De los 124 Estados que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, 34 son africanos. También son en su mayoría africanas las situaciones actualmente investigadas por el tribunal (9 de 10), y aquellas en las que adelanta indagaciones preliminares (4 de 11).
Hace varios años hay tensas relaciones entre la CPI y los Estados africanos.  A su juicio, aquel parece estar “encarnizado” con ellos y ser más tolerante con lo que ocurre en otras latitudes.  Por su parte, la Corte se queja de la escasa cooperación de los Gobiernos africanos, por ejemplo para hacer efectivas las órdenes de arresto emitidas en 2009 contra el aún hoy presidente de Sudán, Omar al-Bashir.  La vinculación del Presidente y el Vicepresidente de Kenia a la investigación sobre la violencia postelectoral desatada en ese país a finales de 2007, provocó airadas reacciones en el seno de la Unión Africana, en donde llegó a proponerse la creación de una “Corte Africana” que resolviera, a la manera africana, los asuntos africanos (lo que quiera que eso signifique).
Hace exactamente un año la cuestión volvió a primera plana, cuando Sur África anunció su intención de denunciar el Estatuto de Roma y finiquitar su relación con la CPI.  La declaración fue secuela de la polémica suscitada por la negativa del Gobierno a detener a al-Bashir, a despecho de una orden proferida en ese sentido por un tribunal local surafricano.
Ahora el turno es para Burundi.  Solo que allí la Fiscalía de la CPI viene efectuando un examen preliminar desde abril, por razón de graves violaciones de derechos humanos que han venido ocurriendo desde que en 2015 fuera reelegido el presidente Pierre Nkurunziza, no obstante tenerlo prohibido en virtud de los acuerdos de paz que terminaron la guerra civil en 2005.
De concretarse la amenaza, Burundi estaría sentando un incómodo precedente.  Su retiro se haría efectivo un año después de la denuncia, y entretanto, la CPI podría abrir una investigación formal.  Pero el golpe sería devastador para el tribunal de La Haya, en términos de legitimidad y eficacia.  Otros Estados podrían seguir rápidamente el ejemplo (lo que hasta ahora ha ocurrido es que nadie quiere cargar la mácula de ser el primero).  Pero además, nada puede hacer la CPI en la práctica sin la colaboración de los Estados, de suerte que la investigación sobre Burundi podría acabar durmiendo el sueño de los justos.  Y ni lo uno ni lo otro conviene al ideal de justicia internacional que la CPI se supone que encarna. 

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales