Se sintió la protesta social en todo el país y sería necio desconocer que a pesar de todo lo que pudo estar envuelto en ella, hay claros indicadores de un descontento social generalizado en Colombia. Gran parte de ese descontento se debe a políticas publicas frustradas y expectativas de cambio o de mejora, que suelen crear los nuevos Gobiernos que comienzan y que luego no se producen, ocasionando desilusión colectiva, todo aunado a la constante practica política de todos los partidos que esperan conquistar el poder y fortalecen su oposición en estas circunstancias para mostrarse como alternativa de cambio.

¿Y ahora qué sigue? Para los grandes males sociales, se precisa de grandes soluciones y estas deben estar precedidas por el diálogo que a buena hora ha iniciado el Gobierno con todos los sectores; diálogo tendiente a delimitar las razones de las inconformidades y la solución más viable en el momento. 

Sin embargo, dentro de los planteamientos para salir de la crisis es frecuente escuchar de todo, hasta las propuestas más insulsas, como la de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Por supuesto, que hay muchas cosas que ajustarle a la anacrónica Constitución de 1991 y que, así como le reconocemos bondades, también es responsable de parte del desbarajuste institucional que nos acompaña. Pero de allí, a sostener que la constituyente sea la vía para darle solución a la inconformidad social que agita nuestro país, no deja de ser un verdadero despropósito.

Las constituciones, que son la base de la organización social no se pueden estar cambiando por el ritmo de los acontecimientos sociales; por el contrario, deben ser el camino trazado para buscar las soluciones a las situaciones críticas que viva la sociedad.  Por supuesto, habrá momentos de momentos para los cambios;  en Chile entendemos la propuesta de cambiar su Constitución ante las protestas por que tienen una carta política  redactada en la época de la dictadura, que a lo mejor requiera ajustes para poner al ser humano en el centro del Estado; en España fue necesario cambiarla para democratizar una nación luego de una larga dictadura;  nosotros la cambiamos en 1991 por embeleco político, más que por necesidad o apremio social; aunque muchos sostengan lo contrario, para introducir la acción de tutela no era necesario cambiar toda la Constitución.

Estamos de acuerdo que la Constitución colombiana requiere muchos ajustes y que si el Congreso no los hace o la Corte Constitucional en su jurisprudencia de la sustitución constitucional no lo permite, pues será necesario buscar la forma de poder hacerlos por otra vía idónea; pero es totalmente desatinado plantear la reforma como solución a la crisis social que en este momento se vive, que no tiene nada que ver con ella.    Creemos en el diálogo y la concertación como mecanismo idóneo para canalizar los descontentos y es el Gobierno el llamado a liderarlos.