ¡Qué lejos estamos de la famosa ley de punto final!
Otro sector cuyo alivio resultó claramente insuficiente es el de las empresas municipales de transporte masivo, comenzando por el Transmilenio capitalino.
Por diversas razones, este sector viene acumulando un abultado déficit desde la pandemia: caída de usuarios (antes los pasajeros-día del conjunto eran cerca de cinco millones hoy son cuatro), colados, altos costos operativos, desfase tarifario, entre otras razones. Se estima que el sistema agregado que consta de 14 esquemas de transporte masivo en las principales ciudades tiene un déficit acumulado superior a los $ 3 billones, de los cuales apenas recibió del adicional $ 1 billón. El solo sistema de la capital registra un déficit de $2,5 billones y el alivio que recibió con el adicional fue de solo $660.000 millones.
Apenas un anestésico que servirá para que el sistema no se paralice el agosto de este año, como había advertido la alcaldesa Claudia López. Pero que no cura el problema de fondo.
Las distribuidoras de energía por diversas razones, una de ellas asociada el no pago por parte del presupuesto nacional de los subsidios otorgados por la ley que ascienden a más de $2 billones, no corrieron con igual suerte. Apenas calificaron para que Findeter les abra una línea de crédito para salir de la emergencia, pero no para superar el problema. Mantienen una acreencia por subsidios no pagados de $1,4 billones. Otro tanto acontece con otros subsidios impagados por el gobierno a empresas de servicios públicos. E igual sucede con los concesionarios a los cuales se les congelaron los peajes y que aún no han sido resarcidos.
El sector de la industria de la construcción que viene experimentando una estruendosa caída del 66% obtuvo su tajada en el presupuesto adicional por $ 1 billón de pesos, con lo cual podrá medio ponerse al día con los programas de vivienda popular VIS. Pero el sector de la construcción sigue cojeando.
Hasta la misma Dian resultó golpeada con este adicional pues sus aspiraciones de nuevos recursos resultaron fuertemente recortadas en el adicional.
Lo que estos ejemplos demuestran es que el panorama fiscal del país sigue siendo muy frágil. Si bien el marco fiscal de mediano plazo (MFMP,2023) es un documento serio y bien elaborado en el que se hace el firme compromiso de continuar cumpliendo con la regla fiscal, lo cierto es que, por debajo de las aguas de las cuentas públicas, es decir, cuando se analizan los déficits que arrastran de algunos sectores como los analizados en este artículo, la situación sigue siendo muy inquietante.
Y si a esto se le suma anuncios inesperados de nuevos gastos, como el que hizo recientemente el presidente Petro de crear un contingente a sueldo para 100.000 jóvenes que hoy delinquen en las bandas de las grandes ciudades para incorporarlos a la “paz total”, iniciativa que tendría un costo fiscal estimado anual de $ 1 billón (inexistentes en este momento), hay que concluir que la política fiscal del país está pegada con alas de cucaracha.