Fiscalía, problema nacional

Cuando se estrenan zapatos, dicen que para que éstos sean amansados y se vuelvan cómodos, se necesita bastante tiempo para ello. Parece que eso es aplicable a la Constitución de 1991 que todavía el país, veinte años después, no ha logrado acomodarse debidamente a ella.
Uno de los poderes públicos, el Judicial, sufrió una transformación bastante radical como fue separar las tareas de instrucción de los sumarios de las de juzgar a los acusados. Para cumplir con la primera de estas tareas se creó la Fiscalía cuyo oficio es investigar a los acusados y si encuentra mérito pasar los expedientes a los jueces para que ellos se encarguen de juzgar. O establecer la preclusión. Los jueces se dedican entonces a la suprema actividad, de acuerdo con el ordenamiento legal, de emitir sus fallos sin que estén, puede decirse, influidos por la etapa investigativa que antes adelantaban los jueces de instrucción.
La manera de escoger al rector de la Fiscalía, quien debe ser una persona de las más altas calidades y cualidades, se ha convertido, por lo menos en los dos últimos casos, en objeto de controversias malsanas para la Justicia. El penúltimo en propiedad nos sorprendió con el mago o vidente que llevó como asesor, el cual le causó serios trastornes a la marcha de esa entidad y al Fiscal que tuvo a bien llevarlo al darle extrañas facultades y privilegios.
La elección de la actual Fiscal estuvo precedida de contradicciones derivadas básicamente del desentendimiento entre el Ejecutivo anterior y la Rama Judicial, particularmente la Corte Suprema, que condujo a la perjudicial interinidad de la Fiscalía por más de un año. Finalmente, hechas las paces entre Ejecutivo y Judicial se procedió a la elección de la Fiscal, que ha sido tachada por el Consejo de Estado como nula por la presunta violación del reglamento que establecía el procedimiento para ello.
Se ha marcado así una divergencia notable en materia que no es de poca monta para la institucionalidad nacional, entre dos cuerpos de la Rama Judicial como son el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Sí parece que este último organismo fue un poco ligero al alterar el reglamento, so pretexto de la ausencia de cinco magistrados. Quizás hubiera sido preferible someter el caso a consideración hasta tanto el número de magistrados hubiera estado reconstituido; el país se hubiera ahorrado el malestar que ahora vive. ¿Cómo se podrá enmendar el entuerto? Para ello será necesario conocer el pronunciamiento completo del Consejo de Estado. ¿Deberá la Corte retomar la terna que le pasó el Presidente o tendrá éste que confeccionar una nueva? En este evento, ¿incluirá nuevamente a la fiscal Morales? En este caso ¿la Corte ratificará su decisión? En caso contrario surgirán nuevos cuestionamientos a su proceder, lo cual, desde luego, no es bueno para la Nación. Manes de la Constitución de 1991 que todavía no la calzamos bien.