A TRAVÉS DEL TEODOLITO
Delitos políticos
Las etapas de reconciliación suelen ser de mutuas concesiones durante las cuales se hacen reconocimientos que en otras condiciones serían impensables. Repito así lo que he dicho en varias oportunidades cuando me he ocupado en el tema que es obligado en el pensamiento y el deseo de los colombianos como es el proceso de paz que se adelanta, el cual ha generado tantas expectativas y buenos deseos. No se va a conseguir gratuitamente que 50 años de confrontaciones que han conocido las más bajas manifestaciones de la condición humana cesen. Los guerrilleros aunados en el grupo denominado Farc, optaron so pretexto de que el único sistema que les permitía imponer sus puntos de vista sobre la manera de manejar el país era en la forma violenta que han utilizado. Las acciones que se realizan para conseguir por los medios no previstos en el ordenamiento legal tienen un cierto tratamiento cobijado bajo el concepto de que se trata de delitos políticos. Esos actos cometidos sin el calificativo de delitos políticos son tratados en forma diferente; puede decirse benévola, si son ejecutados por ciudadanos que pueden demostrar la motivación que los impulsó a cometer actos ilegales. La muerte, el robo, la extorsión, el secuestro y otros que suelen cometerse en el fragor de una contienda son delitos que para paliar la pena a la cual se hacen acreedores quienes los cometen por fuera de las circunstancias de la confrontación política, deben ser calificados como delitos políticos.
Esos son los tragos amargos que se tienen que apurar en aras de conseguir la paz. A esos hay que agregarles el de tener que aceptar a criminales y dirigentes de ellos, en la arena de las grandes decisiones nacionales. Mirémosnos en los espejos de otros países que han pasado por situaciones que pueden tener alguna similitud con la nuestra. Por vía de ejemplo hay que señalar que acaba de terminar su período presidencial un miembro y jefe tupamaro, el señor Mujica, en el Uruguay. Los tupamaros fueron acogidos por la comunidad uruguaya como opción de poder dentro de las reglas previstas y lograron llevar, dentro de las leyes vigentes, a la primera magistratura a uno de los suyos. Aceptar que los guerrilleros colombianos se incorporen con derechos y deberes a la lucha política civilizada es uno de los tragos amargos que tendremos que tomarnos. Cuesta mucho trabajo aceptar que aquellos que han cometido tantos crímenes que aun por fuera del fragor del combate se cometieron no tengan castigo alguno; tiene que haberlo.
Los guerrilleros con los cuales estamos discutiendo la paz optaron por toda suerte de medios para conseguir la financiación de sus acciones delictivas, extorsiones, secuestros y similares. Pero no les fueron suficientes y ahora quieren que los delitos de narcotráfico, modalidad a la cual apelaron con sofisticación semejante a la de los grandes capos, sea calificado como delito conexo con la política. Difícil de apurar este trago amargo o este sapo como dicen algunos comentaristas.