EL MINISTERIO de Igualdad que dirige la vicepresidenta Francia Márquez se encuentra hoy en el ojo del huracán por cuatro elementos básicos: baja ejecución presupuestal, la decisión de la Corte Constitucional de anular la creación de esta cartera, explosión burocrática al interior de esta oficina y por las críticas hechas por sectores de oposición política, al considerar que la alta funcionaria ha utilizado esta plataforma para una eventual candidatura en 2026.

Sobre el tema de la baja ejecución presupuestal se ha desatado muchísima controversia. De hecho, el Congreso de la República ha citado a Márquez a moción de censura para que responda por presuntos incumplimientos de sus responsabilidades y la baja ejecución presupuestal de esta dependencia.

En mayo de este año, la Cámara de Representantes citó a la ministra de Igualdad, luego de un informe publicado por la Contraloría General de la Nación que indicaba que, hasta el 17 de abril de 2024, la ‘cartera más joven’ del Gobierno Petro no ha ejecutado su presupuesto de inversión. De hecho, esta cartera presentó un porcentaje de 0,54% de ejecución, según el ente de control fiscal.

A finales de agosto, Márquez fue citada al debate de control político en el Senado de la República, con la intención de responder por la baja ejecución presupuestal y por una posible duplicidad de las funciones a lo interno de esta cartera, que fue creada hace un año.

El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, está al frente de la citación, enfocándose en los resultados emitidos por el Portal Transparencia Económica, en cuyo informe revela que Minigualdad ha tenido una ejecución de 1,24% hasta agosto de este año, lo que se considera como alarmante.

“En el Senado estamos muy interesados en escuchar para qué sirve ese embeleco burocrático”, aseguró el congresista de Cambio Radical.

Como se sabe, el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez cuenta con una aprobación de un billón ochocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos, siendo una de las 10 carteras con mayor inversión del Gobierno actual. Pero hoy es señalada por gastar poco más de 2.430 millones de pesos, aun cuando cuenta con ambiciosos proyectos, muchos de los cuales son neurálgicos dentro del Plan de Desarrollo, como lo es el tema de la igualdad.

Márquez también se presentó a finales de agosto ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde fue interpelada por el presupuesto del departamento que dirige. Durante el debate se generó una polémica por la respuesta de la ministra en torno a un cuestionario sobre el tema. Dijo que sí había contestado las preguntas solicitadas por los congresistas en el lapso establecido, pero que el correo había rebotado. “Ese ya no es problema mío ni del ministerio”.

En medio de los ataques, Márquez ha respondido que el suyo ha sido un ministerio creado desde cero y que ha avanzado de manera significativa para su desarrollo.

Además, dijo que “si hoy no estamos ejecutando, no es porque no podamos, es porque estamos creando una institución de cero… En 100 años aquí no se había creado un ministerio como el que estamos creando nosotros”.

Otro elemento de consideración es el hecho de que la Corte Constitucional anuló su creación. La decisión del Alto Tribunal se conoció en mayo, cuando argumentó que la medida se debió a inconsistencias en el proceso legislativo y a la falta de claridad en las facultades otorgadas al presidente Gustavo Petro, según alegaron los demandantes.

La Corte constató que en el trámite de aprobación de la Ley 2281 de 2023, el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.

Esta omisión violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la Ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la Ley 2281 de 2023.

Como es sabido, la Corte Constitucional actuó conforme a una demanda presentada por senadores del Centro Democrático, Paloma Valencia, Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal.

No obstante, el máximo tribunal decidió postergar los efectos de esta cartera hasta 2026, con la intención de dar plazo al Congreso para la expedición de una nueva ley.

Explosión burocrática

El Ministerio de Igualdad fue creado a finales de 2022, tras su aprobación en el Congreso de la República. Desde su constitución como el ministerio número 19 de este Gobierno, no ha dejado de generar controversias, sobre todo porque también se le consideró como uno de los más burocráticos de la historia reciente.

Su presupuesto podría ascender a casi medio billón de pesos y a la creación de 744 nuevos puestos de trabajo, los cuales estarán divididos en cinco viceministerios con 20 directores técnicos, 32 directores técnicos territoriales (uno por departamento) y 21 asesores. “Esta cartera presenta importantes innovaciones administrativas, técnicas y de enfoques. Abordará problemáticas como el racismo, la discriminación, las desigualdades causadas por el cambio climático, las brechas entre el campo y la ciudad y las violencias basadas en género”, explicó el Gobierno.

Los viceministerios que hacen parte de esta oficina son el de las Mujeres; la Juventud; para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la superación de la Pobreza; el de las Diversidades; y de Pueblos Étnicos y Campesinos. De igual forma, hay una dirección de Barrismo Social (en los barrios) y una oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos.

Según el Ejecutivo, para su creación, el Ministerio echará mano de recursos recaudados por la reforma tributaria aprobada el año pasado y contará con un fondo “que le permitirá agilidad en las inversiones y la ejecución”. Se prevé, además, que la nueva cartera emplee la infraestructura de otras entidades que serán suprimidas, como consejerías para la mujer, la juventud o de personas en condición de discapacidad.

Sobre ello, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien demandó a este ministerio ante la Corte Constitucional, dijo a EL NUEVO SIGLO: “Para pasar el Ministerio de la Igualdad en el Congreso tendrían que pasar el estudio de impacto fiscal, para lo cual tendrán que especificar el número de cargos, el número de direcciones y, precisamente, en este momento cuando tenemos un presupuesto desfinanciado en más de 26 billones de pesos, y cuando Petro quiere ponerle más impuestos a los colombianos, evidentemente de una máquina burocrática no va a pasar”.

Además, destacó: “Van a tener que hacer una entidad muy liviana y dejar los recursos para la inversión”.

Pero, además, ha habido fuertes denuncias sobre el uso que le ha dado Márquez a su ministerio. Las denuncias de la oposición política también se han centrado en el hecho de que la vicepresidenta ha utilizado dicha cartera como plataforma para una eventual candidatura en 2026.

Ante estos cuestionamientos, Márquez ha respondido que no está entre sus planes aspirar a la Presidencia de Colombia.

“A mí me eligieron por cuatro años como vicepresidenta acompañando al presidente Gustavo Petro y espero, si no me muero o si algo no me pasa, uno no sabe, espero terminar, junto al presidente, mis cuatro años de Gobierno con él”, indicó.